Cruces al límite y tensión en el recinto: la oposición calificó al ERSEPT como una "unidad básica" del oficialismo

El debate en la Legislatura tucumana para ratificar la intervención del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) y la designación de Eduardo Cobos como su nuevo interventor se desarrolló bajo un clima de extrema hostilidad y acusaciones cruzadas entre las bancadas. La sesión de la Cámara puso en el centro de la escena la vulnerabilidad institucional del organismo de control, su falta de independencia frente al Poder Ejecutivo y la devaluada práctica de recurrir a Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para prolongar las intervenciones estatales en lugar de normalizar los entes reguladores. Además, la discusión desnudó duras críticas al deficiente control sobre las prestatarias monopólicas de energía y agua, como EDET y la SAT, y derivó en altercado verbal que casi pasa a lo físico entre parlamentarios que obligó a la intervención de sus pares para evitar que la confrontación escalara a otro niveles de discusión.

Para comprender la designación de Cobos, cabe recordar los acontecimientos que forzaron la vacante en el organismo de control. La salida del anterior interventor, el radical Ricardo Ascárate, se produjo tras un agudo conflicto institucional con la subinterventora del ERSEPT, Ingrid Lausberg. Ambos funcionarios mantuvieron un cruce de acusaciones y desacuerdos administrativos ventilados en expedientes públicos. El punto de quiebre ocurrió cuando Lausberg intimó a Ascárate a cesar cualquier orden que prescindiera de su firma —bajo el Expediente N° 4217/390-L-2026— y calificó un pedido de informe sobre la situación de revista de 13 agentes promovido por el interventor como un acto de “incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública”. Este desgaste interno culminó con la renuncia de Ascárate, abriendo paso a la firma del DNU del gobernador Osvaldo Jaldo para designar a Cobos, en un contexto provincial signado por la judicialización de las intervenciones, como la del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), cuyo fallo de normalización en 60 días fue apelado por el Poder Ejecutivo.

La ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/1 de fecha 3 de agosto de 2026 expuso las fracturas del arco político tucumano. En primer término, la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse, en su rol de miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, defendió la legalidad del procedimiento adoptado por el Ejecutivo provincial. Vargas Aignasse señaló que la comisión analizó el decreto acuerdo y consideró que “esta es una facultad atribuida al Poder Ejecutivo en la Constitución de la provincia en el artículo 101 inciso 2”. En consecuencia, concluyó que “hemos considerado pertinente ratificar en todos sus términos el decreto acuerdo con invocación de urgencia a estudio de la comisión, por lo tanto recomendamos su sanción”.

A continuación, la legisladora opositora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) cuestionó con dureza la justificación técnica del decreto y la recurrencia de las intervenciones. “La pregunta que yo me haría en este momento es mucho más incómoda que poner en tela de juicio un nombre... porque es hasta cuándo la excepción constitucional se puede estirar, dar vuelta y convertirla lisa y llanamente en la forma en que se gobierna un organismo”, sentenció. Elías de Pérez leyó el artículo 101 de la Constitución para recordar que “el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Asimismo, apuntó a las contradicciones del Ejecutivo en el reparto de potestades: “cuidadito con que algo que nosotros sancionemos acá le haga suponer que podemos invadir en algo al Poder Ejecutivo, como con la creación del monitoreo postlegislativo que fue vetado. Ahora, acá nosotros permitimos no solo que se invada la esfera del poder legislativo sino que se la lleve puesta por cosas que no tienen sentido”. Respecto a las condiciones de urgencia esgrimidas en el decreto, la legisladora advirtió que el informe final de Ascárate demostraba un organismo financieramente sano, habiendo dejado “el organismo con $10.394 millones de superávit, incluido $4.000 millones para las facturas de zonas inundadas. ¿Cuál es entonces la urgencia?”. Finalmente, Elías de Pérez trazó un sombrío panorama de las intervenciones en Tucumán: “tenemos con esta metodología 36 años del Subsidio de Salud intervenido. 35 años del IPV intervenido, 28 años del IPACYM intervenido, 23 años de la Caja Popular intervenida, 26 años del IPLA intervenido. Ahora empezamos los primeros dos años del ERSEPT. Ese no es el mejor camino”.

José Seleme (Avanza Tucumán), focalizó sus cuestionamientos en la pérdida de autarquía y profesionalismo de los entes reguladores. “Queremos un ente autárquico de verdad, con autoridades elegidas como corresponde, con procedimientos legales. Hay que dotarle al ente estabilidad, sobre todo independencia, transparencia, profesionalismo”. Seleme comparó la actitud de Jaldo ante el fallo del IPLA con la situación del ERSEPT: “Hace pocos días la justicia dio un fallo ejemplar, intimó al gobernador Jaldo con 60 días para normalizar el IPLA, pero decidió tomar el camino totalmente opuesto y seguir con la intervención... Política alperovichista, mansurista, son iguales los tres”. En uno de los tramos más críticos de su alocución, Seleme le dirigió una severa advertencia al nuevo interventor: “Para el ingeniero Cobos, un solo pedido: el ERSEPT no debe ser una unidad básica, es un ente donde se defiende y se representa a los usuarios”.

