Desde el Municipio tildan de “cachivache” la denuncia de Ana González y advierten “una maniobra política”

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Luciano Chincarini, salió con dureza al cruce de la denuncia penal presentada por la concejal opositora Ana González contra él y otros cuatro funcionarios del gabinete de la intendenta Rossana Chahla por presuntas irregularidades en contrataciones directas por un monto de $2.700 millones.

La presentación, radicada ante el Ministerio Público Fiscal, también involucra al secretario general Rodrigo Gomez Tortosa, a la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, al contador general, Marcelo Albaca y al secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano.

Patrocinada por los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, la edil alfarista sostiene que en el municipio se habría montado “un patrón administrativo uniforme” orientado a “prescindir de los procedimientos ordinarios de licitación pública” y a “eludir los mecanismos de concurrencia, transparencia y control” previstos en el régimen general de contrataciones públicas.

En declaraciones a Radio Ciudad, Chincarini rechazó de plano las acusaciones y afirmó que el caso reviste una “gravedad institucional” por el uso político de la Justicia. “Este es un tema muy sensible y es muy grave; yo le voy a poner otro calificativo: institucionalmente grave”, sostuvo el funcionario, antes de asegurar que la presentación judicial “es una denuncia de corte político”.

“Nos tomamos el trabajo de leer las 90 páginas de la denuncia. En ningún momento nos apartamos de lo que plantea la ordenanza de contabilidad y de la ley que exige para que podamos realizar contrataciones de bienes y servicios. Eso nunca ocurrió”, enfatizó.

“Está todo impecable”

El titular de Servicios Públicos remarcó que los 12 expedientes citados por la concejal “han pasado por todos los órganos de control” y subrayó que su área cuenta con certificación internacional de calidad. “La Secretaría de Servicios Públicos tiene una certificación de calidad en la gestión de índole internacional, las normas ISO 9001, que obtuvimos en marzo luego de un año de control de todos los expedientes. Y todos estos expedientes también pasaron por ese análisis. Está todo impecable”, aseguró.

Chincarini también destacó que el contador general Marcelo Albaca, uno de los denunciados, fue designado por el propio Concejo Deliberante. “La persona con quien se ensaña, que es el contador General del Municipio, ha sido designada por el Concejo Deliberante. Eso no es un hecho menor”, remarcó.

El funcionario cuestionó que González (foto inferior) no haya recurrido primero a las herramientas institucionales que le otorga su rol como concejal. “En vez de recurrir a los mecanismos que le plantea la política, como llamar al contador general y requerir información, prefirió ir a presentar una denuncia sin ningún sustento legal, para darle comidilla a todo el mundillo de la prensa y de la política e intentar generar un desprestigio sobre esta gestión”, disparó.

Al referirse al contenido de la acusación, utilizó una de las frases más contundentes de la entrevista. “Es un cachivache la denuncia”, resumió Chincarini.

En relación con el servicio de corte de pasto, negó cualquier maniobra irregular y defendió el esquema de trabajo con cooperativas. “Dice que cartelizamos el servicio de corte de pasto. Son 18 cooperativas, no cinco. No sé cómo hago yo para cartelizar con 18 empresas hiperdispersas”, ironizó.

Además, precisó que los expedientes observados corresponden al período anterior al llamado a licitación y remarcó que actualmente el servicio ya se encuentra adjudicado mediante concurso público. “Hoy ya están adjudicados a través de una licitación pública”, indicó.

"Son las viudas de Alfaro"

Chincarini enmarcó la denuncia en la disputa política con el espacio liderado por el exintendente Germán Alfaro, a quien responsabilizó por el deterioro de la ciudad.

“Ana González fue parte durante 15 años de una gestión que nos entregó una ciudad hecha bolsas, al borde del colapso”, afirmó. “Hoy vienen a intentar poner en tela de juicio las acciones de funcionarios que nos ajustamos a la ley a rajatabla”, agregó.

El secretario también vinculó la ofensiva judicial con la pérdida de poder político del alfarismo. “Son las viudas de Germán Alfaro. Quedaron enojados porque quedó en evidencia su pésima gestión y porque nosotros, con muchísimo menos dinero, estamos haciendo una gestión mucho más acorde a la importancia de la ciudad histórica”, sostuvo.

Durante la entrevista, Chincarini describió el contexto económico en el que, según dijo, trabaja el municipio. “Tenemos una caída del 30% en la recaudación y en la coparticipación. Aun así, nuestra gestión se pone una vara cada día más alta porque queremos que los vecinos estén mejor”, señaló. “Estamos haciendo malabares para gestionar con dos pesos con cincuenta y revertir una situación muy compleja”, añadió.

También destacó que la actual administración no recurrió al endeudamiento para sostener su plan de gobierno. “Para gestionar no sacamos créditos ni le pedimos dinero a nadie. Queremos devolver una institución prestigiosa, con vehículos, maquinaria y fortaleza financiera”, expresó.

La acusación por la camioneta desaparecida

Otro de los ejes de la entrevista fue la denuncia que el municipio realizó contra González por la desaparición de una camioneta oficial que, según Chincarini, estaba bajo su responsabilidad durante la gestión anterior. “Ana González no pasaría ninguna ficha limpia porque fue exonerada de su cargo y denunciada penalmente porque desapareció una camioneta que tenía a su cargo”, afirmó.

“Le dimos la opción de que dijera dónde estaba o la devolviera para evitar un daño al municipio. La camioneta no apareció nunca”, agregó.

Según el funcionario, ese antecedente explicaría el “resentimiento” de la concejal hacia Albaca, quien tiene a su cargo el control patrimonial del municipio.

En uno de los pasajes más duros de la entrevista, Chincarini sostuvo que la concejal pretende erosionar políticamente a la gestión municipal. “Está intentando generar un golpe blando contra un gobierno democrático elegido por la mayoría del pueblo de San Miguel de Tucumán”, aseguró.

No obstante, aclaró que el Ejecutivo no promoverá una contradenuncia penal y responderá dentro del ámbito institucional. “Nos vamos a remitir al órgano que corresponde, que es el Concejo Deliberante. Nosotros no planteamos la judicialización de la política”, concluyó.