Una ley casi simbólica expone el vacío de sanciones y la falta de reglamentación del PE frente al flagelo de la violencia deportiva

El persistente brote de violencia que azota al deporte tucumano, evidenciado en reiterados enfrentamientos físicos dentro y fuera de las canchas, recibió una respuesta parlamentaria de perfil mayormente declamativo y de concientización social tras la sanción del "Dia Provincial de Lucha contra la Violencia y las Adicciones en el Deporte". La norma aprobada por el cuerpo legislativo se enfocó en la sensibilización educativa pero descartó por completo la aplicación de castigos y penas efectivas a las instituciones y deportistas implicados en agresiones.

Esta limitación generó malestar en la legisladora Carolina Vargas Aignasse, co-autora de la iniciativa original, quien promovía suspender a los clubes infractores y excluir permanentemente a los atletas imputados de representar a la provincia. El debate expuso, además, la inacción estatal respecto a leyes preexistentes de idéntico tenor que nunca fueron reglamentadas, evidenciando las severas dificultades institucionales para combatir la agresividad social en el ámbito recreativo de Tucumán.

El texto final aconsejado por la Comisión de Deportes unificó el expediente N° 14-PL-26 de Vargas Aignasse con la propuesta N° 237-PL-26 impulsada por Claudio Viña, Ricardo Bussi, José Macome y Alberto Olea. El dictamen sanciona en su primer artículo la institución del día provincial cada 16 de noviembre bajo el lema "Juego Limpio dentro y fuera de la cancha". El objeto de la ley se limita a “promover la concientización, prevención y sensibilización social de todo tipo de violencia, agresión, discriminación, adicciones vinculadas al ámbito deportivo... fomentando un estilo de vida saludable... basado en los valores del respeto, la convivencia, la inclusión, la solidaridad, la responsabilidad y el juego limpio”. No obstante, la estructura punitiva que contenía el proyecto original de Vargas Aignasse fue totalmente descartada durante el tratamiento en comisión.

La propuesta original de la legisladora justicialista contemplaba un esquema sumamente riguroso para las entidades deportivas en su artículo 5°, detallando que ante denuncias se debían disponer medidas de separación provisoria del acusado. Su propuesta determinaba de manera contundente en el inciso f que “en el caso de incumplimiento de aplicar del procedimiento previsto en este articulo, el club, asociaci6n, federaci6n y centro deportivo al que pertenece la persona denunciada, no podrá participar de los torneos oficiales, en ninguna categoría durante un año”.

Asimismo, el artículo 6° de la iniciativa de Vargas Aignasse planteaba una drástica inhabilitación representativa para los deportistas que incurrieran en agresiones graves: “Cuando los actos de violencia o agresión revistan gravedad y exista un proceso judicial en el que a la persona denunciada se le hayan formulado cargos por delitos de lesiones de cualquier tipo, la misma no podrá integrar selecciones, equipos o planteles deportivos oficiales, en cualquier disciplina, competencia o instancia en representaci6n de la Provincia de Tucumán, ni tampoco podrá hacerlo de forma individual, hasta que se demuestre su inocencia con sentencia firme”, prohibición que adquiría carácter de “forma permanente” si el deportista resultaba condenado por la justicia ordinaria.

Este drástico recorte en el espíritu del proyecto original generó un indisimulable malestar en Vargas Aignasse, quien hizo oír su reclamo en pleno recinto. “Considero es una idea que ha sido tomado en cuenta de una manera parcial...”, expuso, y explicó que “el proyecto que yo había presentado tenía un fin un poco más ambicioso que este, que fue refutado dentro de la comisión que lamentablemente no hubo acuerdo dentro de mis compañeros integrantes de la comisión para sancionarlo tal cual estaba”. Pese a aceptar la decisión por respeto a la dinámica de comisiones, la legisladora remarcó la urgencia de aplicar castigos reales debido a los graves acontecimientos recientes: “frente a los hechos de violencia que han venido sucediendo, caso de los rugbistas en su momento, situaciones de acá de la provincia de Tucumán, cosas que lamentablemente pasaron en fines de semana pasado y que nuevamente somos noticia por situaciones de violencia en el deporte”. Para la parlamentaria, un deportista imputado por la justicia carece de la idoneidad para representar los colores tucumanos, afirmando que “no solamente una persona que representa a Tucumán en el deporte lo tiene que hacer por excelencia deportiva, sino que también lo tiene que hacer como ejemplo y como excelencia en lo que es el juego limpio y lo que es el desempeño”.

Por el contrario, el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), en representación de la Comisión de Deportes-es su presidente-, justificó la remoción de las sanciones al argumentar un conflicto de competencias con la normativa penal nacional. Bussi explicó que si bien consideraron el aporte de Vargas Aignasse, “lo cierto es que vimos que en el proyecto había una serie de sanciones para aquellos clubes que protagonicen hechos de violencia... y este sistema que proponían se chocaba de algún modo con la ley De la Rúa, que es una ley penal que tipifica acciones en cuanto a los ingresantes a los estadios de fútbol y también aquellos que han generado violencias deportivas”.

Bussi defendió la naturaleza formativa de la nueva ley y argumentó que se busca “organizar un ámbito de reflexión y explicar y hacer docencia sobre todo lo que implica este tipo de situaciones en el ámbito deportivo”. Sin embargo, el legislador coincidió en la alarmante gravedad de la situación local al rememorar los escandalosos hechos del 17 de agosto en la final de la Liga Tucumana de Fútbol entre Concepción Fútbol Club y Deportivo Graneros. “En este incidente los espectadores y jugadores en la zona de vestuarios se agarraron a las trompadas y se trasladó a las barras. Hubo invasión de campo deportivo, hubo bengalas, gases lacrimógenos, balas de gama y peleas fuera del estadio”, describió, advirtiendo que el fútbol regional viene sufriendo suspensiones y peleas con alarmante asiduidad.

La mirada más crítica de la jornada fue expuesta por el legislador Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán), quien advirtió que la provincia ya cuenta con herramientas legislativas contra la violencia que el propio Poder Ejecutivo mantiene inutilizables al no reglamentarlas. Berarducci recordó que “desde el año 2021 está dictada la ley que hace mención este proyecto, la ley 9489, que todavía está sin reglamentación y que preveía esto también, el dictado de charlas, de cursos de prevención en adicciones, en violencia, en todos los establecimientos deportivos de la provincia”.

Para el parlamentario, la parálisis administrativa de la Casa de Gobierno la convierte en un facilitador indirecto de la conflictividad en las tribunas y los clubes locales: “creo que esta mora en la reglamentación es colaboradora en los hechos de violencia... vemos casi todos los fines de semana, desgraciadamente a través de las redes, a través de los medios de comunicación, hechos de violencia en diferentes deportes”. Berarducci trazó un paralelismo con otras normas sancionadas y vetadas o cajoneadas por la administración de Osvaldo Jaldo para denunciar una inoperancia estructural: “hemos dictado una norma en el 2021, ¿esa norma fue eficiente? ¿Fue suficiente? Pero no lo podemos saber porque ni siquiera está reglamentada, es decir, no está, no se hizo operativa esa norma”. El legislador concluyó su alocución exigiendo que para frenar la alarmante degradación social y el imperio de la fuerza bruta en Tucumán “necesitamos la plena vigencia de la ley, el cumplimiento acabado de la ley y obviamente las autoridades de aplicación que ejecuten lo que se define en este poder legislativo”.