El abogado de la jueza Ballesteros pidió remover a uno de los miembros de la comisión de Juicio Político

Antes de avanzar con el proceso iniciado la semana pasada para determinar si la jueza penal María Carolina Ballesteros es destituida o no por mal desempeño, en la Legislatura se deberá definir la suerte de uno de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, que es la encargada de sostener la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El abogado de la magistrada, Gustavo Morales, presentó un escrito para solicitar que el peronista José Orellana, uno de los 12 miembros de ese grupo de trabajo parlamentario, sea removido del cargo por inhabilidad moral, debido a que tiene una doble condena judicial en su contra por el delito de abuso sexual .

En su escrito, el letrado puso en conocimiento del cuerpo “la existencia de condena firme dictada en contra del legislador José Fernando Orellana”, por lo que solicitó al presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, que “proceda a arbitrar los medios para que se ejecute el fallo condenatorio, a través del mecanismo previsto en el artículo 58 de la Constitución de la Provincia de Tucumán”.

Dicho artículo establece que la Legislatura, con una mayoría calificada de dos tercios de los votos, podrá “corregir a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno”.

Morales sostuvo que “el cuestionado legislador en un acto de inconducta política y moral omite en poner en conocimiento tempestivamente a la Presidencia de la Legislatura de la siguiente información de calidad, desde el punto de vista procesal, tanto en oportunidad de asumir en la función de legislador como hasta la actualidad, en relación a la causa penal caratulada ‘Orellana José Fernando s/abuso sexual”.

En este sentido, Morales recordó que en agosto de este año la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó un recurso presentado por la defensa de Orellana y ratificó una sentencia dictada el 16 de diciembre de 2022 que lo condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por el delito de abuso sexual.

El abogado señaló que “en virtud de lo establecido por el artículo 258 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es procedente la ejecución de la sentencia condenatoria y, por ende, se debe dar estricto cumplimiento, especialmente al punto III del fallo de fecha 16 de diciembre de 2022, en cuanto ordena la imposición a José Fernando Orellana de la pena de inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos”.

Por último, el defensor de Ballesteros pidió darle “tratamiento preferencial” a su planteo “ante la configuración de un contexto de inusitada gravedad institucional e inminencia de la feria judicial”.

La próxima audiencia en el marco del proceso iniciado contra la jueza tras un planteo promovido por el abogado Mario Leiva Haro está prevista para el viernes 20 de diciembre, cuando Ballesteros podrá presentar su descargo frente a las acusaciones que pesan en su contra.

La Legislatura debería resolver antes de esa fecha si hace lugar o no al planteo presentado por Morales contra Orellana. Además del famaillense, integran la Comisión de Juicio Político el peronista Sergio Mansilla, que es quien la preside, y los legisladores Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Sara Assan, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra, Eduardo Verón Guerra y Claudio Viña.

Orellana no participó de la primera audiencia del juicio político contra Ballesteros, que tuvo lugar el pasado viernes 29 de noviembre, cuando se realizó la lectura de la acusación.

La causa contra Orellana

La causa contra Orellana se inició en 2016, cuando éste se desempeñaba como diputado de la Nación y fue denunciado por una empleada del Congreso, que lo acusó de haberla manoseado y abusado el 11 de noviembre de ese año en el interior de su despacho.

La víctima de abuso, una ex asesora de la entonces diputada socialista Gabriela Troiano, cuyo despacho estaba pegado al de Orellana, dijo que un día se acercó hasta su oficina para informarle que había gente que quería verlo en la puerta.  Según declaró, el entonces diputado tucumano abusó sexualmente de ella -con manoseos, acercamientos corporales, comentarios y besos que ella no consintió- mientras estaban solos. “Seguro que nadie te besó así, ¿no?”, contó ella que le dijo mientras le daba besos en la oreja izquierda, ante lo cual la víctima se soltó y luego de decirle “no, claramente no”, se retiró del lugar. La trabajadora tenía en ese entonces 22 años.

La investigación del delito se inició días después de esos hechos y, tras varias dilaciones en la instrucción, la Sala IV de la Cámara de apelaciones del fuero penal tuvo le dio impulso al juicio oral. Así, el 8 de diciembre de 2022 Orellana fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Capital Federa a cumplir una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de abuso sexual simple.

El exintendente de Famaillá apeló esa sentencia ante la Cámara de Casación, que rechazó su planteo y dejó firme el fallo condenatorio de primera instancia.

Vale aclarar que Orellana todavía puede apelar esa sentencia ante la Corte Suprema de la Nación a través de la presentación de un recurso extraordinario que primero deberá evaluar la propia Cámara de Casación.