
El recinto legislativo tucumano se convirtió en el escenario de una interpelación casi exhaustiva a la gestión en materia de obras hídricas de la provincia, impulsada por la necesidad urgente de dar respuesta a las inundaciones que, en el primer trimestre del año, provocaron daños severos en la infraestructura y la trágica pérdida de vidas humanas. El debate giró en torno a la conformación de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica – Plan Integral de Prevención de Inundaciones, una iniciativa que unificó las propuestas de Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán), Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana), José Cano (Radicalismo Federal) y el oficialista Tulio Caponio, con el aporte de otros parlamentarios.
Aunque el proyecto logró el consenso absoluto, la discusión estuvo atravesada por una fuerte tensión política: mientras los bloques opositores señalaron una "emergencia en la planificación" y la falta de obras estructurales en los últimos 40 años, la bancada justicialista reivindicó la presencia del Estado provincial frente a la ausencia de recursos federales, destacando unánimemente la voluntad política del vicegobernador y titular de la Cámara, Miguel Acevedo, para priorizar esta temática por encima de otras inversiones del cuerpo, puesto que la Cámara reasignará recursos propios que en un principio estaban destinados a la refacción del edificio donde funcionaba tiempo atrás el Parlamento.
El legislador Caponio (foto inferior) como miembro informante de la comisión de Obras y Servicios Públicos, dio inicio a la sesión resaltando que la unificación de los proyectos respondió a una coincidencia de fondo sobre la gravedad de la situación. “A mí me gusta ver el vaso medio lleno; nuestra función es dar los elementos necesarios para que las obras se puedan ejecutar”, manifestó Caponio, quien recordó que grandes proyectos como los diques Potrero de las Tablas o Potrero del Clavillo han sido postergados por décadas por falta de financiamiento nacional, independientemente del signo político. Según el parlamentario, la nueva comisión no solo atenderá a localidades críticas como La Madrid, sino que buscará un programa hídrico para “absolutamente toda la provincia” para que en 10 o 15 años no se sufran más estas consecuencias.

A pesar del objetivo común, la sesión derivó rápidamente en un cruce de reproches sobre las responsabilidades históricas. Desde el bloque radical, Cano recordó que una comisión similar trabajó entre 2017 y 2019, pero su informe “durmió durante cuatro años en el poder legislativo sin que se haya tomado nota de absolutamente ninguna de las recomendaciones”. Cano aportó cifras críticas sobre la inversión pública, señalando que del 2000 al 2010 la provincia destinaba más del 12% de su presupuesto a gastos de capital (obras públicas), mientras que hoy esa cifra ronda apenas el 4,5%. En sintonía, José Seleme (Avanza Tucumán) cuestionó el funcionamiento de la Dirección Provincial del Agua (DPA), señalando que en 2024 su presupuesto fue de 60.000 millones de pesos, pero se ejecutaron apenas 3.600 millones, concentrados casi exclusivamente en gastos salariales.
Por su parte, Manuel Courel (Cambia Tucumán-foto inferior-) calificó las inundaciones como una "enfermedad crónica" y afirmó que “la última gran obra hídrica que se hizo en la provincia fue hace 50 años, que fue el Canal Sur”. La oposición fue lapidaria al describir la situación como una falta de gestión del Ejecutivo: “No achaquemos a Dios las falencias propias que tenemos nosotros como política”, sentenció Berarducci, quien recordó que la ley de emergencia hídrica se viene prorrogando ininterrumpidamente desde 2007 sin soluciones de fondo.

Por su parte, Verón Guerra comparó la realidad tucumana con la literatura de Gabriel García Márquez en "Cien años de soledad" con el pueblo de Macondo, para subrayar la gravedad del destino de las zonas afectadas. “No podemos repetir en Tucumán la ficción porque si bien los paralelismos son idénticos, la lluvia no nos puede ganar. No nos puede ganar porque hay vidas de por medio, hay actividades económicas, hay familias”. Criticó que la situación de localidades como La Madrid sea fruto de “años de negligencia, años de no cumplir políticas públicas, años de promesas que nunca se cumplieron”.
Agustín Romano Norri (Movimiento Radical -foto inferior-) centró su discurso en la necesidad de pasar de los papeles a los hechos tangibles. “Basta de diagnóstico, ya se hizo comisiones, ya se hicieron proyectos, tenemos que avanzar hacia lo que es real y lo que es tangible. Entendemos que a esta comisión le falta tener plazos, le falta tener metas, mecanismo de seguimiento y fundamentalmente la articulación con el Poder Ejecutivo”. Asimismo, sugirió no temer al endeudamiento si es para obras estructurales: “Si vamos a necesitar un empréstito, un crédito para hacer la obra que Tucumán necesita para no inundarse, habrá que hacerlo".
En tanto, Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) llamó a deponer actitudes partidarias ante el sufrimiento social. “Cuando 10.000 familias sufren, la verdad que llegó la hora y la obligación de que pensemos juntos. Ha llegado la hora de bajar un poquito las banderas partidarias para que arriba esté la bandera nacional”. Además, advirtió que será vigilante de los resultados: “Una vez que terminemos (con el trabajo de esta Comisión) voy a ser implacable para molestar al Poder Ejecutivo para que lleve adelante algo de lo que estamos planteando, para que lleve adelante alguna de todas estas obras”.

