Cisneros adelantó que la Caja Popular está a un paso de convertirse en un banco

La salida del interventor José Díaz y del subinterventor Darío Amatti de la Caja Popular de Ahorros, dispuesta en enero por el gobernador Osvaldo Jaldo, sigue generando repercusiones políticas y sindicales. En ese contexto, el diputado nacional y referente de La Bancaria, Carlos Cisneros, salió a defender la gestión desplazada, cuestionó con dureza al Tribunal de Cuentas y sostuvo que la entidad financiera provincial se encuentra muy cerca de obtener la autorización del Banco Central para iniciar su transformación institucional.

“El Banco Central está a días, semanas de firmar una autorización para que el Banco Caja Popular pueda funcionar con absoluta normalidad”, afirmó Cisneros durante una entrevista exclusiva con Tendencia de Noticias. También remarcó que ese proceso permitiría una “transformación histórica” de la institución. Según explicó, el objetivo es que la Caja pase a ser “una institución moderna que pueda tener billetera, que pueda hacer lo que hace un banco con toda su clientela”.

El legislador vinculó ese avance a un proceso técnico que, aseguró, se viene trabajando desde hace años con asesoramiento especializado. “El plan de trabajo lo hace una consultora de Buenos Aires, el estudio Saravia Frías, que ha sido procurador general de la Nación”, detalló. Y agregó que el Banco Central ya evaluó el proceso: “Viene gente de Buenos Aires, se reúne con el gobernador, con el ministro de Economía, con la fiscal de Estado, con el interventor de la Caja, y quedan conformes con el plan de trabajo”.

Cisneros insistió en que el proyecto de reconversión fue impulsado por la propia conducción política de la provincia. “Esto sí, por instrucciones del propio gobernador Osvaldo Jaldo”, señaló, aunque aclaró que la eventual autorización debía ser anunciada oficialmente por el mandatario. “No lo podía decir yo porque eso lo tiene que anunciar el gobernador”, explicó.

La salida de Díaz y la represión a bancarios

Consultado sobre la decisión política de remover a Díaz y a Amatti, Cisneros evitó cuestionar la potestad del Ejecutivo provincial, pero dejó entrever su malestar por el contexto en el que se produjo el desplazamiento.

“Él decide, él pone y saca los funcionarios”, dijo en referencia a Jaldo. “Él decidió que el doctor Díaz siga en la Caja hasta que le mandó a pedir la renuncia con el ministro (Daniel) Abad. Eso está dentro de sus funciones”, añadió.

Sin embargo, el dirigente sindical admitió que la situación lo afectó en el plano personal y gremial. “Si vos me preguntás si estoy molesto con Jaldo… sí, me duele y me molesta”, sostuvo.

En ese punto, vinculó su malestar con un episodio ocurrido durante una protesta de trabajadores bancarios en Concepción, en diciembre. “Yo puedo ser diputado nacional hasta dentro de una hora, pero lo que no voy a dejar nunca de ser es dirigente sindical”, afirmó. Y agregó: “Me ha dolido mucho la indiferencia que han tenido autoridades del gobierno cuando trabajadores bancarios que fueron a reclamar por los puestos de trabajo hayan sido reprimidos brutalmente por el Grupo Cero”.

El diputado relató que durante ese operativo hubo agresiones contra dirigentes gremiales. “Había delegados e inclusive fue patoteada por el Grupo Cero la secretaria general del gremio (Cecilia Sánchez Blas)”, aseguró. “Eso sí me duele”, insistió.

Críticas al Tribunal de Cuentas

Gran parte de las declaraciones de Cisneros estuvieron dirigidas a cuestionar las observaciones y actuaciones del Tribunal de Cuentas, organismo que preside Miguel Terraf y que abrió distintos planteos sobre la gestión de la Caja.

“Nosotros sabemos que el Tribunal de Cuentas es mamarracho”, lanzó el diputado. Según su interpretación, el organismo mantiene desde hace años un conflicto con el ex interventor Díaz. “Siempre lo persiguió a Díaz”, sostuvo.

Cisneros aseguró que detrás de esa situación hay una disputa personal originada en una investigación administrativa realizada en la Caja. “En una investigación sumaria que hizo Díaz sancionó a un familiar directo de Terraf”, afirmó. Y concluyó: “De ahí quedó una pica con Díaz”.

El legislador fue más allá y cuestionó el funcionamiento institucional del organismo de control. “El Tribunal de Cuentas no investiga, no audita; el personal del Tribunal de Cuentas presiona, persigue y extorsiona”, acusó.

Entre los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas aparecen designaciones realizadas en la Caja Popular. Sobre ese punto, Cisneros defendió las decisiones tomadas por la conducción desplazada.

“Las designaciones que anulan son designaciones necesarias”, afirmó. Y explicó que algunas de ellas estaban vinculadas al funcionamiento del Casino, que depende administrativamente de la Caja.

“Se está jubilando mucha gente y el Casino depende de la Caja Popular”, detalló. También mencionó la incorporación prevista de un ingeniero para tareas de infraestructura. “La Caja tiene un montón de sucursales, tiene un montón de estructura y faltaba”, señaló.

Según el diputado, esos cargos contaban con respaldo presupuestario. “Existían las vacantes presupuestarias, no era un invento de Díaz”, enfatizó.

