Exigen la renuncia de la ministra Montaldo por la violencia armada y el colapso en las escuelas

La legisladora radical Silvia Elías de Pérez (foto inferior) remitió un requerimiento formal al gobernador Osvaldo Jaldo para solicitar la remoción inmediata de la titular de la cartera educativa, Susana Montaldo. El pedido se fundamenta en un diagnóstico crítico del sistema de enseñanza provincial, atravesado por reiterados episodios de violencia armada en el interior de los colegios, un paulatino deterioro en las condiciones edilicias y la publicación de indicadores pedagógicos por debajo de la media nacional.

El detonante institucional ocurrió a raíz de lo acontecido en la Escuela Congreso el pasado martes, antecedido por un suceso similar registrado semanas atrás en el establecimiento El Salvador. Al respecto, la parlamentaria enfatizó: “En menos de cuatro meses tuvimos dos chicos que entraron armados a escuelas tucumanas. No podemos conformarnos con decir que, afortunadamente, no hubo víctimas. La educación y la seguridad de nuestros hijos no pueden depender de que una bala impacte en una pared y no en un compañero o en un docente”.

Asimismo, cuestionó el carácter reactivo de los esquemas estatales y demandó intervenciones previas a la gestación de los conflictos: “Un protocolo que se activa después de un disparo es necesario, pero no alcanza. El Estado tiene que llegar antes. Después del primer episodio había que revisar qué estaba fallando y tomar medidas para evitar que volviera a suceder”.

En su presentación, la legisladora sostuvo que la crisis actual responde a falencias operativas continuas y no a acontecimientos casuales: “Ya no estamos hablando de hechos aislados. Son problemas estructurales que necesitan conducción, planificación y decisión política. Ya agotamos todas las instancias intentando que la ministra ofrezca soluciones”.

En relación con el rendimiento escolar, Elías de Pérez tomó como referencia las mediciones del Índice de Resultados Escolares (IRE) elaborado por la entidad Argentinos por la Educación —las cuales exponen que el 42% de los alumnos de la provincia concluye el nivel primario en el plazo estipulado y con saberes adecuados en Lengua y Matemática, frente al 50% promedio del país— y desafió la postura oficial: “Si el Ministerio sostiene que ese 42% está mal, que publique cuál es el porcentaje correcto, cómo lo calculó y con qué información. Los problemas educativos no desaparecen porque dejemos de mirar las estadísticas”.

Exigencias de informes y planes de contingencia

La presentación enviada a la Casa de Gobierno contempla un paquete de solicitudes concretas al Poder Ejecutivo, que incluye un relevamiento de infraestructura, la formulación de un plan integral contra la violencia en las aulas, la transparencia de los informes sobre equipos de orientación psicopedagógica y la fijación de metas de aprendizaje. A su vez, dio un plazo de diez días hábiles para que el Ministerio detalle las acciones ejecutadas tras las situaciones vividas en las escuelas El Salvador y Congreso.

Para concluir, la representante parlamentaria argumentó la necesidad de definir responsabilidades en la conducción del área: “La educación pública no es solamente abrir las puertas de las escuelas. Es garantizar que nuestros chicos puedan entrar, estar seguros y aprender. Cuando durante meses se acumulan advertencias y los problemas se repiten, alguien tiene que asumir la responsabilidad política”.

En esa línea de pensamiento, ratificó el tenor de su solicitud ante las autoridades: “No estamos pidiendo una renuncia por un hecho aislado. La estamos pidiendo porque las señales se vienen acumulando y las respuestas no llegan. Nuestros chicos no pueden seguir esperando”.