Se acumulan las denuncias para frenar al IPLA, mientras el PE extiende la intervención y considera "satisfactoria" su tarea

El conflicto entre los sectores privados vinculados al expendio de bebidas alcohólicas y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) se agudiza conforme avanzan los días. En medio de inspecciones, clausuras y sanciones, un grupo de comerciantes autoconvocados y unidos de Tucumán presentó ante la Justicia un recurso de amparo colectivo para frenar lo que consideran “el accionar arbitrario e inconstitucional” del organismo conducido por Dante Loza, cuya intervención fue prorrogada recientemente por decreto del Poder Ejecutivo provincial.

Los empresarios informaron que “hemos iniciado en forma conjunta un recurso de amparo, a los fines de que la justicia provincial, y eventualmente la Corte Suprema de la Nación, proteja nuestros legítimos derechos”, al cuestionar tanto la Ley N° 7.243 como la intervención vigente del IPLA, que, según sostienen, “resultan violatorios de derechos y garantías básicos amparados por nuestra Constitución”.

Entre los puntos destacados del planteo, los comerciantes señalaron que se vulneran el principio de igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, el derecho a trabajar y ejercer industria lícita, la garantía de defensa en juicio y diversos principios tributarios constitucionales como los de razonabilidad, legalidad, capacidad contributiva, generalidad, no confiscatoriedad e igualdad en las cargas.

El Poder Ejecutivo extendió la intervención del IPLA al mando de Dante Loza.

En un comunicado, los comerciantes subrayaron además que el artículo 12 de la Ley N° 7.243 establece expresamente que “el Poder Ejecutivo no podrá intervenir al IPLA (...) la intervención no podrá exceder en ningún caso los 60 días corridos, bajo apercibimiento de que la medida dispuesta sea nula de nulidad absoluta y carente de validez legal”. Vale recordar que el organismo lleva 23 años ininterrumpidos de intervención. En ese sentido, advirtieron que “toda la actuación por parte de los agentes del Instituto es nula de nulidad absoluta, sin que sea necesaria una declaración en tal sentido, pues se desprende de la propia ley”.

Por ello, reclamaron que “se abstengan inmediatamente de intimar, perseguir a los comerciantes que injustamente se ven sometidos al pago de este tributo ilegal e inconstitucional”.

Contexto judicial y antecedentes

La presentación se suma a una serie de acciones judiciales que vienen siendo impulsadas por empresarios de salones de fiesta, bares, restaurantes, hoteles y supermercados, quienes cuestionan la constitucionalidad del decreto que mantiene la intervención del IPLA, así como la validez de las resoluciones y sanciones dictadas durante ese período.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió una disputa entre las Salas II y III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, declarando competente a este fuero para tratar la demanda de los comerciantes. Los demandantes buscan la declaración de inconstitucionalidad del decreto de intervención, la devolución de pagos considerados ilegítimos y el levantamiento de clausuras y sanciones.

La abogada Constanza Bauque (foto inferior), representante de los empresarios, explicó que el fallo del alto tribunal “beneficia a todos los comerciantes que iniciaron acciones en este ámbito”, y denunció que “los productores de alcohol están exentos de este tributo, mientras lo paga el pequeño comerciante, lo que los está destruyendo”.

Frente a las acciones judiciales y críticas en redes sociales, el IPLA emitió un comunicado en el que calificó las denuncias como “falsas” y los amparos como “improcedentes”, afirmando que “no afectan la vigencia de las normativas provinciales”.

El organismo aclaró que “la interposición de sucesivas acciones de amparo –en trámite judicial– no suspenden en absoluto la vigencia y autenticidad de la normativa vigente, ni eximen a la sociedad del cumplimiento de las obligaciones legales”. Además, sostuvo que “el IPLA continúa y continuará ejerciendo plenamente sus funciones de prevención, fiscalización, control y recaudación”.

Respecto a las inspecciones, el comunicado remarcó que “los agentes policiales intervinientes en la fiscalización o funciones que cumple el IPLA lo hacen con plenas facultades y conforme lo establece el art. 34 de la Ley 7.243, no existiendo ilegalidad, intimidación o amenaza alguna pasible de denuncia por tales labores”.

Finalmente, desde la intervención afirmaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y la protección de la salud pública, e instamos a todos los contribuyentes a actuar con responsabilidad y respeto por el orden jurídico vigente”.

Nuevo decreto

En medio de este clima de tensión, el Gobierno provincial decidió extender la intervención del IPLA por otros 60 días, a través del Decreto N° 3057/7, publicado en el Boletín Oficial el pasado 3 de noviembre. Entre sus fundamentos, el instrumento legal indica que “la tarea desarrollada por la intervención ha sido satisfactoria, permitiendo que el organismo tenga una más extensa, activa y eficiente presencia en la tarea de control de la venta y suministro de bebidas alcohólicas”, y subraya que el Gobierno “es absolutamente respetuoso de las instituciones” y que “se encuentra estudiando la normalización del citado ente”.

Mientras el proceso judicial avanza, la confrontación entre el sector privado y el IPLA se profundiza, en un contexto marcado por denuncias de asfixia económica, reclamos de inconstitucionalidad y la ratificación oficial del rol fiscalizador del organismo.