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El juez Rodrigo Giménez Uriburu solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) un informe detallado sobre los movimientos internos de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, buscando determinar si existen registros de visitas al departamento del primer piso adquirido por la sindicalista - empresaria María Soledad Calle.
Paralelamente, el magistrado envió un oficio al juez Julián Ercolini para interiorizarse sobre la causa que investiga a Calle y a Abel Furlán por un presunto fraude vinculado a la administración de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Ante estos hechos, los querellantes representados por el abogado Yamil Castro Bianchi solicitaron formalmente el allanamiento de la propiedad ubicada en San José 1111 del barrio porteño de Constitución. La medida judicial pretende indagar si el dinero utilizado para la compra proviene de maniobras investigadas en el gremio metalúrgico.
Las normativas vigentes estipulan que la condenada presidente del Partido Justicialista (PJ) cumple prisión domiciliaria con salidas autorizadas a la terraza limitadas a una vez al día, en horario diurno y por un lapso máximo de dos horas.