Presupuesto 2026: Luz verde con tensiones por las amplias facultades al Ejecutivo, la presión fiscal y el "agujero negro" de las comunas rurales

La Legislatura de Tucumán sancionó el Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026 en una sesión presidida por el titular de la Cámara, Miguel Acevedo. El proyecto, estimado en $4,9 billones, contó con el acompañamiento de la bancada peronista y el apoyo en general de parte de la oposición, que lo consideró una herramienta necesaria para la gobernabilidad. No obstante, el debate se centró en los cuestionamientos de los sectores refractarios al justicialismo sobre la amplia cesión de facultades al Poder Ejecutivo, la poca transparencia en lo que respecta a los fondos que manejan las comunas rurales, la falta de tratamiento en la Cuenta de Inversión y el aumento proyectado de la presión tributaria, elementos que, según denunciaron, vacían de contenido el control parlamentario.

El legislador Carlos Gallia, miembro informante del oficialismo y titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, detalló los ejes de la ley de leyes, destacando que el proyecto se elaboró bajo las proyecciones nacionales de una variación del PIB real del 5% y una inflación del 10,1%. Gallia enfatizó que el presupuesto busca consolidar la estabilidad fiscal, previendo un resultado financiero superavitario de $708 millones.

El gasto total se fijó en $4,981 billones, con un incremento de 46,1% sobre el 2025. La estructura de recursos muestra una alta dependencia de la Nación, ya que los recursos de jurisdicción nacional constituyen el 68,48% del total, siendo la Coparticipación Federal la principal fuente, estimada en $3,074 billones.

En cuanto a la asignación de gasto, el oficialismo resaltó la prioridad en áreas clave para el desarrollo provincial como Educación y Cultura, Salud y Seguridad.

Gallia también mencionó el plan de obras provincial, que asciende a $385.000 millones, representando el 7,74% del total.

Carlos Gallia.

Una de las principales críticas vertidas por la oposición se centró en la masiva delegación de facultades al Poder Ejecutivo, lo que transforma el presupuesto en una “letra muerta” en manos del gobernador Osvaldo Jaldo. El legislador Claudio Viña, quien emitió un dictamen en minoría, sostuvo que si bien el presupuesto "luce equilibrado, es un presupuesto bastante sustentable", no es una “foto”, sino una “película” que se mueve. "Acá el problema es que el que lo mueve es Jaldo", sentenció Viña, aludiendo a que el Poder Ejecutivo posee facultades que anulan el rol legislativo.

El parlamentario destacó que estos artículos "le permiten, entre otras cosas, al gobernador omnipotente, a extraer créditos presupuestarios de un área y pasarlos a otra". Agregó que estas delegaciones, contempladas en varios artículos objetados (más de una decena), incluyen la peligrosa facultad de endeudamiento. En ese sentido, el texto faculta al Poder Ejecutivo a tomar préstamos transitorios por hasta el 10% del total anual del gasto ($498.000 millones) y a contraer préstamos subsidiarios por hasta 250 millones de dólares con garantía de coparticipación.

El legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) afirmó que si bien acompañó en general, "sigo oponiéndome a las facultades delegadas" y destacó que ceder estas atribuciones pone en riesgo "el sistema de pesos y contrapesos que tiene la República".

Otro punto de quiebre en el debate fue la proyección de recaudación tributaria propia. El presupuesto estima un incremento del 119,6% con respecto al inicial de 2025. La oposición interpretó esta cifra como una "alta presión tributaria" que ahogará al sector privado.

Claudio Viña.

José Macome (Compromiso con la Lealtad) señaló que el aumento del 119,6% es "una expansión agresiva de impuestos indirectos como ingresos brutos y sellos que recaen de manera regresiva sobre los sectores medios, pequeños, comerciantes y trabajadores". Específicamente, Macome denunció que el Impuesto de Sellos se cuadruplica, pasando de 45.000 millones a 180.000 millones. En la misma línea, Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) manifestó que le "asusta de sobre manera" el incremento en ingresos brutos del 103% y el 300% en el impuesto al sellado.

Por su parte, Silvia Elías (Valores para Tucumán) agregó que el aumento en la recaudación tributaria provincial será del 84,46% (ajustado por subestimación del año anterior) y advirtió que esto representa un "exprimidor eléctrico de los bolsillos flacos de los tucumanos". Además, criticó que el 76,4% de los ingresos propios provienen de Ingresos Brutos, al que calificó como "el más retrógrado de todos los impuestos". Así también, objetó que el presupuesto no tiene perspectiva de derechos humanos, apuntando a una "drástica disminución de las partidas destinadas a a desarrollo social, del 5,48% pasa al 4,03%". El republicano Ricardo Bussi coincidió, calificando la proyección de 119% de aumento como "absolutamente incompatible con los parámetros macroeconómicos" y señaló que la única explicación posible es que se hará "mediante un impuestazo".