A su turno, Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) fue escéptico respecto a la novedad de la comisión y criticó la falta de cumplimiento de las leyes vigentes. “No somos originales, lo que estamos haciendo no es algo novedoso, desde 1910 se suceden las leyes y los estudios para mitigar el problema de las inundaciones”. También fustigó que se presenten obras básicas como logros extraordinarios: “Un puente para unir y pasar un río no es un milagro, se propusieron para un cargo, es lo que deben hacer. Y lo que no han hecho son omisiones e incumplimientos”.
La réplica oficialista no se hizo esperar, centrando su defensa en el impacto del cambio climático y el abandono del gobierno nacional de Javier Milei. Gerónimo Vargas Aignasse (foto inferior) calificó al Estado nacional como “absolutamente desertor” por eliminar el presupuesto para obra pública y las transferencias federales. “Nos exigen obras por todos lados dirigentes libertarios que son anarcocapitalistas en el obelisco, pero socialistas en la provincia de Tucumán”, disparó el legislador, quien además detalló que la Nación solo envió "rezago aduanero" —como corbatas y antiparras— para asistir a los inundados de La Madrid.

En cuanto a las estadísticas meteorológicas, Vargas Aignasse citó informes de la Estación Experimental que revelan la magnitud del desastre: en enero llovieron 325 mm (un 116% más de lo habitual) y en febrero 267 mm (un 105% más). Marcelo Herrera reforzó esta postura al señalar que, mientras la Nación desfinanció la infraestructura, el Gobernador (Osvaldo Jaldo) se centró en “salvar vidas” mediante operativos de Defensa Civil y la policía.
Un momento de particular relevancia fue la intervención de Mario Leito, quien asumió una postura de responsabilidad histórica desde el justicialismo. “En nombre de lo que yo represento nos venimos a hacer cargo y responsables de lo que falta en la provincia en estos últimos 40 años”, afirmó, aunque aclaró que la principal traba no es la falta de proyectos, sino de recursos: “No falta proyecto, falta plata”. Leito también recordó que la capital tucumana, gobernada durante décadas por intendentes de la oposición (radicales, bussistas y alfaristas), tampoco logró solucionar los anegamientos en la ciudad.
En esa misma línea, Sergio Mansilla (presidente subrogante del Parlamento - foto inferior-) explicó técnicamente el costo de las tareas preventivas, indicando que una hora de trabajo de una topadora cuesta hoy entre 400.000 y 500.000 pesos, lo que vuelve insuficiente cualquier partida de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) ante la inmensidad de los 93 municipios y comunas a asistir. “Nosotros hacemos obras que sirven en ese momento, después, cuando hay 5.000 viviendas más, tenés que hacer más obra”, justificó Mansilla sobre la recurrencia del problema.

Carlos Gómez defendió la iniciativa y puso el foco en la responsabilidad de los grandes productores rurales y el clima. “Los grandes canales que pasaban por la finca de estos señores propietarios de grandes extensiones fueron cerrados para beneficiarse ellos con algo más de producción, lo cual afectó, de una forma u otra, el desagüe”. Agregó que el fenómeno fue excepcional: “En el mes de febrero, de los 28 días llovieron 23 días. Esto se salió de control, pero nadie habló del cambio climático”.
El proyecto aprobado establece la creación de un organismo interdisciplinario con las siguientes facultades y objetivos centrales:
Finalidad: Elaborar un diagnóstico integral actualizado, identificar zonas críticas y diseñar el Plan Integral de Prevención de Inundaciones.
Composición: Integrada por seis legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, miembros de la UNT y la UTN, organismos técnicos (Recursos Hídricos, Defensa Civil) y un asesor científico permanente.
Plazo: 180 días para elevar un informe final con propuestas concretas de políticas públicas.
Atribuciones: Facultad para solicitar informes a entes públicos y privados, convocar a audiencias con expertos y celebrar convenios técnicos.
El cierre del debate estuvo a cargo de Roque Álvarez, titular de la bancada del PJ (foto inferior), quien combinó la ironía con datos duros sobre el contexto nacional. Álvarez comparó la magnitud de las lluvias con una competencia deportiva: “Una cosa es una lluvia en la Liga Tucumana de fútbol y otra cosa una lluvia en el mundial”. Detalló que en localidades como Monteros o Chicligasta cayeron más de 1.100 mm en lo que va del año, superando la media anual de 850 mm de la provincia.

Álvarez finalizó ratificando que la provincia debe valerse por sí misma ante la postura del presidente Milei: “¿Para qué nos va a iluminar esta comisión? Para ver de qué manera se consigue plata, porque todo esto es lo contrario de lo que nos han dicho en el primer discurso en el Congreso Nacional: 'No hay plata'. Si no hay plata, no hay obra”. Con estas palabras, y pese a las profundas grietas ideológicas expuestas durante la jornada, el Parlamento tucumano dio el primer paso institucional para enfrentar un flagelo que, como se reconoció en el recinto, ya no admite más demoras.
En relación a la creación de la comisión hídrica, el titular del cuerpo, Miguel Acevedo señaló: “Es una continuidad de un trabajo que ya se había iniciado en la provincia. Lo que buscamos ahora es completar el diagnóstico y avanzar en las obras que se necesitan. Desde la Legislatura vamos a brindar las herramientas y el diagnóstico necesario para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar el financiamiento y llevar adelante esas obras”. Asimismo, remarcó el enfoque institucional del tema: “Con las inundaciones y con quienes las sufren no vamos a hacer política. Por eso pedimos que, más allá de las diferencias, trabajemos todos sin distinción de banderías para lograr soluciones que sirvan a todos los tucumanos”.