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Luego de una extensa y tensa sesión en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, en una votación que reflejó una fuerte polarización política.
La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, en un debate que se extendió por más de 11 horas y que tuvo incluso la presencia de Karina Milei en uno de los palcos del recinto.
En ese contexto, casi todos los diputados tucumanos acompañaron la iniciativa. Votaron a favor Mariano Campero, Gerardo Huesen, Soledad Molinuevo y Federico Pelli, por La Libertad Avanza; así como también los representantes del bloque Independencia, Gladys Medina, Javier Noguera y Elías Fernández. En contra de la ley se pronunció el diputado Carlos Cisneros.
El oficialismo consiguió el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros espacios provinciales, a los que se sumaron legisladores de distintos sectores, incluidos algunos votos provenientes de la oposición.
En ese marco, también acompañaron la iniciativa todos los diputados tucumanos, consolidando una posición alineada en un tema de alto impacto económico y ambiental para la provincia.
La reforma redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, al tiempo que flexibiliza condiciones para el desarrollo de actividades productivas, particularmente vinculadas a la minería.
Durante el debate, desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para “armonizar” el desarrollo productivo con la normativa ambiental vigente y otorgar mayor protagonismo a las provincias en la toma de decisiones sobre sus recursos naturales.
En contraposición, legisladores de la oposición cuestionaron la reforma al considerar que implica un retroceso en materia ambiental y advirtieron sobre posibles conflictos interjurisdiccionales y judicialización de la norma.
El tratamiento de la ley estuvo atravesado por fuertes cruces, intentos de incorporar otros temas al debate mediante mociones de apartamiento de reglamento y críticas al proceso de audiencia pública previo a la votación.
Con la sanción de esta reforma, el Gobierno nacional avanza en una de sus iniciativas clave para el desarrollo del sector minero, en un contexto donde se busca impulsar inversiones y actividad económica en distintas regiones del país.