
La movilización armada contra el crimen organizado en las favelas fue realizada este martes 28 de octubre por parte del cuerpo policial y el gobierno de Lula da Silva, con el objetivo de contrarrestar la influencia de la agrupación criminal narcotraficante Comando Vermelho. Movilizando a más de 2000 agentes policiales hacia la favela do Penha en la ciudad de Río de Janeiro. Los enfrentamientos dejaron más de 120 muertos en la zona. y es considerado un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Brasil. Comando Vermelho utilizó drones lanzabombas contra las fuerzas policiales, el mensaje fue claro: no se trata de delincuencia común, sino de un actor no estatal, armado, con poder territorial, económico y tecnológico. El grupo ha ido cobrando relevancia y poder en los últimos años, llegando a dominar más del 50% de aquellas áreas de bajos recursos como las favelas.
El gobernador Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, defendió la acción como una ofensiva necesaria contra el narcotráfico, alegando que no es crimen común, es narcoterrorismo.

Detrás de este suceso se esconde una historia mucho más profunda y trágica: la del fortalecimiento de un crimen organizado que el propio Estado brasileño contribuyó a nacionalizar, ya que, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, se promovió la desregulación del mercado armamentístico, facilitando la compraventa de armas y de máquinas para producirlas.
El Comando Vermelho creció porque encontró vacíos donde el Estado no llega, convirtiéndose así en una red a lo largo de todo el país. La flexibilización de las armas durante el gobierno de Bolsonaro multiplicó los arsenales ilegales. Hoy, el grupo opera como una franquicia. Controla territorios en 25 de los 27 estados brasileños, cuando hace apenas una década su presencia se limitaba a diez. Su lógica de expansión combina viejas prácticas como el tráfico de drogas, con nuevas fuentes de financiamiento: minería ilegal de oro, contrabando de combustibles, bebidas y tabaco.
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, esos mercados ilícitos movieron en 2022 alrededor de US$273.300 millones. Actualmente, dentro de estos grupos, existen fábricas clandestinas que producen fusiles con impresoras 3D, con máquinas industriales capaces de fabricar en serie y equipos que cuestan más de medio millón de reales.
Brasil enfrenta hoy no solo una disputa territorial, sino una disputa por el monopolio de la fuerza y la legitimidad. Se encuentra en un lugar de repensar las políticas públicas que se aplican en el territorio y en la reconstrucción de la confianza en las zonas donde el Estado dejó de existir y empezaron a predominar actores transnacionales, como el narcotráfico, que generan un mercado de trabajo informal, consolidándose como el actor más presente.