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En la jornada de ayer el juez federal Ariel Lijo le concedió a Manuel Adorni una prórroga de 15 días para que presente ante la Justicia las explicaciones y la documentación destinadas a justificar la evolución de su patrimonio.
La medida fue adoptada a pedido de la defensa del ex-jefe de Gabinete, que había planteado la necesidad de acceder y revisar pruebas incorporadas al expediente antes de responder el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita.
El plazo original vencía a las dos primeras horas de mañana miércoles 26 de agosto. Ahora, con la extensión concedida por Lijo, la defensa tendrá un nuevo período para contestar las 20 preguntas formuladas por Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, había argumentado que todavía no había podido analizar en profundidad determinados archivos, conversaciones y otros elementos utilizados por la fiscalía para elaborar su requerimiento. Entre ellos se encuentran materiales obtenidos del teléfono del contratista Matías Tabar, quien realizó trabajos en una propiedad vinculada con Adorni en el country Indio Cuá.
Fuentes judiciales señalaron que Lijo avaló el reclamo "en resguardo de la garantía del derecho de defensa y su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados al objeto procesal", al tiempo que autorizó el requerimiento de acceso a la copia de los archivos.

La Causa
El pedido de explicaciones de Pollicita surgió después de un análisis patrimonial realizado por organismos especializad os del Ministerio Público Fiscal. El estudio comparó declaraciones juradas, movimientos financieros, bienes, gastos, deudas y distintas operaciones realizadas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Uno de los principales puntos bajo análisis es la diferencia entre los ingresos y los gastos del matrimonio. Según el dictamen fiscal, entre el 14 de diciembre de 2023, fecha en la que ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei, y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo como jefe de Gabinete, se acreditaron ingresos por $ 229.752.283,20, mientras que los gastos reconstruidos alcanzaron los $ 272.820.832,20. El desfasaje es de $ 43.068.549 y deberá ser explicado por el exfuncionario con documentación respaldatoria.
La fiscalía también puso la lupa sobre operaciones realizadas en moneda extranjera por unos U$S 402.578,12. Dentro de ese universo aparecen la compra y refacción de una propiedad en el country Indio Cuá, la adquisición de un departamento en la calle Miró (CABA) y gastos vinculados con mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Uno de los capítulos más relevantes de la investigación tiene que ver con los U$S 245.000 que, según diversos testimonios, fueron abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda del country.