Condenan al fiscal general español por violar el secreto judicial

Noticias Argentinas difundió que el fiscal general de España fue condenado este jueves a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo y al pago de una multa por violar el secreto judicial, en un revés significativo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien respaldó públicamente al funcionario durante todo el proceso.

Álvaro García Ortiz, nombrado en 2022 a propuesta del Gobierno de coalición de izquierda, llegó al banquillo del Tribunal Supremo a principios de noviembre, acusado de haber filtrado información relativa al novio de una figura de la oposición conservadora, sospechoso de fraude fiscal.

García Ortiz, que siempre negó ser el autor de la filtración, también fue condenado a indemnizar con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según informó RFI.

La sentencia supone un golpe directo para Sánchez y su Ejecutivo, que en reiteradas oportunidades defendieron la inocencia del fiscal general. El mandatario socialista enfrenta además otros frentes judiciales que involucran a su esposa, su hermano menor y excolaboradores cercanos.

Tras conocerse el fallo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, declaró en una intervención televisada que “el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos”. Añadió que el Ejecutivo siempre creyó en la inocencia de García Ortiz y anticipó que en los próximos días se iniciará el proceso para designar a su sucesor.

Díaz Ayuso cargó en la red X contra el Gobierno, afirmando que en una democracia “no se concibe utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo” y sostuvo que “hoy el mundo sabe lo que está pasando en España”.

También en X, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lamentó que “por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo” y exigió a Sánchez pedir perdón a los españoles y mostrar respeto al Tribunal Supremo. En la misma línea, el secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró que la inhabilitación del fiscal “inhabilita al presidente del Gobierno a seguir gobernando”.

Desde Vox, su líder Santiago Abascal afirmó que “Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel”, profundizando la tensión política en torno al caso.

El origen de esta polémica se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar 350.000 euros al fisco durante la pandemia de Covid-19. En marzo, varios medios publicaron detalles de las conversaciones entre la fiscalía de Madrid y el abogado del empresario sobre un posible acuerdo para que se declarara culpable a cambio de evitar la prisión.

La difusión de esa información podía poner en duda la inocencia de González Amador, quien recurrió entonces a la justicia convencido de que García Ortiz había orquestado la filtración para perjudicar a su pareja, Díaz Ayuso.

Durante el juicio, varios periodistas declararon que el fiscal general no fue su fuente. Considerando que no había cometido ningún delito, la fiscal del caso, María Ángeles Sánchez Conde, pidió su absolución.

En paralelo, González Amador enfrentará próximamente un juicio por fraude fiscal en la causa que desencadenó este proceso sin precedentes en la historia reciente de España.