Fuerte rechazo de La Libertad Avanza al proyecto oficialista que busca regular contenidos en redes

La Libertad Avanza Tucumán endureció este jueves sus críticas contra el proyecto impulsado por el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse que busca crear una "Medida Cautelar Digital" para ordenar la eliminación de publicaciones consideradas calumniosas o injuriantes. El espacio libertario se declaró en “estado de alerta”, denunció un intento de avanzar sobre la libertad de expresión y advirtió sobre una supuesta afectación a la división de poderes.

A través de un comunicado oficial, el partido expresó su “profunda preocupación” por la iniciativa, que ya cuenta con dictamen de comisión en la Legislatura provincial, y cuestionó que se pretenda establecer mecanismos para que la Justicia intime a ciudadanos a retirar publicaciones o videos de redes sociales.

“La libertad de expresión es un valor fundamental de toda sociedad democrática y republicana. Cualquier intento de restringirla, limitarla o generar mecanismos de censura representa un avance preocupante contra derechos y garantías esenciales de los ciudadanos”, señalaron desde el espacio que conduce Lisandro Catalán.

La fuerza opositora también sostuvo que “pretender que el Poder Legislativo intervenga para condicionar u obligar el accionar del Poder Judicial constituye un hecho de enorme gravedad institucional” y reclamó frenar cualquier iniciativa que implique “un atropello a las libertades individuales y a la división de poderes”.

A través de su cuenta de X, Catalán vinculó el debate con la gestión del peronismo en la provincia. “Los mismos que llevan décadas hundiendo a Tucumán ahora pretenden avanzar sobre la libertad de expresión. Quieren controlar las críticas porque no pueden defender los resultados. Nosotros vamos a defender la libertad de cada tucumano frente a cualquier intento de censura”, afirmó el exministro del Interior de la Nación.

También se sumó a las críticas el diputado nacional Gerardo Huesen, quien calificó al expediente como un “mamarracho que busca silenciar a Tucumán”. A través de la red social X, sostuvo que la iniciativa constituye un “grosero bozal legal” y una herramienta de persecución “a medida del poder de turno”.

“Primero te eliminan la publicación, te censuran y después averiguan. Es un atropello feroz contra el uso democrático de las redes sociales, destruyendo el debate público y la pluralidad de voces que sostienen a cualquier sociedad libre”, manifestó el legislador nacional, quien además consideró que el proyecto busca “blindar privilegios políticos y amordazar a la ciudadanía”.

En la misma línea se expresó el diputado nacional Federico Pelli, quien cuestionó las prioridades del oficialismo provincial. “El peronismo en Tucumán pensando siempre y trabajando en cuestiones ‘estratégicas’ e ‘importantes’ para la provincia. Increíble. Con tantas necesidades y situaciones de emergencia que tienen los tucumanos en su día a día. Ese es el nivel de desconexión que existe entre la vieja política y los ciudadanos de a pie”, señaló.

Qué propone la iniciativa

El proyecto promovido por Vargas Aignasse, que ya cuenta con dictamen de comisión, crea una figura denominada “Medida Cautelar Digital”, destinada a actuar sobre publicaciones que constituyan calumnias o injurias de manera “manifiesta, inequívoca y acreditada”. La herramienta alcanzaría no sólo a las redes sociales, sino también a portales de noticias, diarios digitales y otros medios de comunicación en Internet.

La propuesta establece que un juez penal provincial deberá resolver el pedido en un plazo máximo de seis horas y sin escuchar previamente al autor del contenido cuestionado. En caso de hacer lugar a la solicitud, podrá ordenar la eliminación, el bloqueo o la desindexación de la publicación y, además, impedir nuevas reproducciones del mismo contenido.

Tras las críticas recibidas, la comisión legislativa introdujo modificaciones al texto original. La principal fue excluir de este procedimiento a los funcionarios públicos y a los cargos electivos, en respuesta a las advertencias sobre un eventual uso de la norma para limitar investigaciones periodísticas o cuestionamientos a la gestión.

No obstante, se mantuvieron aspectos centrales como el trámite sumarísimo y la posibilidad de actuar sobre contenidos publicados en medios digitales. El proyecto también incorpora una cláusula según la cual los jueces deberán rechazar las medidas cuando exista una duda razonable sobre si el contenido constituye una opinión, una crítica o información de interés público.

Por su parte, Vargas Aignasse rechazó las acusaciones de censura y defendió la iniciativa. “No es censura. Es poner un límite a la difamación”, argumentó el legislador peronista, al sostener que las redes sociales permiten la rápida viralización de publicaciones falsas que luego resultan difíciles de reparar.