Discapacidad: prestadores piden al Gobierno tucumano que reduzca Ingresos Brutos

En paralelo al pedido para que el Congreso insista con la declaración de emergencia en discapacidad, los prestadores de Tucumán piden al Gobierno provincial que disponga un alivio tributario para el sector.

El fin de semana, el presidente Javier Milei vetó la norma que declaraba a la discapacidad en estado de emergencia hasta diciembre de 2027 y estipulaba una serie de medidas para robustecer el sistema. Por un lado, establecía una compensación económica de emergencia que tuviera en cuenta la diferencia entre los aumentos de aranceles aprobados desde el 1° de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024 y el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, preveía la actualización mensual de los aranceles de todas las prestaciones por discapacidad tomando como base el índice de movilidad jubilatoria.

“Hoy está en riesgo que pueda hacer asistencia todos los días, en el caso de los centros educativos, centro de día o las escuelas especiales, y en algunos casos directamente está en riesgo de que puedan seguir asistiendo porque la permanencia o la existencia de estas instituciones que la reciben está en riesgo”, sintetizó Gustavo Anastacio, referente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad.

En diálogo con El Matutino, que se emite por El Ocho de lunes a viernes, el directivo reforzó el reclamo para que los diputados y senadores tucumanos insistan con la sanción de ley. Pero, además, recordó que está pendiente de resolución un planteo que formularon a la Legislatura y al Poder Ejecutivo local. “Queremos decirle al Gobierno provincial que somos tucumanos y que también tienen cosas para hacer. Venimos manteniendo reuniones, pero todavía sin respuesta. Bueno, ojalá que esas reuniones que venimos haciendo tengan su fruto y podamos tener una respuesta de alivio para que esto pueda seguir funcionando”, solicitó.

Según Anastacio, piden una reducción en el impuesto a los Ingresos Brutos. “Las instituciones que atendemos a las personas con discapacidad estamos gravadas con la alícuota del 4,75%, que es una alícuota importante. Hemos pedido que como medida transitoria y ante la dificultad que estamos viviendo, haya una reducción de esa alícuota. Si bien no es una solución, por lo menos nos daría un poquito de oxígeno para seguir funcionando”, reseñó.

Hace un par de semanas, el vicegobernador Miguel Acevedo recibió a los representantes de la cámara del sector, quienes expusieron la delicada situación que atraviesa el sector en la provincia y a nivel nacional. Durante la reunión, se evaluaron posibles mecanismos de acompañamiento para garantizar la continuidad de la atención a personas con discapacidad.

La cámara del rubro nuclea a 42 instituciones en la provincia, que en conjunto brindan atención a aproximadamente 7.800 personas con discapacidad y generan más de 2.500 puestos de trabajo directos, además de un importante número de empleos indirectos vinculados al sector.

“Es un tema muy sensible para todos. La atención a personas con discapacidad abarca establecimientos educativos, servicios asistenciales y de toda índole, que brindan atención a estas personas", expresó Acevedo, quien además afirmó haber dialogado sobre el tema con el gobernador Osvaldo Jaldo.

El vicegobernador advirtió que uno de los principales problemas señalados por las instituciones es el desfasaje entre los ingresos y los costos operativos: “Desde Nación se actualizó muy poco el coeficiente, el índice, y sin embargo las prestaciones y los servicios que ellos brindan, y los que deben pagar, se incrementaron de manera desproporcionada. Queremos ver con el Gobernador si podemos, de alguna manera, ayudarlos y mitigar el momento difícil que están atravesando estas instituciones”.

Esta mañana, el gobernador Jaldo se refirió a los planteos. "Nosotros venimos teniendo un diálogo permanente con el sector de la discapacidad. Es más, han venido teniendo reuniones con el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, han venido teniendo reuniones con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y siempre han sido atendidos”, afirmó el mandatario.