Posteriormente, el legislador oficialista Hugo Ledesma tomó la palabra para lanzar severos reproches a la gestión saliente de Ricardo Ascárate. Ledesma expresó de manera tajante: “no estoy de acuerdo con que haya sido una buena gestión. Creo que ha sido muy perjudicial. Creo que lejos de defender a los ciudadanos ha defendido a EDET y a Transnoa”. Fundamentó su crítica señalando que el exinterventor “ha avalado aumentos totalmente usurarios de EDET, perjudicando a todos los ciudadanos de esta provincia, donde cuando tiene que poner una multa a EDET es irrisoria, encima luego la empresa apela esas multas muchas veces en la justicia”.

Por su parte, el legislador José Cano (Radicalismo Federal) defendió el desempeño del funcionario saliente y alertó sobre la degradación institucional del parlamento. “Yo estoy convencido que Ascárate hizo una buena gestión. Cuando Ascárate asumió, el Ejecutivo tuvo que asistir para poder pagar el aguinaldo a los empleados. Hoy quedaron $10.800 millones, se recuperó el fondo de eficiencia energética que al ERSEPT nunca se le exigió que lo utilice como debía”. Cano fustigó la discrecionalidad del Ejecutivo al intervenir organismos sin participación de la Cámara: “vemos de nuevo utilizar un mecanismo que para mí nos degrada institucionalmente... no entiendo por qué el Ejecutivo tiene una doble vara cuando hay que votar o intervenir algunos organismos que están intervenidos desde hace década y acá no llegó ningún pedido de que el poder legislativo convalide una facultad que es excluyente del Ejecutivo y que lo puede hacer a través de un decreto simple”. En virtud de estos argumentos, Cano solicitó autorización para abstenerse en la votación.

A su turno, el legislador Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) recurrió a una metáfora futbolística para ilustrar la situación: “voy a hablar haciendo una analogía, voy a hablar no de los jugadores, sino de quién hace los cambios y cómo los hace. O sea, como si estuviera hablando no de los jugadores, sino del Chacho Coudet”. Viña repasó la secuencia de decretos del ERSEPT: “apenas arrancó nuestra gestión, el DNU 3/1 de marzo de 2024 interviene el ERSEPT. Se descabeza al ERSEPT y se pone de interventor al ministro de Economía por 120 días. El 20 de marzo, 5 días después se decide sacarlo a Abad y poner al ingeniero Ascárate; en lugar de 120 días se pasa a 1322 días. El 29 de abril de 2026 se inventa un cargo no previsto, la subinterventora... la obra tenía un nombre: 'Ascárate, te estoy controlando'. Evidentemente era así porque Ascárate no resistió esto y explotó, renunció”. Respecto a la llegada de Cobos, Viña calificó el nuevo DNU como una continuación del esquema: “la segunda temporada se llamaría 'Premiando a Cobos', porque acaba de dejar su cargo un poco disgustado de Defensor del Pueblo por no haber sido ratificado... e instalado en un lugar de similares características para realizar una gestión donde la individualidad y la independencia están obviamente fuera de lugar”. Denunció además que el uso de la Ley 7878 de intervenciones es inapropiado ya que la norma exige hechos graves que en este caso no fueron debidamente probados.

En idéntico sentido restrictivo, el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) coincidió con sus predecesores y denunció la velocidad con la que el nuevo interventor alineó sus decisiones al Ejecutivo. “Marzo de 2024 se intervino el ERSEPT por 120 días... Pasaron dos años y medio y de nuevo estamos discutiendo el mismo tema... ¿la emergencia terminó? ¿Cuáles son los motivos?”. Courel advirtió sobre las anomalías administrativas derivadas de la falta de control autónomo: “terminan siendo apéndices del Poder Ejecutivo y se producen anomalías como la que pasó cuando el interventor ya designado, el ingeniero Cobos, 10 días después de haber sido designado ya estaba firmando el acta de prórroga de la licitación del paquete accionario de EDET”. El parlamentario concluyó que “los entes autárquicos no defienden a los usuarios... sino terminan siendo un apéndice del gobernador”.

Acusaciones de proselitismo y máxima tensión en el recinto

El momento de mayor dramatismo de la sesión comenzó con la intervención del legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). Bussi manifestó su rechazo absoluto al DNU, señalando que la ley 8479 exige que el ente sea autárquico e independiente para sacarlo de la influencia política, requisitos incumplidos por la designación directa. Al referirse a la trayectoria de Eduardo Cobos, Bussi denunció el presunto uso clientelar de la Defensoría del Pueblo para beneficiar la campaña electoral de su hijo, el actual legislador Tomás Cobos: “el Defensor del Pueblo ha sido utilizado claramente para hacer política en la última elección provincial. Todos estos elementos con que cuenta la Defensoría del Pueblo fueron utilizadas por el defensor para apuntalar la carrera de su hijo, que hoy ocupa la banca de legislador provincial”. Para graficar su acusación, Bussi aportó datos de las planillas salariales del organismo: “la Defensoría contaba con 340 empleados permanentes. Luego cuando se fue y de acuerdo a la ley de presupuesto 2026, la oficina cuenta con 486 empleados de planta permanente, lo cual indica que hay 146 empleados nuevos. Esto se hizo por la campaña”.

