El Tribunal de Cuentas anuló dos designaciones firmadas por el exinterventor Díaz en la Caja Popular

El conflicto interno en la Caja Popular de Ahorros sumó un nuevo capítulo. El Tribunal de Cuentas de la Provincia observó con carácter de formal oposición, lo que en la práctica implica su nulidad absoluta e insanable, dos designaciones firmadas el 21 de enero por el entonces interventor José Díaz, apenas 48 horas antes de ser desplazado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien nombró en ese cargo a Guillermo Norry.

Las resoluciones objetadas (N° 59/26 y 55/26) habían dispuesto la incorporación en planta transitoria de dos personas vinculadas al entorno del exfuncionario, quien responde políticamente al diputado nacional y referente de La Bancaria en Tucumán, Carlos Cisneros.

Mediante los acuerdos 408 y 409, firmados por el presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Chaiben Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, el organismo concluyó que las designaciones de Juan Luis Peluffo y Fernando David Cuellar fueron dictadas en violación del DNU 11/25, ratificado por le, que había establecido la suspensión de nuevas incorporaciones en la administración pública provincial.

Sin excepción vigente

El punto central del planteo técnico, con fuerte impacto político, es que las designaciones fueron firmadas el 21 de enero, cuando aún no existía la resolución ministerial que habilitó, recién el 13 de febrero, un régimen excepcional para que la Caja pudiera incorporar personal técnico bajo determinadas condiciones.

El Tribunal remarca que, al momento de los nombramientos, la Caja no estaba excluida del régimen de emergencia y debía tramitar previamente la autorización correspondiente ante el Poder Ejecutivo. De hecho, las actuales autoridades del organismo reconocieron esa necesidad en una nota posterior elevada al Ministerio de Economía solicitando precisamente esa habilitación excepcional.

Para el órgano de control, ese pedido constituye una prueba de que la intervención sabía que no estaba al margen de las restricciones.

El Tribunal cuestionó expresamente la doble intervención de Díaz en el expediente, ya que primero firmó las resoluciones como interventor y luego suscribió los dictámenes jurídicos que avalaban su propia legalidad, ya en carácter de asesor letrado.

El organismo advirtió que esa actuación vulnera el principio de imparcialidad administrativa y configura un claro conflicto de roles, al concentrar en la misma persona la función decisoria y el control de legalidad.

En términos jurídicos, el Tribunal invocó el principio básico de que “nadie puede juzgar en causa propia”, y dejó abierta la posibilidad de que se evalúe un eventual incumplimiento de deberes funcionales.

Trasfondo político

Más allá del encuadre técnico, la decisión se inscribe en un escenario político más amplio. Díaz era hombre de confianza de Cisneros en la conducción de la Caja, y su salida respondió a una redefinición del esquema de poder impulsada por Jaldo dentro de un organismo históricamente sensible por su peso financiero y político.

La observación del Tribunal, cuyas autoridades mantienen una relación tirante con el sector que conduce La Bancaria, deja a la gestión anterior bajo un manto de cuestionamiento administrativo.

El organismo advirtió que las designaciones objetadas, ambas por el término de 6 meses con una retribución mensual equivalente a la que percibe un Pagador - Categoría 13 - del escalafón provincial, “quedan anuladas por nulidad absoluta e insanable”, al haberse dictado, “en infracción al procedimiento sustancial previsto por la normativa de emergencia”.