Un juez federal intimó al Gobierno a regularizar en 72 horas los pagos a prestadores de discapacidad

El titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, brindó precisiones sobre la medida cautelar de alcance nacional que dictó contra el Ministerio de Salud de la Nación y mediante la cual intimó al Gobierno a regularizar en un plazo de 72 horas las deudas con prestadores de discapacidad del programa Plan Incluir Salud.

En declaraciones a Splendid AM 990 a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado señaló que la propia cartera sanitaria reconoció atrasos en los pagos desde finales de 2025.

“El Ministerio había contestado que estaban atrasados con los pagos por una cuestión organizativa, y que desde diciembre no se abonaban estas prestaciones”, afirmó Vaca Narvaja.

El juez agregó que, de no existir problemas presupuestarios o administrativos de fondo, el Estado debería poder regularizar rápidamente la situación.

“Si no hay problemas de dinero, ni problemas administrativos ninguno, simplemente se trata de un atraso, bueno, esperamos que puedan cumplir con esta ley”, sostuvo.

La resolución judicial se dictó luego de que distintos centros de salud y prestadores advirtieran sobre una situación financiera crítica derivada de la acumulación de deudas millonarias y la falta de actualización de pagos.

Según explicó el magistrado, el objetivo de la cautelar es evitar la interrupción de tratamientos y prestaciones para personas con discapacidad.

“Lo que alude ahí de los informes es que es una situación desesperante y que en cualquier momento se van a interrumpir las prestaciones clínicas de los discapacitados”, expresó.

“Para evitar esto es que nosotros hemos puesto el conocimiento del Gobierno en esto y hemos dictado la medida para que en tres días se pongan al día”, añadió.

Vaca Narvaja también advirtió sobre las posibles consecuencias legales que podrían derivarse en caso de incumplimiento de la orden judicial y eventual suspensión de prestaciones esenciales.

En ese sentido, sostuvo que una interrupción de los tratamientos podría derivar en responsabilidades de mayor gravedad para los funcionarios involucrados.

“Pongámonos la hipótesis de que no comienzan a brindar las prestaciones. Bueno, eso es una objeción tan dura, ¿no es cierto? Abandonan personas y ya se complica la cuestión”, afirmó el magistrado.

Y concluyó: “Quisiera no pensar en estas hipótesis que ya son, la verdad, bastante complejas y muy complicadas”.