Interna en el PRO Tucumán: un grupo de afiliados pidió suspender las elecciones del partido

El conflicto político en el partido Propuesta Republicana (PRO) Distrito Tucumán escaló hasta los tribunales. A través de una presentación firmada por Ernesto José Padilla, afiliado y apoderado de la Lista Marrón Nº 71, los opositores solicitaron ante la Justicia Federal Electoral la suspensión inmediata del cronograma electoral y la nulidad de la Resolución de Convocatoria Nº 3/2026 dictada por el interventor del espacio, Gabriel Santillán.

El reclamo pide frenar los plazos del proceso, cuya fecha de votación está estipulada para el próximo 17 de octubre. Además, advierte que el desarrollo de estos comicios bajo las reglas actuales genera perjuicios para la democracia interna y los derechos políticos del electorado del PRO.

Eliminación de antigüedad y un padrón bajo sospecha

Entre los principales cuestionamientos presentados ante el fuero federal, la presentación denuncia que la intervención exceptuó, vía resolución, la exigencia de seis meses de antigüedad en la afiliación para votar y ser candidato. Según la demanda, esta medida vulnera de forma directa el artículo 144 de la Carta Orgánica Nacional, que impone como regla dos años de antigüedad. De esta manera, se estaría alterando discrecionalmente el universo de afiliados habilitados mientras la elección ya se encuentra en marcha.

A esta alteración se suma la denuncia por irregularidades en el cuerpo electoral. En primer lugar, se reclama que no se dio cumplimiento al artículo 35 de la Ley Provincial Nº 5.454, el cual exige certificar mediante acta notarial o de funcionario público la veracidad del padrón definitivo. En segundo lugar, se objetó que los cambios de fechas e instructivos se comunicaron exclusivamente mediante la página de Facebook de la Junta Electoral, lo que no representa notificaciones fehacientes y formales a las listas participantes.

El depósito de $8 millones como barrera de entrada

La denuncia también apunta contra el artículo 7 de la convocatoria y el reglamento electoral, que exige la constitución de un depósito de garantía de $8.000.000 por cada lista como condición excluyente de admisibilidad.

Los denunciantes sostienen que la Junta Electoral y la Intervención carecen de competencia estatutaria para fijar esta condición. A su vez, advierten que dicho monto excluye a las agrupaciones que no cuentan con gran estructura financiera.

La carta documento que precedió la judicialización

El planteo ante la Justicia ocurre luego de que los afiliados intimaran formalmente por carta documento al interventor del PRO el pasado 7 de agosto. En esa presentación, le otorgaron un plazo de 48 horas para sanear el proceso, pero no obtuvieron respuesta.

Frente a la inacción y el avance del calendario, la lista opositora exigió a la Justicia que suspenda el cronograma electoral interno del PRO Tucumán, así como el vencimiento y los efectos del plazo de presentación de listas. También pidieron que se impida la oficialización, rechazo o exclusión de listas en función de los requisitos cuestionados y que se frenen las etapas del proceso hasta resolver la cuestión de fondo.

"La elección interna debe ser una competencia limpia, transparente y con reglas claras para todos. Ningún sector puede pretender que las reglas se acomoden a conveniencia cuando el proceso electoral ya comenzó", reclamaron los afiliados de la lista marrón.