El Ejecutivo vetó la expropiación de tierras para un club de rugby ante la crisis financiera y la necesidad de proteger las arcas provinciales

El gobernador Osvaldo Jaldo oficializó el veto total al Proyecto de Ley N° 06/2026, mediante el cual la Legislatura de Tucumán pretendía declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno en la localidad de La Reducción, departamento Lules, para ser transferida a título gratuito a la “Asociación Civil San Isidro Rugby Club”. La medida se sustenta en la imposibilidad de la Provincia de asumir nuevos compromisos financieros ante la crisis económica actual y se inscribe en una estrategia de gestión que busca dar marcha atrás con adquisiciones de tierras que carecen de financiamiento para proyectos concretos. Según el decreto, el inmueble en cuestión forma parte de una propiedad de mayor extensión inscripta a nombre de la firma FINAR S.A., y la obligación de indemnizar al titular dominial representaría una carga económica que el erario público no puede afrontar en este escenario de austeridad.

En los considerandos del Decreto N° 734/3(MEyP), firmado por el primer mandatario y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, se advierte de manera taxativa que “el contexto económico actual no tornaría viable el proyecto de ley en cuestión”. El documento subraya que, tras analizar la situación desde una perspectiva técnica y presupuestaria, “surge de la misma la necesidad de oponer el veto al Proyecto de Ley sancionado, en ejercicio de la facultad conferida por el Art. 71 de la Constitución Provincial”. Esta decisión técnica se refuerza con el hecho de que la expropiación gestionada abarcaba una superficie aproximada de 6 hectáreas y 4.127 m², lo que implicaría un desembolso significativo en concepto de indemnización por un inmueble que se desprende de un padrón de mayor extensión.

Este veto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política de “uso racional y eficiente de los recursos” implementada por la gestión de Jaldo para evitar perjuicios económicos al Estado. Recientemente, la administración provincial resolvió desistir de una serie de procesos expropiatorios destinados a proyectos de vivienda, energía y logística —como el Centro Multimodal de Cargas o planes de vivienda en Cruz Alta— debido a la parálisis de la obra pública nacional y el recorte de fondos dispuesto por el gobierno de Javier Milei. Al respecto, el Gobernador manifestó que estas medidas buscan evitar condenas judiciales superiores a los 5.000 millones de pesos, afirmando que “en momentos difíciles, los tucumanos debemos cuidar cada peso y saber cómo invertirlo”.

Bajo esta premisa de proteger el patrimonio público, la Fiscalía de Estado dictaminó que la decisión de expropiar solo debe proceder cuando hay obra, financiamiento y posibilidad real de ejecución. En el caso del club de rugby, el Ejecutivo consideró que el fin de la continuidad de actividades deportivas, si bien es loable, no justifica en este momento el riesgo de afrontar juicios que podrían derivar en “embargos de cuentas públicas” y poner en peligro servicios esenciales como salud y educación. En consecuencia, el proyecto de ley fue devuelto a la Legislatura con el argumento de que la Provincia “no puede costear” inversiones que no cuenten con un respaldo financiero sólido frente a la actual incertidumbre económica.