Las Comunas contarán con un protocolo contra la usurpación de tierras fiscales para poner freno a los “grandes apropiadores”

En un contexto marcado por sucesivos casos de usurpaciones de terrenos fiscales y áreas protegidas en la provincia de Tucumán, la Legislatura aprobó por unanimidad un protocolo de actuación para las comunas rurales, elaborado por el legislador peronista Carlos Gómez. La iniciativa, que contó con el respaldo de todos los bloques, establece un marco legal para que los comisionados comunales puedan responder de manera inmediata, coordinada y efectiva ante estas ocupaciones ilegales, salvaguardando el patrimonio estatal y el orden público.

El protocolo, definido como “un conjunto de normas y reglas establecidas por ley o costumbres que regulan la forma en que se deben realizar actos y procedimientos”, según explicó Gómez, busca dotar a las 93 comunas rurales de herramientas jurídicas y administrativas para enfrentar un problema que, según los legisladores, no solo afecta a los valles tucumanos, como Tafí del Valle o El Mollar, sino a toda la provincia. Durante el debate, se hizo hincapié en las “negligencias y fallas del sistema político” e incluso en “complicidades” que han permitido la proliferación de estas ocupaciones, muchas veces encabezadas por “verdaderos apropiadores” de altos recursos económicos y no por sectores vulnerables.

“Sabemos bien que la política que implementa nuestro gobierno provincial es la de recuperar terrenos fiscales, tierras que pertenecen a la provincia y que han sido tomadas, y también áreas protegidas, sin considerar el daño ambiental que producen”, afirmó Gómez durante su exposición. “Este protocolo le va a dar al comisionado comunal la posibilidad de actuar e informar de forma inmediata al Ministerio del Interior, a la Justicia y a organismos como el Ente de Turismo cuando se trate de zonas protegidas”, agregó, destacando que el proyecto protege tanto el patrimonio estatal como a los propios comisionados ante posibles represalias legales.

Industria de la usurpación

El debate legislativo puso en evidencia la magnitud del problema, con referencias a una “industria de la usurpación” que ha generado fortunas a costa del patrimonio público. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse fue contundente al señalar que “los grandes apropiadores y usurpadores del Estado no han sido la gente humilde, no ha sido el que no tiene dónde vivir. Han sido familias patricias de Argentina y de Tucumán, con recursos, con lobby político, que se han aprovechado de la pereza del poder judicial para quedarse con rentabilidad y pedazos de tierra que son de toda la comunidad”.

Vargas Aignasse destacó que el protocolo introduce un “apalancamiento policial y punitivo” que permite una respuesta inmediata: “En el momento en que se hace una denuncia, impacta en la fiscalía de decisión temprana, que deriva a la fiscalía correspondiente, y en una audiencia se pueden ofrecer pruebas para resolver rápidamente. Esto ha generado la posibilidad de que las usurpaciones tengan un corto plazo”. El legislador también subrayó problemas históricos como la “obsolescencia registral” y la “pereza judicial” que han facilitado estas ocupaciones, citando casos en los que se usó documentación apócrifa para justificarlas.

Por su parte, el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) resaltó la gravedad institucional de la problemática, recordando que la disolución de la Subsecretaría de Hábitat Dominial, que “funcionaba como una agencia inmobiliaria”, dio paso a la creación de una Unidad Ejecutora para la defensa de las tierras fiscales. Además, mencionó un caso paradigmático en Tafí del Valle, donde, a través de un juicio sucesorio, se apropiaron de 10 hectáreas valuadas en 3,5 millones de dólares, y otras 40 hectáreas estuvieron en riesgo. “Hemos tomado conocimiento de hechos lamentables que terminaron en una gravedad institucional. Hubo negligencia, fallas jurídicas y, en algunos casos, complicidad”, afirmó.

El caso de “Los Carolinos”

Un ejemplo reciente que ilustra la problemática es el del hotel “Los Carolinos” en Tafí del Valle. El Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), presidido por Domingo Amaya, denegó la habilitación provisoria al establecimiento ubicado en la Ruta Provincial N° 307, Km. 66, por operar sin autorización en tierras fiscales. Según la Resolución N° 1.582/9 del EATT, el terreno pertenece al Gobierno de Tucumán desde 1964, pero la representante legal de “Los Carolinos SRL”, Carolina Vanni, intentó obtener la habilitación mientras mantiene un litigio judicial por la titularidad del inmueble.

El EATT calificó esta acción como “una inadmisible deslealtad jurídica” y advirtió que otorgar la habilitación sería “contradictorio con los intereses del Estado”, con “consecuencias nefastas al erario público”. La resolución ordenó el cese inmediato de los servicios turísticos y notificó a la Municipalidad de Tafí del Valle, la Dirección de Rentas, la Jefatura de Policía y el Tribunal de Cuentas.

Detalles del protocolo y su impacto

El protocolo establece que los comisionados comunales deben:

• Recabar información y denunciar: Ante un caso de usurpación, verificar el estado dominial del inmueble e informar al Ministerio del Interior, la autoridad policial, la fiscalía de turno o los juzgados competentes.

• Coordinación interinstitucional: Comunicar de inmediato al Ministerio del Interior, la Justicia y el Ministerio Público Fiscal, solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad y coordinar con organismos como el Ente de Turismo o la Secretaría de Medio Ambiente cuando se trate de áreas protegidas.

• Capacitación: Implementar programas para que los comisionados aprendan a identificar casos, aplicar el protocolo y coordinar con la Justicia y las fuerzas de seguridad.

El legislador Walter Herrera destacó la importancia de esta herramienta para los comisionados, quienes “son la primera trinchera” ante los conflictos. “Este protocolo respalda a los comisionados para que actúen con celeridad y responsabilidad, protegiendo el patrimonio del Estado y el orden público”, afirmó, celebrando que también jerarquiza su rol mediante capacitaciones.

Roque Álvarez, presidente de la bancada peronista, por su parte, subrayó la celeridad que aporta el protocolo, en conjunto con la Ley N° 9389, que creó un equipo interdisciplinario liderado por el Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y el Ministerio Público Fiscal. “En un plazo de cinco días, este equipo puede actuar para evitar que el Estado siga siendo despojado de bienes que son de todos los tucumanos”, aseguró.

La sesión contó con la presencia de miembros del Ministerio del Interior y comisionados de distintas comunas rurales, quienes celebraron la sanción de la ley. “Los comisionados comunales pueden estar más tranquilos, satisfechos, porque esta ley les otorga una nueva función en beneficio del Estado provincial”, afirmó Álvarez. Gómez, autor del proyecto, agradeció el trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y los legisladores, destacando que “esta ley no solo protege a las comunas, sino que les da herramientas para actuar rápidamente y estar protegidos legalmente”.