El Gobierno endurece medidas tras amenazas en escuelas y habilita expulsiones y traslados de alumnos

El Gobierno de Tucumán dispuso nuevas medidas de seguridad y sanciones frente a los recientes episodios de violencia y amenazas registrados en establecimientos educativos de la provincia.

A través del Decreto N° 772/7 M.S., firmado este miércoles por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, se ratificaron acciones preventivas y se habilitó la aplicación de sanciones más severas para alumnos involucrados en situaciones que alteren el orden escolar.

La medida fue adoptada luego de que aparecieran amenazas de tiroteo escritas en los baños de los colegios Guillermina y San Francisco, en la capital, y a una semana de que un alumno ingresara con un arma cargada a la escuela San Salvador, lo que generó preocupación en la comunidad educativa.

En los fundamentos del decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el Ejecutivo provincial recuerda que ya en 2024 se habían dictado normas similares para enfrentar episodios de violencia entre estudiantes. Según se señala, con aquellas disposiciones “se logró preservar y resguardar la seguridad pública, así como evitar el peligro de muerte o lesiones entre los participantes y otras personas”.

Sin embargo, el documento advierte que en los últimos días volvieron a registrarse hechos alarmantes. En ese sentido, el decreto sostiene que “hechos recientes muestran situaciones de similares características sumadas a amenazas de bomba, de tiroteos u otras modalidades que han provocado estado de alerta en diversas instituciones educativas de la Provincia”, por lo que el Gobierno consideró necesario adoptar nuevas disposiciones.

Entre las principales medidas, el artículo primero ratifica la instrucción al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán para intervenir de manera preventiva ante situaciones de riesgo. El texto establece que deberán “adoptar las medidas preventivas de seguridad que fueren necesarias, tomar intervención y trasladar a quienes pongan en peligro el orden público o ante situaciones de desorden o amenazas, actos de vandalismo u otro tipo de afectaciones al normal desarrollo de las actividades educativas dentro y fuera del establecimiento”.

El decreto también fija responsabilidades para las instituciones educativas. En el artículo segundo se dispone que “las autoridades y directivos de los establecimientos educativos -de gestión pública y gestión privada- serán responsables de la preservación y cuidado de sus alumnos”, y advierte que en caso de incumplimiento podrán perder los subsidios o aportes que reciban del Estado provincial.

Además, el Gobierno habilitó sanciones disciplinarias más severas dentro del sistema educativo. El artículo tercero instruye al Ministerio de Educación a aplicar “las medidas correctivas, incluida la expulsión del sistema educativo provincial durante el corriente año lectivo” para los estudiantes que incurran en conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de las actividades escolares.

La normativa también apunta a la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores. En ese sentido, el decreto establece que “los padres, tutores y responsables de los alumnos serán responsables en sede administrativa y/o judicial de las conductas de los menores a su cargo”, además de responder de manera solidaria por los daños que puedan ocasionar.

En los casos más graves, la norma prevé incluso el traslado de los menores involucrados a instituciones especializadas. El artículo quinto dispone que los estudiantes que participen de estos hechos podrán ser trasladados al Establecimiento Socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero, en Benjamín Paz, siempre “previa intervención del Poder Judicial”.

El decreto entró en vigencia este mismo miércoles y forma parte de una estrategia del Ejecutivo provincial para reforzar los mecanismos de prevención y control ante situaciones que generen alarma dentro de la comunidad educativa.