Con un peronismo dubitativo, la Cámara tratará en la próxima sesión el polémico veto de Jaldo a la ley de control de normas

El tratamiento parlamentario del veto total dispuesto por el gobernador Osvaldo Jaldo contra la ley de control post legislativo ingresó en una fase de profunda incertidumbre política, luego de que la Legislatura de Tucumán avalara sorpresivamente un planteo para discutir la insistencia de la norma en el recinto. La solicitud, planteada bajo la forma de una moción de preferencia en el inicio de la sesión de este jueves, expuso con claridad el estado dubitativo del bloque oficialista peronista, que se debate entre la subordinación a los dictados de la Casa de Gobierno o la preservación de la autonomía del propio cuerpo legislativo. Pese a las marcadas resistencias de algunos legisladores oficialistas de convalidar un proyecto que el Ejecutivo considera inconstitucional, la aprobación de la moción —en una sesión conducida por el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla— garantiza que el debate en torno al monitoreo parlamentario volverá a ocupar el centro de la escena política en la provincia en la próxima cita legislativa.

La apertura de la jornada ordinaria estuvo signada por el planteo de la bancada radical. Al hacer uso de la palabra, el legislador José Manuel Cano (Radicalismo Federal-foto inferior) fundamentó el pedido de tratamiento preferencial de manera contundente y solicitó formalmente la moción para revisar el rechazo gubernamental: “En virtud del veto de la ley recientemente sancionada por este poder legislativo y atendiendo a los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para proceder al veto total de la ley, no coincidiendo absolutamente en esos fundamentos, uno podría hasta homologar funciones de comisiones creadas en el Congreso de la Nación que de ninguna manera invaden facultades del Poder Ejecutivo para pedir la insistencia en el veto con dictamen o sin dictamen de la comisión”.

Al momento de someter a votación la preferencia propuesta por Cano, el reglamento requería de una mayoría especial para prosperar en el recinto. El sufragio dejó en evidencia una llamativa división dentro del oficialismo peronista: mientras que la casi totalidad de los legisladores del Partido Justicialista optó por el rechazo o el silencio, el único integrante de la bancada oficialista que acompañó activamente el pedido de los bloques refractarios al PJ fue el titular de la propia bancada peronista, Roque Tobías Álvarez, sin embargo, Mansilla dio por aprobado el requerimiento e informó que el polémico veto será analizado en una futura sesión.

La controversia institucional tiene su origen directo en el Decreto N° 1.939/14 (MGyJ), firmado por Jaldo y su ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el cual dispuso el veto absoluto del proyecto de ley sancionado el pasado 30 de julio por unanimidad. La fundamentación técnica del Ejecutivo provincial alegó que la norma vulneraba la división de poderes establecida en el artículo 101, inciso 3 de la Constitución de Tucumán, argumentando que la creación de un "Laboratorio de Medición de Impacto" manejado por parlamentarios constituía una superposición de funciones y una indebida injerencia sobre las competencias exclusivas de administración y ejecución de leyes reservadas al Gobernador. Para justificar jurídicamente su postura, la Casa de Gobierno invocó las doctrinas del constitucionalista Germán Bidart Campos sobre la limitación de las esferas de competencia de cada órgano del Estado.

Este bloqueo absoluto desató una ola de cuestionamientos unificados desde los bloques opositores, quienes defendieron el espíritu del proyecto originalmente elaborado por la propia bancada oficialista e ideado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse. La parlamentaria Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) advirtió de manera categórica que “si la Legislatura no puede preguntar qué pasó con las leyes que sanciona, renuncia a su responsabilidad institucional”. En idéntico sentido, José Seleme (Avanza Tucumán) consideró que el Gobernador se encuentra “desconectado de la realidad institucional de Tucumán”, mientras que Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) sumó su postura al señalar que “un gobierno seguro de su gestión no debería temer ser evaluado”.

Sin embargo, la mayor sorpresa política la brindó el justicialista Gerónimo Vargas Aignasse, quien marcó una drástica distancia con la iniciativa de su propio bloque al respaldar la decisión del mandatario provincial: “Estoy de acuerdo con el veto. No hice uso de la palabra en el recinto y acompañé porque el bloque acompañaba. Pero es un mal proyecto”, disparó, anticipando además su voto negativo en caso de un debate de insistencia.

La inminente discusión en el recinto somete a la bancada oficialista a un dilema institucional de difícil resolución de cara a las próximas semanas. El peronismo tucumano se encuentra ante la encrucijada de ratificar el espíritu original de la ley, la cual había sido apoyada con vehemencia por el propio titular de la Cámara, el vicegobernador Miguel Acevedo —bajo la premisa de que “las leyes que sancionamos deben ser medidas y evaluadas para conocer el impacto que producen en la sociedad y verificar que cumplan el efecto para el cual fueron creadas”—, o bien retroceder tácticamente para evitar una confrontación directa y abierta con las disposiciones del Poder Ejecutivo provincial.