La querella rechazó la reparación ofrecida por Martín Viola y pidió que la causa avance a juicio

La querella que interviene en la causa federal contra el secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, rechazó de manera categórica la propuesta de reparación integral presentada por el funcionario, que pretendió enterrar el caso realizando una donación de $ 5.000.000 a Caritas, y solicitó que el caso continúe su curso hacia un eventual juicio oral.

La presentación fue realizada por la abogada Stella Belén Salas, representante del denunciante Julián Echazú Toneatti, quien pidió que la decisión del fiscal federal Agustín Chit, que había considerado “suficiente y adecuada” la oferta del imputado, sea revisada por el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

En el escrito, la querella calificó la propuesta de Viola como “una burla al servicio de la impunidad” y cuestionó que el funcionario pretenda extinguir la acción penal mediante una donación económica y un mensaje público que, según sostuvo, no cumple con las condiciones fijadas por la Fiscalía.

Viola está acusado de haber utilizado el Documento Nacional de Identidad de otra persona para crear una cuenta falsa en el foro del sitio web del diario La Gaceta desde donde se publicaron comentarios injuriantes contra el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis.

La investigación se inició en agosto de 2025, luego de que la apoderada legal del damnificado denunciara que su identidad había sido utilizada para emitir comentarios ofensivos contra una autoridad municipal.

Durante la investigación, informes técnicos incorporados al expediente indicaron que la suscripción al sitio web fue abonada con una tarjeta de crédito a nombre de Viola y que la cuenta fue creada desde una misma dirección IP.

El funcionario está acusado por el delito de uso ilegítimo de Documento Nacional de Identidad, previsto en la Ley 20.974, que contempla penas de hasta cuatro años de prisión.

La reparación que propuso el funcionario

En el marco de la causa, Viola presentó ante la Justicia una propuesta de reparación integral con el objetivo de cerrar el proceso penal.

Según consta en el expediente, el funcionario primero ofreció hacer una donación de $ 3.000.000, que la querella consideró insuficiente, por lo que amplió la propuesta económica inicial y elevó el aporte a $ 5.000.000, suma que fue donada a Cáritas Arquidiocesana Tucumán para asistir a la localidad de Lamadrid tras las recientes inundaciones.

Además, el funcionario sostuvo haber realizado una disculpa pública dirigida al denunciante, en la que expresó: “Lamento profundamente los inconvenientes y aflicciones sufridas por el Sr. Julián Echazú Toneatti”.

La defensa afirmó que con estas acciones buscó brindar una respuesta reparadora adecuada y evitar la prolongación del conflicto judicial.

La postura del Ministerio Público Fiscal

El fiscal federal Agustín Chit consideró que la propuesta presentada por Viola resulta “suficiente y adecuada”, por lo que adelantó su dictamen favorable a la homologación del acuerdo.

En una notificación remitida al denunciante, la Fiscalía informó que, en caso de desacuerdo, podía oponerse a ese criterio en un plazo de tres días para que intervenga el fiscal revisor ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

El fuerte rechazo de la querella

Sin embargo, la querella consideró que la propuesta es insuficiente y cuestionó especialmente la forma en que se realizaron las disculpas públicas.

Según planteó la representación legal del denunciante, la Fiscalía había establecido que el pedido de disculpas debía realizarse mediante una publicación en el diario La Gaceta, medio en el que se habrían producido los hechos que motivaron la denuncia.

De acuerdo con el escrito presentado ante la Justicia, Viola no habría cumplido con esa exigencia y se habría limitado a publicar un mensaje en la red social X (ex Twitter). “La nota periodística que menciona no es una solicitada contratada por él, sino una cobertura de un tuit”, sostiene la querella, que considera que esa acción “carece de entidad para restaurar el honor de la víctima”.

En el mismo planteo, la defensa del denunciante también cuestionó que el funcionario no haya reconocido el hecho ni pedido disculpas de manera directa, ya que en su mensaje sostuvo que su actuación estuvo “siempre ajustada a derecho”.

Para la querella, aceptar la propuesta implicaría enviar “un mensaje devastador” respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos.

“Utilizar documentos de estudiantes universitarios para operaciones políticas es un hecho de una gravedad institucional que requiere un juicio oral y público, no una salida elegante por la puerta grande”, sostuvo la presentación.

Cómo sigue el proceso

Mientras tanto, la querella también informó que su constitución como parte en el proceso se encuentra en trámite de apelación ante la Cámara Federal de Tucumán, lo que —según argumentó— refuerza la necesidad de suspender cualquier homologación del acuerdo.

Si la oposición prospera, el expediente podría continuar su curso hacia una etapa de juicio oral.

En caso de una eventual condena, el funcionario provincial podría enfrentar una pena de hasta cuatro años de prisión, además de las consecuencias políticas e institucionales derivadas de una sentencia penal.