El Fondo Provincial del Deporte

Otro de los puntos en debate es la transferencia de recursos vinculados al Fondo Provincial del Deporte, que también fue motivo de observaciones del Tribunal de Cuentas.

Cisneros cuestionó la interpretación del organismo y defendió el accionar de la Caja. “La ley de juegos es sancionada en el 2003”, recordó. Y aclaró: “Quien tiene que aplicar la ley de juegos es la Secretaría de Deportes, no la Caja”.

En esa línea, sostuvo que la interpretación del Tribunal es errónea. “La ley no la han leído bien los burros que están en el Tribunal de Cuentas”, afirmó. El diputado incluso recordó que la normativa lleva más de dos décadas de vigencia y que varios funcionarios estuvieron al frente de la institución durante ese tiempo. “Desde 2004 en adelante hubo varios interventores, incluido el actual gobernador”, señaló.

"Aclarado esto, además Terraf es bastante inútil y bastante alcahuete, los dos vocales que tiene que firman sin mirar mientras le paguen un viaje a (Sergio) Díaz Ricci para que haga un curso o al otro señor que no sé qué hace (Marcelo Vidal), pero firman cualquier cosa", cargó.

También involucró al presidente del club Atlético Tucumán y legislador oficialista, Mario Leito. "Es una alcahueteada de él. Mario descubre, le cuenta a al secretario de deportes, y le dice: 'Che, por acá podemos pellizcar unos mangos más para los clubes'. Le llevan al ministro del Interior, se entera la la gente del Tribunal de Cuentas, pero no es una investigación de del Tribunal de Cuentas", relató.

En esa línea, consideró que el TC debería existir como una suerte de Auditoría, y que los cargos no deberían ser vitalicios.

Volviendo al eje de los fondos para el deporte, recordó que la ley viene desde 2003, por lo que desde 2004 en adelante la Caja debería haber hecho previsiones de acuerdo a la interpretación "errónea" que hace el Tribunal. Y chicaneó: "en 2004 hasta 2007 el interventor fue Jaldo, en 2008 fue Jorge Gassenbauer y después Mario Koltan; siguió Francisco Sassi Colombres y luego Eduardo El Eter. Llegó Armando Cortalezzi, Eduardo Jairala y Federico Nazur. Al final llega José Díaz. "O sea que todas esas personas, funcionarios públicos, incluido el actual gobernador, han incurrido en falta. No han leído bien la ley los burros que están en el Tribunal de Cuentas. Quien tiene que aplicarla a la ley, procurar y abrir una cuenta en la Caja Popular es la Secretaría de Deporte, no la Caja".

"Es más, si hay fondos que está mandando a la Secretaría de Deporte en estos momentos, los están mandando mal porque han abierto una cuenta donde tiran cosas para la Secretaría de Deporte en el Banco Macro. Según la ley, la cuenta debería estar en la Caja", alertó.

Las multas del Banco Central

En relación con las observaciones del Banco Central por operaciones financieras realizadas por la Caja, Cisneros sostuvo que se trata de una discusión histórica entre ambas instituciones.

“Es una pelea que viene Banco Central–Caja Popular desde hace 50 años”, aseguró.

Reconoció que en un momento se aplicó una sanción económica, pero la vinculó a un proceso de regularización institucional. “Se paga una multa, es verdad, porque se seguía actuando de esa manera”, admitió.

A su vez, relató que desde hace varios años se viene trabajando en la adecuación normativa. “En 2006 hay una intimación fuerte del Banco Central a la Caja para que regularice esa situación, pero que no hay ninguna irregularidad ni ninguna anomalía”, recordó.

Repasó también la secuencia. "Cuando se paga la multa, yo estaba en la Bancaria en Buenos Aires y va en ese momento el que es presidente de la Corte hoy, Daniel Leiva, que era fiscal de Estado, por orden de Juan Manzur. Era para que busquemos una persona del Banco Central. Entonces lo que hago yo, porque la Bancaria queda a 50 metros del Banco Central, es presentarle una persona del Banco Central que había trabajado para que los asesore y los ayude a ir regularizando. En 2022 el Banco Central dice, 'Bueno, listo, basta de prórroga, traten de regularizar'. Así viene gente de Buenos Aires, se reúne con el gobernador, en el despacho del gobernador se reúnen con la ministra de Economía, se reúnen con la fiscal de Estado, se reúnen con el interventor de la Caja, y quedan conforme con el plan de trabajo que hace esta consultora de Buenos Aires, que es el estudio Saravia Frías", completó.

Más allá de las controversias políticas, Cisneros defendió el estado actual de la institución y la gestión que encabezaba Díaz.

“La Caja está en su mejor momento”, afirmó. Y rechazó las versiones que señalaban un manejo político partidario del organismo. “La Caja no es una unidad básica”, subrayó.

En ese sentido, aseguró que durante la gestión desplazada se buscó profesionalizar el funcionamiento de la entidad. “Si hay algo que hemos hecho nosotros es profesionalizar la Caja”, dijo.

Para el diputado, la eventual autorización del Banco Central marcaría un punto de inflexión. “La Caja pasa a ser una institución moderna”, insistió. Y concluyó con una advertencia sobre las disputas internas que rodean al organismo: “Esto es un bolazo para manchar gente. Creen que con esto dañan al doctor Díaz, que dañan la gestión, que me lastiman a mí por el vínculo que tiene Díaz conmigo”.