Tratamiento reservado y exprés: blindan la ley que corrige errores técnicos en la entrega de tierras públicas

En medio de un clima enrarecido y fuertes críticas, la Legislatura de Tucumán sancionó este jueves la modificación de una ley de autoría de Mario Leito que, pese a haber sido aprobada el pasado 28 de mayo, aún no cuenta con número oficial al no haber sido promulgada por el Poder Ejecutivo. La sesión, presidida por Miguel Acevedo, estuvo marcada por la polémica decisión de la mayoría oficialista de evitar cualquier tipo de debate sobre la regularización dominial de terrenos en las comunas de San Pablo y El Manantial, un tema que ya había despertado sospechas por el posible "estrangulamiento" de vías públicas en beneficio de desarrolladores privados. La sanción se produjo de manera exprés, impidiendo que los parlamentarios de la oposición expresaran sus reparos técnicos y políticos sobre una norma que nació con severas advertencias de organismos estatales sobre errores en las nomenclaturas catastrales.

Al inicio de la jornada, Leito solicitó formalmente el tratamiento "sobre tablas" y reservado de la iniciativa, que no contaba con dictamen de comisión, pedido que fue avalado de inmediato por el bloque del Partido Justicialista. Para justificar la celeridad y la omisión de la discusión en el recinto, Leito argumentó que “este es un tema que fue tratado en la sesión anterior (28 de mayo), que era esa desafectación del dominio público de algunos terrenos de la jurisdicción de San Pablo y de El Manantial”. Según el parlamentario, los cambios propuestos respondían a un “tema meramente de nomenclatura”, por lo que solicitó que “directamente evitemos el debate alguno y pasemos directamente a votar para darle más agilidad y podamos resolver rápidamente”.

Esta metodología impidió que legisladores opositores como Manuel Courel y Alfredo Toscano pudieran tomar la palabra para profundizar en las denuncias vertidas en la sesión previa, donde calificaron a la ley como una medida que “va en contra de toda planificación urbana” al cerrar calles esenciales para el tránsito regional. Ante la recriminación de los parlamentarios que se vieron privados de su derecho a expresarse, el titular de la bancada del PJ, Roque Tobías Álvarez, justificó la postura oficialista al señalar que era "irracional la justificación del voto" puesto que los argumentos ya se habían expuesto durante el tratamiento del proyecto original a fines del mes pasado.

Para contextualizar el conflicto, cabe recordar que la rectificación de la ley surge tras las advertencias de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas, que detectó que el proyecto original pretendía desafectar como parcelas catastrales lo que en realidad son “caminos en desuso”, un error técnico que ponía en riesgo el carácter inalienable de los bienes públicos. El nuevo texto legal intenta ahora precisar que las tierras deben destinarse exclusivamente a la “regularización dominial, erradicación, construcción y/o consolidación de los asentamientos o barrios de emergencia de la zona”, buscando así despejar las dudas sobre el favorecimiento a emprendimientos privados.

Finalmente, la votación se llevó a cabo con el apoyo mayoritario del bloque Justicialista y el voto negativo de seis legisladores opositores. La nueva redacción del Artículo 2° supedita la operatividad de la norma a que la firma Citrusvil S.A. realice un “desistimiento expreso, irrevocable e incondicional” de toda acción legal presente o futura sobre los inmuebles afectados. A pesar del barniz de "fin social" que se le pretendió dar a la reforma, la sanción a puertas cerradas dejó un manto de sospecha sobre el manejo de la tierra pública, especialmente luego de que en el debate anterior se sugiriera que el sector privado estaba “apretando” al Estado para obtener estas tierras a cambio de no desalojar a familias residentes.