Ex comisarios, destituidos por utilizar peligrosos presos para trabajos personales, negaron las evidencias y cuestionaron su baja

El Poder Ejecutivo de Tucumán confirmó la destitución de dos altos oficiales de la Policía Provincial, rechazando sus apelaciones y subrayando la gravedad de sus acciones, que comprometen la integridad institucional y la confianza pública en la fuerza de seguridad.

En un decreto firmado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el gobierno provincial desestimó los recursos de reconsideración presentados por el ex comisario general Gustavo Javier Beltrán y el ex comisario mayor Sergio Marcelo Juárez, quienes fueron dados de baja el 11 de noviembre de 2025 mediante el Decreto N° 3.407/7 (MS), tras comprobarse que ambos habrían empleado a presos y efectivos policiales para realizar trabajos de construcción en una vivienda particular de Beltrán, ubicada en la zona de El Cadillal. Los ex funcionarios, que ocupaban cargos clave en la Unidad Regional Norte, cuestionaron la medida alegando falta de precisión en las acusaciones, ausencia de motivación legal y violación al debido proceso. Juárez argumentó que el acto "no precisa: las supuestas conductas en que incurrió, que serían incompatibles con la función policial; las pruebas que se tuvieron por producidas ni los hechos graves que se verificaron", y agregó que "la sanción de baja es inexistente". Por su parte, Beltrán sostuvo que el decreto "carece de sustento legal; no se encuentra motivado; no posee los requisitos esenciales para su validez; crea para el caso concreto una sanción no tipificada por el ordenamiento jurídico específico; viola el debido proceso y el derecho de defensa".

Sin embargo, las autoridades rechazaron estos planteos basándose en evidencias concretas que demostraron el uso indebido de presos para tareas personales. El decreto detalla que las actuaciones se iniciaron a partir de "mensajes de Whatsapp -con imágenes, fotografías y videos-, remitidos al teléfono del Sr. Ministro de Seguridad. Sus emisores refieren ser miembros de la fuerza policial y no identificarse por temor a represalias. Refieren que el Jefe y el Subjefe de la Regional Norte utilizan presos para tareas en sus domicilios. Las denuncias consignan que para el traslado de los presos afectan a personal policial y utilizan una camioneta secuestrada". Se identificaron a los presos involucrados: "Juan José Santillán, con condena de Homicidio; José Daniel Sapura, condenado por abuso sexual y peligroso por haber estado prófugo de la justicia; y Gerardo Rubén Palacios, con condena por abuso sexual a una menor".

La prueba clave fue un acta de constatación notarial realizada el 11 de noviembre de 2025 en la propiedad de Beltrán en El Cadillal, mediante Escritura Pública N° 535 de la Escribanía de Gobierno. El documento describe: "en el interior de la propiedad allí identificada se encuentran 4 personas de las cuales dos de ellas le hacen entrega de los DNI y constato que corresponden a los señores Lucas Osvaldo Tezeira, quien manifiesta tener el cargo 4689 y ser chofer del Comisario Beltrán y el Sargento Luis Roberto Trejo, cargo 5389, quien manifiesta prestar servicio en Regional Norte de la Policía de Tucumán y su función es 'Logístico'. A la par de ellos se encuentran dos personas que ante la pregunta de identificación que les hace el Sr. Ministro de Seguridad, ellos se identifican, pero no exhiben sus DNI, como José Sapura, manifestando, y además expresa que tiene una condena por abuso sexual. A la par de quien se identificó como Sapura se encuentra Miguel Lorenzo Romano, y condena por abuso sexual. Continúa el requirente preguntando, respecto al lugar donde estaban alojados y ambos responden: 'en Chuscha'. También les pregunta quién los envió a la casa donde se encontraban y que tareas hacían allí, ante dichas preguntas responden que han sido enviados por instrucción del Comisario General Beltrán y que realizan tareas de albañilería. Los detenidos además manifiestan que hacen 'conducta' al salir a trabajar. Continúa con las preguntas en cuanto al tiempo que llevan haciendo las salidas hacia la casa, y responden que lo hacen desde hace dos o tres meses y que se trasladan en una camioneta. Ante la pregunta del Sr. Ministro 'de quien los envió?', 'saben que están aquí?', ellos responden que en la casa realizan trabajos de albañilería para el Comisario Beltrán, el que recibe el apodo de 'abeja' y para el Comisario Sergio Juárez, que recibe el apodo de 'colario'". La camioneta mencionada fue hallada en el lugar, confirmando su uso irregular.

El Ejecutivo argumentó que esta conducta viola el régimen policial establecido en la Ley N° 3.656 (Ley Orgánica de la Policía), que exige "el mantenimiento del orden público, la seguridad general y la paz social", y prohíbe utilizar la fuerza para fines ajenos. Asimismo, infringe la Ley N° 3.823, que impone deberes como "mantener en la vida pública y privada, el decoro que corresponde", y el Decreto Reglamentario N° 5.166/14, que califica como faltas graves "no mantener en la vida pública y privada la corrección y el decoro que impone la función; (...) mantener vinculación personal con delincuentes (...); (...) desarrollar actividades (...) incompatibles con el desempeño de las funciones policiales (...); (...) todo acto que afecte gravemente la disciplina, el prestigio o la responsabilidad de la repartición, o la dignidad del funcionario". Se destacaron agravantes como "la participación o en presencia de subalternos; la mayor jerarquía; la consecuencia grave que haya producido la transgresión; (...) la trascendencia pública que haya tenido el hecho".

Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad.

Las autoridades enfatizaron el "carácter de flagrancia administrativa" de los hechos, que "excluye cualquier duda razonable sobre su ocurrencia y la participación de los agentes recurrentes", permitiendo medidas inmediatas sin necesidad de pruebas adicionales. El decreto concluye que "la gravedad intrínseca de los hechos constatados, su acreditación flagrante, y el consiguiente quebrantamiento de la confianza pública e institucional, toman plenamente justificada la medida adoptada". Además, se remitió el caso a la Fiscalía Penal, donde se investiga a 12 efectivos, incluido Beltrán bajo prisión preventiva.

Los recurrentes no aportaron pruebas para desvirtuar las evidencias, limitándose a "cuestionar aspectos formales del procedimiento, sin controvertir de manera concreta ni la materialidad de los sucesos ni su propia participación en ellos". El dictamen de la Fiscalía de Estado respaldó el rechazo, y el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto N° 3.776/7 (MS) el 10 de diciembre de 2025, dejando firme la destitución en defensa del interés público y la integridad de la Policía.