El PE dejó cesantes a dos agentes públicos implicados en las usurpaciones de tierras fiscales

En un nuevo capítulo de un escándalo que sacudió a comienzos de año a la administración pública tucumana y a la gestión gubernamental, el Poder Ejecutivo provincial, mediante el Decreto 2684/1 refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, dispuso la cesantía de dos empleados de planta permanente, Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y Pablo Rafael Trujillo, por su participación en un esquema de usurpación de terrenos fiscales. Ambos agentes, que prestaban servicios en la Secretaría General de la Gobernación tras haber operado en la extinta Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, enfrentan no solo la sanción administrativa, sino también una investigación penal por delitos que incluyen asociación ilícita, estafa, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El caso, que involucra la irregular gestión de un loteo en perjuicio del Superior Gobierno de la Provincia, pone en evidencia graves violaciones a la ética pública y cuestiona la integridad de los procesos de regularización dominial en la provincia. Pese a la contundencia de las pruebas recopiladas, los agentes persistieron en negar y naturalizar su accionar, lo que agrava la percepción de una crisis de confianza en la gestión pública.

El Decreto detalla que la investigación administrativa, iniciada el 27 de enero de 2025 y la Resolución N° 87 de la Secretaría General de la Gobernación del 21 de febrero de, tuvo como propósito analizar la conducta de Barreiro y Trujillo ante “irregularidades detectadas en relación a trámites y/o gestiones llevados a cabo en la prestación de servicios en la ex Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat” y su vinculación con la causa penal “Castro Juan Pablo s/Usurpación, estafa, art. 172 - Víct. Superior Gobierno de la Provincia” (Expte. N° 000079/2025). La investigación judicial, según el instrumento legal, reveló que los agentes, en connivencia con terceros, participaron en la venta de 17 lotes de un terreno fiscal identificado ubicado en una reserva natural. “Los testimonios de los usurpadores refieren que en el loteo en el que compraron los terrenos, había 17 lotes de Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, ambos funcionarios del Gobierno, y que fueron ellos quienes le ofrecieron a Juan Pablo Castro (supuesto titular del emprendimiento “Loteo Gaucho Castro”) hacerle el proyecto de loteo a cambio de 17 lotes que después fueron vendidos por Trujillo e incluso ofrecidos en las redes sociales”, consigna el documento. Además, se señala que los implicados otorgaron terrenos al delegado comunal de El Mollar Jorge Cruz hijo (apartado de su cargo por el gobernador Osvaldo Jaldo) para la apertura de calles internas y que otro funcionario, Fernando Roger Chaler (ex titular de Dominio Territorial) proporcionó constancias fraudulentas para presentar ante EDET, dando una falsa apariencia de legalidad a los trámites.

EL PREDIO. Tierras fiscales usurpadas. Fofo La Gaceta.

Las pruebas recopiladas incluyen allanamientos positivos en los domicilios de los denunciados, denuncias de particulares que abonaron sumas de dinero a cambio de supuestos trámites de regularización, y capturas de mensajes de WhatsApp que acreditan las gestiones irregulares de los agentes. Los denunciantes aportaron comprobantes de depósitos, recibos firmados por Barreiro y Trujillo, y hasta imágenes de este último recibiendo dinero.

A pesar de la contundencia de las pruebas, Barreiro y Trujillo, en sus descargos, negaron las acusaciones y justificaron sus acciones como parte de prácticas habituales. Barreiro afirmó que “antes de confeccionar los planos a favor de Castro, verificó la posesión de Castro y que lo mensurado no estuviera dentro de la zona de ANP (Área Natural Protegida)” y que los cobros por sus servicios estaban “legalmente justificados”. Incluso, sostuvo que una denunciante le hacía “regalos” por su buena atención, desestimando las acusaciones de cobros indebidos. Por su parte, Trujillo argumentó que “las labores de mensura y elaboración de planos nunca fueron enteramente gratuitas” y que su rol en la Subsecretaría tenía un carácter “político asistencial”, justificando los adelantos dinerarios percibidos.

El decreto, sin embargo, desestima estas defensas, destacando que “las pruebas reunidas en el sumario fueron debidamente analizadas y acreditan que los agentes Trujillo y Barreiro participaron activamente en las gestiones vinculadas al loteo Gaucho Castro, en perjuicio del Superior Gobierno de la Provincia, al intentar sustraer del acervo patrimonial de la Provincia, un inmueble de gran importancia para el bien común, ubicado en una reserva natural, creando una apariencia de legalidad a su accionar”. Además, subraya que los agentes “percibieron sumas dinerarias para imprimir trámite a gestiones que legalmente fueron concebidas como gratuitas, lo que evidencia un proceder constante y sistemático, arraigado en los investigados que, incluso, lo relatan como algo natural, lógico y justificado”.

El caso trasciende las conductas individuales de los agentes y pone en cuestión los estándares éticos de la función pública. El decreto cita a la doctrina especializada, recordando que “la ética en la función pública exige a los servidores estatales un estándar de comportamiento más alto que el de un particular” y que “la confianza pública se cimienta en la seguridad de que los agentes actúan únicamente en función del interés general, de modo que la aceptación de beneficios privados, aun mínimos, erosiona la credibilidad institucional” (Cassagne, Derecho Administrativo, 2003). En este sentido, la conducta de Barreiro y Trujillo, que incluye la violación de los artículos 29 (incisos 1, 5, 9 y 20) y 30 (inciso 7) de la Ley N° 5.473 (Régimen del empleado público), constituye una afrenta a los principios de rectitud, decoro y transparencia que deben regir la administración pública.

Contexto y repercusiones

La sanción de cesantía, dispuesta en el artículo 2 del decreto, se fundamenta en la gravedad de las faltas cometidas, que no solo perjudicaron al patrimonio provincial, sino que también afectaron “la imagen de integridad y servicio que la Administración pretende transmitir a la comunidad”. Además, el artículo 3 formula una reserva de agravamiento, contemplando la posibilidad de aplicar la exoneración si los cargos penales derivan en una condena judicial.

La disolución de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, ordenada por el Decreto Acuerdo N° 3/3, y la transferencia de sus funciones a la Dirección General de Catastro reflejaron un intento del Ejecutivo por reestructurar un área comprometida por irregularidades. Sin embargo, el caso puso de manifiesto fallas sistémicas en los controles internos y la supervisión de los agentes públicos. La naturalización de prácticas indebidas por parte de los implicados, como lo refleja su insistencia en justificar cobros por trámites gratuitos, sugiere una cultura administrativa que requiere una revisión profunda.

Vale resaltar que actualmente continúa el proceso penal que incluye cargos por asociación ilícita y estafa y tiene como imputados además de Trujillo y Barreriro a Castro, Rogel Chaler, Yanina Mamaní (nuera de Trujillo que habría ayudado en la comercialización de los terrenos), Cruz y Damián Romano (nieto político de Castro que habría tenido participación en la venta de los terrenos).