Un proyecto para reformar la ley narcomenudeo busca terminar con la discrecionalidad policial y verificar las denuncias anónimas en Tucumán

El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse elevó a la Cámara un proyecto de ley que propone modificaciones sustanciales a la Ley N° 9188 de narcomenudeo, con el fin de dotar al sistema de un procedimiento "claro, eficaz y constitucionalmente sólido". La propuesta, que cuenta con el acompañamiento de sus pares del bloque oficialista Maia Martínez, Marcelo Herrera y Adriana Najar, introduce un capítulo específico para regular la recepción de denuncias y la verificación preliminar de los hechos. El eje central de la reforma es evitar la discrecionalidad en las investigaciones y asegurar que la lucha contra el tráfico de sustancias en pequeña escala se realice bajo estrictos estándares de legalidad y profesionalismo, reforzando la dirección funcional del Ministerio Público Fiscal desde el inicio de las actuaciones.

Una de las innovaciones más destacadas de la iniciativa es la regulación de la "Verificación preliminar policial". El proyecto establece que, una vez recibida una denuncia, la DIGEDROP (Dirección General de Drogas Peligrosas) u otra área especializada contará con un plazo de cinco días hábiles para realizar tareas de constatación, las cuales “tendrán carácter exclusivamente preliminar, objetivo y no invasivo, y estarán dirigidas a corroborar la verosimilitud de los hechos denunciados”. Durante este período, los efectivos solo podrán realizar observaciones en espacios públicos, relevamientos territoriales, identificación de testigos potenciales o registros audiovisuales desde lugares públicos. El articulado es tajante al prohibir cualquier medida que afecte derechos fundamentales, como ingresos a domicilios o requisas, sin una autorización judicial previa.

Respecto a las denuncias anónimas, el proyecto busca un punto de equilibrio entre la protección del vecino y el debido proceso. Si bien reconoce su validez en contextos de temor a represalias, el texto aclara que “la denuncia anónima no podrá constituir por sí sola fundamento suficiente para medidas invasivas”. En los fundamentos, se explica que el objetivo es evitar que este mecanismo se transforme en un “atajo incompatible con el debido proceso”, exigiendo siempre una corroboración objetiva que respete el estándar de sospecha razonable.

El proyecto refuerza el papel del Ministerio Público Fiscal (MPF) como titular de la acción penal. Toda denuncia recibida por la Policía debe ser comunicada de manera inmediata al fiscal competente para asegurar la trazabilidad del ingreso y evitar circuitos paralelos. Finalizado el plazo de verificación, la Policía debe remitir las actuaciones con un informe detallado, bajo advertencia de que la “demora injustificada constituirá falta grave”.

A partir de allí, el MPF contará con tres días hábiles para decidir si archiva las actuaciones, solicita una ampliación de medidas no invasivas o promueve una investigación preparatoria. Esta decisión, según el proyecto, “deberá ser fundada y ajustada a criterios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y objetividad”. En la misma línea, se fortalece el control jurisdiccional: el juez tendrá también un plazo de tres días para resolver medidas solicitadas, verificando la suficiencia de elementos y la delimitación de la medida, bajo la premisa de que “no se admitirá autorización tácita”.

Política contra la degradación social

En la exposición de motivos, los autores sostienen que el narcomenudeo es la “manifestación territorial más concreta del narcotráfico”, actuando como un factor de degradación que destruye familias y capta jóvenes en los sectores más vulnerables. El documento advierte que la inacción estatal no es neutral, sino que amplifica el daño: “Quien vende droga en un barrio no comercializa un producto: distribuye adicción, dependencia, violencia y muerte”.

Por esta razón, la iniciativa no solo se limita a lo procesal, sino que promueve un cambio de paradigma en la intervención estatal. Los fundamentos destacan que el proyecto “no amplía el poder punitivo: lo ordena, lo estructura y lo somete a reglas claras”. Asimismo, se prevé la creación de un sistema obligatorio de registro y trazabilidad de todas las denuncias y resoluciones, bajo el control de la Comisión Interpoderes, y se establece la capacitación obligatoria para todos los operadores del sistema en materia de investigación y derechos fundamentales.

Finalmente, Vargas Aignasse subraya que combatir este delito es una cuestión de "dignidad social". El Estado, según el texto, debe recuperar los espacios sociales capturados por el delito: “Allí donde el Estado se retira, avanza el narco. Allí donde el Estado actúa con decisión, se restablece el orden jurídico y se protege a la comunidad”. De este modo, la reforma se inscribe en una estrategia integral que busca que la intervención sea profesional, técnica y, sobre todo, constitucionalmente válida.