Por su parte, Gallia aclaró posteriormente que el 119% se mide contra el presupuesto histórico inicial, pero que si se toma la proyección de ejecución al cierre del 2025, el incremento real será de un 21%.

Silvia Elías de Pérez.

La oposición también cuestionó la nula revisión de los gastos previos. José Seleme (Avanza Tucumán) lamentó que el gobierno incumpla una vez más en no presentar la Cuenta de Inversión o rendición de cuentas, afirmando: "Quieren futuro sin mostrar el pasado. No funciona así". Macome coincidió, señalando que el presupuesto se convierte en un "supuesto, de un supuesto, de un supuesto" hasta que no se trate la Cuenta de Inversión. El legislador José Cano (Radicalismo Federal) también se refirió al tema, destacando que el Tribunal de Cuentas emitió un dictamen desfavorable sobre la registración de recursos de jurisdicción nacional al 31 de diciembre de 2024.

Manuel Courel (Cambia Tucumán) y Seleme sumaron la subejecución de obras, un patrón que se repite: "solo el 30% de lo que se presupuesta por obra pública es lo que efectivamente se ejecuta", con Seleme acotando que en 2025 se contempló un 9% y se ejecutó aproximadamente el 4%.

El punto más álgido del debate giró en torno al Artículo 9 y a la exclusión de las comunas rurales del cumplimiento de la Ley de Administración Financiera (LAF), a la que muchos legisladores calificaron como un "agujero negro".

Viña denunció que la exención de la LAF para las comunas convierte a estas jurisdicciones en "93 pozos negros del dinero de los tucumanos". Silvia Elías hizo eco de esta crítica, señalando que la LAF debe respetarse por la transparencia de los actos de gobierno y porque su incumplimiento abre la puerta a la discrecionalidad. Además, citó informes del Tribunal de Cuentas que advierten que las comunas rurales llevan "registros contables precarios sin tener un sistema contable que permita obtener información confiable, precisa, oportuna".

Carlos Gómez.

Desde la bancada oficialista, el legislador Carlos Gómez, hombre del interior, rechazó las acusaciones de falta de control y denigración hacia los comisionados comunales. Gómez sostuvo que el Tribunal de Cuentas realiza auditorías y que el interior experimenta una reactivación constante con obras de infraestructura.

En defensa de la gestión en el interior, Gerónimo Vargas Aignasse explicó que la inversión en las comunas es una decisión política fundamental para dar "igualdad de oportunidades a todos los tucumanos". Vargas Aignasse justificó la inversión alegando que "para el gobierno de Javier Milei la obra pública no es una política de estado" a nivel nacional, por lo cual la provincia debe garantizar esos recursos.

La oficialista Carolina Vargas Aignasse destacó el trabajo de la Comisión de Hacienda y el contraste con la situación nacional, que opera con un presupuesto reconducido que genera "gran imprevisibilidad y falta de control". En cambio, Tucumán ha realizado una "administración ordenada" con crecimiento sostenido en áreas esenciales. Resaltó el incremento porcentual de las partidas en Seguridad, Salud y Educación de 2023 a 2026.

En el marco de la modernización, Gallia y Vargas Aignasse defendieron la creación del Fondo de Tecnología para la Modernización y Transformación Digital del Estado Provincial, que se financiará con el 1% del Impuesto a los Sellos. La oposición (Viña, Bussi, Elías) objetó que, si bien el fondo es positivo, "se exceptúa del proceso de licitación". Vargas Aignasse justificó esta excepción, argumentando que se debe a la dinámica de compra de equipos tecnológicos, donde las ofertas en dólares tienen un mantenimiento corto en el tiempo.

Gerónimo Vargas Aignasse.

En el plano político, Gerónimo Vargas Aignasse elevó el tono del debate, calificando la oposición a la aprobación general del presupuesto como "absurda, antipopular" y "antidemocrática", ya que equivale a "oponerse a la voluntad de los tucumanos" que eligieron al gobernador.

Cano tildó de "barbaridad" ese intento de "calificar de antidemocrático a quien vote en contra del presupuesto". Por su parte, Roque Álvarez (presidente de la bancada oficialista) defendiendo el voto afirmativo, sostuvo que la aprobación general es necesaria para el plan de gobierno y que oponerse es "poner palos en la rueda". Álvarez reconoció la "contundencia" de la victoria del presidente Milei en las elecciones nacionales pasadas, pero enfatizó que los números son consecuencia de la política, y "hay una provincia que no quiere ser colonia", en alusión al acercamiento de la gestión libertaria con los Estados Unidos.

La votación del presupuesto general fue aprobada por amplia mayoría, aunque con el rechazo de cuatro referentes de la oposición, que manifestaron su descontento con la delegación de facultades, la presión impositiva y la falta de controles. Romano Norri, Macome, Bussi y Viña acompañaron en general, pero con reserva de voto en los artículos que otorgan facultades discrecionales al Poder Ejecutivo.