FONDOS DEL JUEGO
El Tribunal de Cuentas abre una investigación por más de 20 años de incumplimientos en la Caja Popular
Mediante el Acuerdo N° 402, el Tribunal de Cuentas abrió una investigación formal para deslindar responsabilidades por la falta de transferencia del 1% de los ingresos del juego al Fondo Provincial del Deporte. El organismo advirtió que la obligación es “automática, imperativa y exigible”.
El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) dispuso la apertura de una Comprobación Sumaria en la Caja Popular de Ahorros y en la Secretaría de Estado de Deportes para determinar si existió perjuicio fiscal por la falta de transferencia del 1% mensual del producido de los juegos de azar al Fondo Provincial del Deporte, una obligación legal vigente desde 2003.
La medida quedó formalizada en el Acuerdo N° 402, firmado el 27 de febrero, y representa un nuevo capítulo en la larga tensión entre el organismo de control y la anterior conducción de la entidad crediticia, que hasta el 23 de enero estuvo encabezada por el exinterventor José Díaz, dirigente cercano al diputado nacional y referente de La Bancaria, Carlos Cisneros.
El informe técnico que sustenta la decisión del Tribunal es contundente y advierte que desde la entrada en vigencia operativa de la Ley 6.982, la Caja no transfirió fondos al deporte provincial, pese a que la normativa establece que el 1% de los ingresos del sector Juegos de Azar debe depositarse en una cuenta específica denominada “Fondo Provincial del Deporte”.
Según surge de las actuaciones, a las que Tendencia de Noticias tuvo acceso, la propia Caja reconoció contablemente una previsión de deuda por $78.409.447 al 30 de junio de 2024, correspondiente al período acumulado desde 2003. Sin embargo, nunca se registraron transferencias efectivas ni movimientos en la cuenta destinada a ese fin.
El Tribunal fue categórico y señaló que la obligación de aportar esos recursos es “automática, imperativa y exigible”, al tiempo que resaltó que la entidad no puede retener ni diferir esos fondos sin incurrir en violación al principio de legalidad y al régimen de administración financiera del Estado.
El acuerdo, que lleva la firma del presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, también expone una falta de coordinación entre la Caja y la Secretaría de Deportes. Mientras la entidad argumentó que no realizó transferencias por no haberse operativizado adecuadamente la cuenta especial o por falta de definición de la base de cálculo, el organismo de control consideró insuficiente esa postura frente al mandato legal expreso.
En paralelo, la Secretaría de Deportes admitió que nunca recibió fondos por ese concepto y que no existen registros de ingresos vinculados al 1% de los juegos.
El Tribunal advirtió que podría existir un perjuicio fiscal y ordenó una investigación formal para deslindar responsabilidades funcionales, tanto en la Caja como en el área deportiva.
Un antecedente que agrava el escenario
No es la primera vez que la Caja queda bajo la lupa por el destino de los recursos del juego. En junio de 2024, mediante el Acuerdo N° 2492, el Tribunal ya había constatado incumplimientos en la transferencia de fondos al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), instruyendo un juicio de responsabilidad que dio lugar a una investigación judicial.
El año pasado, el organismo de control remitió a la Justicia Provincial documentación probatoria para avanzar en una investigación penal por presuntas irregularidades en el envío de fondos del sector juegos al SIPROSA, con una deuda superior a los $ 3.381 millones.
Ese antecedente refuerza ahora la posición del organismo de control, que viene sosteniendo una línea firme respecto de la afectación específica de recursos provenientes de los juegos de azar durante la administración del cisnerismo en la entidad crediticia del Estado provincial.
El acuerdo del TC adquiere especial relevancia en el contexto político, dado que la gestión bajo análisis corresponde en buena parte al período en que la Caja estuvo conducida por José Díaz, quien respondía políticamente a Cisneros. El 23 de enero pasado, el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó a Díaz y designó en su lugar a Guillermo Norry, en una decisión interpretada como un reordenamiento interno dentro del oficialismo.
La apertura de una Comprobación Sumaria, con posibilidad de determinar perjuicio fiscal y responsabilidades administrativas, agrega presión sobre la etapa anterior y podría tener derivaciones políticas si se confirma la existencia de daño patrimonial al Estado.
