Desde ADIUNT reclaman “castigo y cárcel a todos los responsables” en la causa YMAD

A la espera de un veredicto del tribunal, después de 13 meses llega a su fin el juicio oral y público en la causa por el llamado “robo de la Ciudad Universitaria”, donde están acusados el exrector de la UNT, Juan Cerisola, y algunos de sus exfuncionarios, entre ellos el exdiputado nacional Luis Sacca, por el delito de fraude en perjuicio del erario público.

Desde la Agremiación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), reclamaron “castigo y cárcel a todos los responsables” en esta causa, que investiga el uso presuntamente irregular de una cifra multimillonaria de recursos provenientes de regalías mineras.

“Este juicio fue fruto de décadas de reclamos y luchas llevadas adelante por los pueblos de Catamarca afectados por la megaminería contaminante, por organismos ambientalistas y una parte importante de la comunidad universitaria, de la que nuestro gremio, ADIUNT, forma parte”, recordaron desde la entidad sindical a través de un comunicado.

Recordaron que en el juicio contra el ex rector Cerisola y sus exfuncionarios quedaron en evidencia graves hechos de corrupción, negociados y malversación de fondos.

“Los acusados montaron una estructura ilegal para realizar las cuestionadas obras universitarias. Delitos como el pago de enormes sobreprecios en diversas construcciones, la aprobación de obras al margen del procedimiento que legalmente correspondía, sin el debido proceso de licitación y sin contar con una adecuada planificación técnica, el desvío de fondos, la colocación de los fondos provenientes de YMAD en el circuito financiero en pos de obtener ganancias, etc., han sido expuestos en el desarrollo del juicio”, detallaron.

Desde ADIUNT apuntaron que Cerisola y sus excolaboradores “no actuaron en soledad, contaron con una cadena de complicidades: empresas constructoras, exautoridades, funcionarios y asesores de la UNT de aquel entonces”. Agregaron que los imputados “además, actuaron con la anuencia del Consejo Superior de ese entonces”.

El gremio de los docentes de la UNT sostuvo que la sentencia de este juicio debería abrir nuevas vías de investigación, aunque es probable que la Justicia busque seguir dilatando esta posibilidad. “Tanto en el juicio, como en diversas ocasiones en el Consejo Superior, se argumentó que la UNT no debería haber recibido 20% de regalías de YMAD, sino 40% ya que todavía la construcción de la llamada Ciudad Universitaria no se concretó”, explicaron.

A continuación, recordaron que ADIUNT mantuvo una firme postura al sostener que la educación pública no debe financiarse con fondos que provienen de empresas privadas, y menos con recursos que provienen de una producción que saqueó nuestros recursos naturales y produjo un daño ambiental de enormes magnitudes, como fue el caso de Bajo La Alumbrera, el yacimiento que era explotado por YMAD, entidad en la que la UNT fue socia de la provincia de Catamarca. “La universidad estatal debe ser financiada por el presupuesto universitario”, recalcaron.

En el mismo tono, ADIUNT alertó “sobre los intentos de blindar el negocio minero detrás de un juicio acotado y llamamos a toda la comunidad educativa a sostener la movilización para que este juicio siente un precedente real”. Y agregaron: “Defender la educación pública también implica erradicar los negociados y la corrupción en todas sus formas”.

A la espera de la sentencia

Como informó Tendencia de Noticias, tanto la Fiscalía a cargo de Pablo Camuña como la UNT, en su rol de querellante, pidieron condenar a Cerisola como coautor penalmente responsable de los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes, con la máxima pena prevista en el Código Penal para este tipo de ilícitos: 6 años de prisión. Además, requirió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La querella también coincidió con la Fiscalía y solicitó una condena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, como coautora del presunto delito de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

En el caso de Sacca, exsubsecretario Administrativo de la UNT, la Fiscalía pidió una condena de 2 años de prisión condicional, aunque la querella, a través del abogado Patricio Esperguín, pidió que la pena sea a 4 años, junto con la inhabilitación de por vida para ocupar cargos en el Estado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Finalmente, el MPF y la querella solicitaron una pena de 2 años de prisión e inhabilitación perpetua contra Osvaldo Venturino, exdirector de Contrataciones e Inversiones de la casa de altos estudios, como presunto coautor penalmente responsable del delito de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes a su cargo.

Tanto la parte denunciante como la Fiscalía reclamaron que los exfuncionarios universitarios, en caso de ser declarados culpables, realicen un reintegro multimillonario de fondos para compensar el daño ocasionado al erario público (en este caso, la UNT). A Cerisola se le requieren $ 19.257 millones; a Cudmani la cifra de $ 4.910 millones; alrededor de $ 32.000 millones a Venturino y cerca de $ 250 millones a Sacca. La suma planteada por la Fiscalía revela la magnitud del desfalco investigado, como consecuencia del cual, por ejemplo, nunca llegó a construirse la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.

Tras escuchar esta semana los alegatos de las defensas de los imputados, que rechazaron las acusaciones y solicitaron su absolución, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), integrado por los jueces Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, quedó en condiciones de dictar sentencia. Se estima que esta instancia se concretaría dentro de al menos cuatro semanas.