
En un contexto aún atravesado por las consecuencias de las inundaciones que golpearon al sur tucumano, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la firma de un acuerdo que busca llevar alivio directo a miles de familias afectadas. Se trata del Plan Bonificar, una medida que permitirá cubrir el costo total de la energía eléctrica durante tres bimestres -equivalentes a seis meses- para cerca de 10.000 usuarios.
El anuncio se formalizó en un encuentro con autoridades provinciales, la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, y delegados comunales de las zonas más comprometidas, entre ellas La Madrid, Villa Belgrano, Santa Ana, entre otras. La iniciativa, según precisó el mandatario, implicará una inversión de 3.300 millones de pesos.
“Nos hacemos cargo de pagar íntegramente la boleta de la luz. Es un aporte razonable y justificable porque la gente se inundó”, afirmó Jaldo, quien remarcó que el beneficio alcanzará principalmente a hogares, aunque también incluirá a comercios y pequeñas unidades productivas afectadas por el avance del agua.
El gobernador explicó que la medida se apoya en un relevamiento técnico previo que permitió identificar a los damnificados reales, en un escenario que definió como excepcional. “El volumen de agua caída y el comportamiento de los ríos y diques superaron indicadores históricos. Venimos de meses de lluvias que saturaron los suelos, es un fenómeno difícil de evitar”, sostuvo.
En la misma línea, el ministro del Interior, Darío Monteros, detalló que el beneficio comenzará a aplicarse desde el mes en curso y subrayó el trabajo territorial realizado para asistir a las familias, muchas de las cuales registraron pérdidas materiales significativas. También señaló que en algunas localidades, como Las Salinas, aún quedan personas evacuadas, aunque se espera su pronto regreso.
Desde el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), su titular, Ricardo Ascárate, precisó el alcance técnico de la medida: el organismo cubrirá las tarifas correspondientes a tres bimestres completos para usuarios residenciales y también para comercios y pequeñas industrias encuadradas en categorías T2 y T4.
“Son casi 10.000 familias a las que les vamos a cancelar la deuda para que tengan la oportunidad de recuperarse”, señaló el funcionario, quien además repasó el operativo desplegado antes, durante y después de las inundaciones, que incluyó cortes preventivos del servicio, evacuaciones y la provisión de kits eléctricos para reparar viviendas.
El defensor del Pueblo, Agustín Fernández, destacó que el convenio permitirá agilizar la atención de reclamos y acercar soluciones concretas a los vecinos del interior. “Es un pequeño alivio dentro de la situación que han vivido”, expresó.
Por su parte, la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, valoró el impacto directo de la medida en su comunidad. “Es una solución que llega directamente a la gente por una decisión política del Gobernador”, afirmó, al tiempo que informó que en su municipio ya no quedan evacuados, aunque aún resta normalizar la situación en una escuela afectada.
En tanto, desde las comunas rurales también pusieron en relieve la magnitud del daño. El comisionado de Santa Ana, Hernán Romano, señaló que solo en su jurisdicción se asiste a unas 5.000 familias, y destacó tanto el acompañamiento estatal como la solidaridad de la comunidad.
Con este anuncio, el Gobierno provincial suma una nueva herramienta de asistencia en un escenario de emergencia que todavía deja secuelas, con el objetivo de sostener a las familias mientras avanza la recuperación en las zonas más golpeadas.