Obras en el PROCREAR: el debate entre un Estado presente y la necesidad de garantizar la transparencia

El gobierno provincial, encabezado por Osvaldo Jaldo, desató una fuerte controversia en el ámbito legislativo al aprobarse, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la reactivación del programa PROCREAR Tucumán, que contempla la construcción de 3.056 soluciones habitacionales, incluyendo 1.656 viviendas, 1.400 lotes con servicios y 50 locales comerciales en la zona de Manantial Sur. La medida, que autoriza la contratación directa con 22 empresas previamente adjudicadas por el Banco Hipotecario en el marco del extinto programa nacional, fue defendida por el oficialismo como una acción clave para abordar el déficit habitacional estructural de la provincia, pero generó duras críticas de la oposición, que la calificó de autoritaria y electoralista.

El DNU fue fundamentado por el legislador peronista Carlos Gallia (presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto), quien destacó su marco legal y operativo: “El objetivo principal es abordar el déficit habitacional estructural y retomar o finalizar las obras de vivienda en la zona de Manantial Sur, que formaban parte del disuelto programa nacional PROCREAR. Se establece un programa provincial para reactivar la construcción de 500 viviendas en una primera etapa, con un plazo de ejecución de 18 meses, manteniendo las condiciones contractuales originales con las empresas adjudicatarias. Los fondos provendrán de recursos provinciales, con posibilidad de recurrir a endeudamiento, préstamos u otros medios, y la Secretaría de Estado de Hacienda está facultada para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias”.

El proyecto, que implica una inversión de $70.000 millones, en una primera etapa, busca reactivar la economía local, generar 7.000 empleos directos y 10.000 indirectos, y mejorar la infraestructura en la zona sur de la capital tucumana, con obras de agua potable, drenaje pluvial, cloacas, plazas y arbolado. Sin embargo, la decisión de recurrir a un DNU, evitando el proceso legislativo ordinario, encendió las alarmas en la oposición, que cuestionó la falta de transparencia y las posibles irregularidades en el manejo de fondos.

Prácticas opacas

La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) fue una de las voces más críticas: “Con la misma vehemencia con la que alabo el sentido democrático de esta Legislatura, digo que nunca he visto un Poder Ejecutivo con tanto tinte autoritario como el que nos está gobernando hoy. Esta Legislatura trabaja todos los días, sesiona cuando es necesario, nada justifica que esto entre por DNU. Solamente a los gobiernos autoritarios les gusta gobernar por DNU. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el derecho a una vivienda digna, pero el gobierno nacional, con sus recortes y ‘motosierra’, incumple derechos humanos. Eso no le da derecho al gobierno provincial a llevarse puesto lo señalado por las Constituciones nacional y provincial. Este DNU amplía la emergencia en obra pública hasta 2027, faculta al ministro de Economía a contratar nuevos profesionales, aprobar contratos y endeudarse, cuando esto último es función de esta Cámara. Estos mecanismos han estado históricamente asociados a prácticas opacas y corrupción, como vimos en Lomas de Tafí, con sobreprecios y casas con déficits estructurales. Merecemos hacerlo distinto, con transparencia, porque la obra pública ha caído un 80% y los tucumanos necesitan soluciones, pero no así”, sostuvo la radical.

Por su parte, el único referente del peronismo en defender la medida fue Gerónimo Vargas Aignasse al recalcar que "venimos con alegría y orgullo a ratificar este DNU, porque es el proyecto de obra pública más grande de Argentina desde 2012, en un contexto donde la ‘motosierra’ de (Javier) Milei eliminó el programa nacional PROCREAR, que tenía un 12% de avance en Tucumán. La provincia tomó una decisión acertada al proponer a las empresas que rescindan sus contratos con el fideicomiso nacional y contraten directamente con nosotros, respetando las licitaciones previas. Esto confronta dos modelos de país: uno que ve la obra pública como gasto y otro, el nuestro, que apuesta a un Estado presente. Tucumán resuelve sus problemas sin esperar que vengan de afuera. Este DNU es una herramienta de gestión para cumplir el sueño de miles de familias tucumanas”.

Sin embargo, el parlamentario opositor José Seleme (Avanza Tucumán) cuestionó el método empleado: “Estamos viendo dos modelos de país: uno que nos dejó con 211% de inflación en 2023 y obras públicas sin terminar, y otro que recurre a un DNU para autorizar contrataciones directas, evitando licitaciones públicas y el debate legislativo. Esto es un atropello a la división de poderes. ¿Dónde está la urgencia? La única urgencia parece electoral, porque el 26 de octubre hay elecciones y el gobernador busca un golpe de efecto para revertir una derrota inminente. Sacrificar la transparencia por fines electoralistas es inaceptable. Mientras se destinan $2.700 millones a pauta oficial, se dice ‘no hay plata’, pero para esto sí la hay. No voy a apoyar este DNU, aunque reconozco que las 3.000 viviendas son una noticia positiva”.

Sin justificación

Carlos Verón Guerra, desde Fuerza Republicana, también expresó su rechazo: “La Constitución provincial permite DNU solo en circunstancias excepcionales, pero ¿cuál es el apuro? En 2022, como concejales, aprobamos ceder terrenos para el PROCREAR con bombos y platillos, pero la economía y otros pretextos lo truncaron. Ahora nos desayunamos con este DNU, que huele a campaña electoral. La transparencia no es un eslogan, es una herramienta de control democrático. Además, el Banco Hipotecario no ha autorizado la rescisión de contratos con las empresas, lo que complica el traspaso al gobierno provincial. Este proyecto se financiará con rentas generales y posible endeudamiento, pero ¿estamos en condiciones de devolver esos préstamos? No podemos quedarnos callados ante este tufillo electoralista”.

Finalmente, Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán) señaló limitaciones técnicas del DNU: “Es una atribución constitucional, pero la necesidad y urgencia deben estar justificadas, y no lo están claramente. Las 22 empresas contratadas en la licitación original, ¿mantienen hoy la aptitud financiera y técnica para cumplir con la obra en medio de la crisis? Además, el DNU no menciona quién se hará cargo de las redes de cloacas, agua y energía, que estaban a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda según la ley 9697. Sin un sistema de recupero de la inversión, como tenía el PROCREAR nacional, esta es plata muerta de la provincia. Un proyecto de ley habría permitido discutir estos puntos, pero el DNU nos limita a aprobar o rechazar sin matices”.

Llamó la atención que no optara por hacer uso de la palabra el titular de la bancada mayoritaria, Roque Tobías Álvarez, por lo que, al momento de la votación, el Decreto fue aprobado por la totalidad de los parlamentarios oficialistas presentes, mientras que siete legisladores opositores votaron en contra, denunciando extralimitaciones, opacidad y motivaciones electoralistas. La medida, que busca reactivar un proyecto clave para Tucumán, deja abierta la discusión sobre los mecanismos de gestión y el rol del Estado en un contexto de crisis económica y recortes nacionales.