La respuesta del legislador oficialista Cobos fue inmediata y de una marcada agresividad retórica. Cobos solicitó la palabra y arremetió contra el referente de Fuerza Republicana: “uno también está cansado de escuchar a estos dinosaurios políticos que, bueno, por ahí no tan solo dinosaurio, sino que ya a lo largo de la historia de esta política creo que van a dejar de existir”. Tras recordar que las denuncias de juicio político contra su padre fueron archivadas por falta de pruebas, Cobos elevó el tono y disparó una grave acusación: “siguen mintiendo y criticando con cosas que no son ciertas... pero son los primeros que pasan por Presidencia (de la Cámara) o por la Casa de Gobierno a pedir bolsos. No sé qué bolsos la verdad, pero bueno, habría que empezarlo a hablar”. Cobos defendió la legitimidad de su banca expresando que “aquí fui elegido por la gente. Las instituciones acá no se usan para hacer política, se equivocan y deberían estudiar más”.

La alusión a los "bolsos" desató la réplica de Bussi, quien pidió nuevamente la palabra para desacreditar los dichos del joven legislador. Bussi atribuyó las expresiones de Cobos a su inexperiencia legislativa: “entiendo que es joven y está haciendo sus primeras armas en política, está dando pasos de aprendizaje... se debe a su falta de conocimiento, que los partidos de la oposición no tienen que hacer nada, salvo señalar, proponer, criticar, establecer alternativas... El que tiene que hacer es el gobernador”. Con relación a la grave acusación del oficialista, Bussi exigió medidas disciplinarias a las autoridades de la Cámara: “Yo a la Casa de Gobierno no voy hace años... si se hacía una denuncia de este tipo hay que especificar más... fecha, lugar, de qué bolso se trata... merece por lo menos un chirlo decirle eso al presidente de nuestra legislatura (Miguel Acevedo)”.

La tensión se maximizó inmediatamente después de concretarse la votación del pliego. Cobos y Bussi, cuyas bancas estaban separadas apenas por un pasillo, continuaron una acalorada discusión en voz baja. En un estado de evidente ofuscación, el legislador oficialista se levantó de su asiento, se aproximó a la banca de Bussi y lo increpó con la frase: “Vamos afuera”. Ante esta actitud de confrontación física, Bussi denunció la amenaza a viva voz dirigiéndose al presidente del debate, Sergio Mansilla: “¡Me está amenazando!”. Cobos intentó justificar su accionar exclamando: “Él está pidiendo que me den un chirlo”. La situación requirió que varios parlamentarios del bloque justicialista intervinieran físicamente para contener a Cobos y escoltarlo de regreso a su banca, logrando finalmente que se retirara del recinto legislativo para evitar incidentes mayores.

Restablecido parcialmente el orden en el recinto, los últimos oradores expusieron sus consideraciones finales antes de proceder a la votación.

El legislador José Macome (Compromiso con la Libertad) sumó su rechazo a la ratificación de la intervención describiendo cómo el esquema de prórrogas daña la estructura de servicios de la provincia. Macome advirtió que lo que debería estructurarse como un círculo virtuoso entre el Poder Ejecutivo, el control del ente y la prestataria, termina desvirtuándose: “lo que veo con estas intervenciones sucesivas es que un círculo virtuoso, se convierte realmente en un círculo vicioso. Se contrata una empresa... la convierte en una empresa monopólica... la empresa monopólica presta un servicio que es malo, que es costoso, que tiene cortes... el ente que debería controlarlo está intervenido, o sea, que el control y el equilibrio no existe”.

Finalmente, el titular delo bloque oficialista Roque Álvarez cerró la lista de oradores manifestando el respaldo unánime de la bancada peronista al DNU de la Casa de Gobierno. Álvarez defendió la idoneidad de Eduardo Cobos y destacó su compromiso histórico en el control de las tarifas: “vamos a acompañar el dictamen de la comisión dando conformidad a este DNU... y deseándole éxito a quien propone como interventor... que en algún momento fue colega de esta cámara y la verdad que siempre, antes inclusive de ser Defensor del Pueblo, estuvo permanentemente en todas las audiencias de EDET”. Álvarez concluyó señalando que el éxito de la gestión del nuevo interventor redundará de manera directa en un beneficio concreto para los más de 450.000 usuarios de energía eléctrica de Tucumán.

Al concluir el debate parlamentario, la votación nominal arrojó un resultado definitivo de 36 votos a favor del dictamen de ratificación, 7 votos en contra (pertenecientes a los bloques de la oposición que cuestionaron la legalidad del DNU) y una sola abstención, formalizada por el legislador José Cano. Con este resultado, el Poder Ejecutivo provincial logró convalidar formalmente la cuestionada designación de Eduardo Cobos al frente del ERSEPT, aunque el prolongado conflicto de poderes y los severos cuestionamientos sobre el control de las tarifas de los servicios públicos seguirán marcando la agenda política tucumana.