Tucumán: procesan con prisión preventiva a un padre y su hijo por organizar el transporte de 155 kilos de cocaína

El titular del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, Guillermo Díaz Martínez, procesó con prisión preventiva a un hombre de nacionalidad boliviana y a su hijo, señalados como los presuntos organizadores del transporte de más de 150 kilos de cocaína incautados en enero pasado. Además, dispuso un embargo de 50 millones de pesos para cada uno. La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Agustín Chit, con la colaboración de la auxiliar fiscal Julia Vitar, según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de la Nación en su portal.

La causa se inició el 26 de enero de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional realizaba controles preventivos sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 896. Allí detectaron una camioneta Toyota Hilux que, al advertir el operativo, realizó una brusca maniobra evasiva hacia un camino secundario.

Tras un rastrillaje, los gendarmes interceptaron el vehículo, en el que viajaban A.A., L.M.C.O., R.S.V. y D.G., tres de ellos de nacionalidad boliviana. Consultados por la carga, uno de ellos respondió: “Lo que usted ya sabe”, lo que fue interpretado como un reconocimiento implícito de un ilícito.

En la caja de la camioneta hallaron cinco bultos con 150 paquetes rectangulares que, tras las pruebas de narcotest, dieron positivo para cocaína. El pesaje preliminar fue de 155,6 kilos. Los ladrillos estaban compactados y marcados con la figura de un delfín en bajorrelieve, una imagen asociada a redes narcocriminales.

También se secuestraron dinero en moneda argentina y extranjera, teléfonos celulares, chips, tarjetas SIM y documentación bancaria de Argentina y Bolivia.

Los cuatro detenidos fueron imputados como coautores del transporte de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas.

La ruta de la droga y el rol de los organizadores

Para el juez Díaz Martínez, la cantidad de droga, el intento de fuga y la presencia de documentación y divisas de distintos países permitían inferir que la cocaína había sido obtenida en Bolivia y trasladada hacia centros de acopio en Argentina dentro de una estructura organizada. Por ello, dictó el procesamiento con prisión preventiva y el embargo millonario.

La investigación dio un giro cuando dos de los imputados firmaron acuerdos de colaboración. En sus testimonios señalaron a R.O., un ciudadano boliviano radicado en La Plata, como la persona que los había contratado para el traslado. También detallaron que en el operativo fallido participaban otros vehículos: una camioneta del propio R.O. y un Peugeot 208 conducido por su hijo M.A.O., que actuaba como “coche puntero”.

Los colaboradores describieron que padre e hijo realizaron viajes previos desde Buenos Aires hacia Salta y Jujuy, donde operaban “pasadores” que cruzaban la droga desde Bolivia por caminos de tierra, usando comunicación satelital y handies debido a la falta de señal en la frontera.

Los imputados también entregaron los códigos de desbloqueo de sus teléfonos, cuyo análisis permitió ratificar las identidades y los movimientos de los presuntos organizadores. Informes del RENAPER y la DNRPA confirmaron los datos aportados, incluyendo la titularidad de los vehículos y registros de tránsito que coincidían con la ruta del cargamento.

Pruebas telefónicas y geolocalización

El análisis de comunicaciones mostró que el 26 de enero, mientras se trasladaba la droga, M.A.O. recibió una llamada desde el teléfono de uno de los detenidos en el operativo, lo que para la fiscalía fortaleció la hipótesis de coordinación directa.

A su vez, el estudio de las celdas GPRS del teléfono de R.O. reveló cinco desplazamientos logísticos entre 2024 y 2025 hacia Salta, Mendoza y cruces fronterizos con Chile y Bolivia, movimientos compatibles con la organización de operaciones de narcotráfico internacional.

Con estos elementos, el fiscal Chit atribuyó a R.O. y a su hijo el rol de organizadores y coordinadores logísticos del transporte.

Tras el pedido de la fiscalía, el juez ordenó allanar el domicilio de R.O. en La Plata y detener a ambos sospechosos. El operativo se realizó el 17 de octubre, con el secuestro de tres vehículos y múltiples dispositivos electrónicos.

En su indagatoria, R.O. intentó justificar sus viajes frecuentes como actividades familiares, laborales y electorales, y negó relación con el hecho. Su hijo decidió no declarar.

Al resolver el procesamiento, el magistrado consideró insuficientas las explicaciones, valoró la evidencia telefónica y documental, y concluyó que ambos formaban parte de una estructura criminal transnacional con capacidad económica y operativa. Por ello, dictó su prisión preventiva, al advertir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.