El Municipio denunció que hubo un “fallo a medida” tras el sobreseimiento de Alfaro

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Luciano Chincarini, fue contundente al referirse al reciente fallo judicial que sobreseyó al exintendente Germán Alfaro en la causa que investigaba el destino de 500 millones de pesos durante la anterior gestión municipal. “Un ladrón de gallinas puede esperar cuatro o cinco años un sobreseimiento. Ahora, cuando se trata de cuatro millones de dólares, en pocos meses se dicta un sobreseimiento exprés”, disparó el funcionario de la intendenta Rossana Chahla.

La decisión, aseguró Chincarini, tomó por sorpresa a la actual administración y generó una fuerte preocupación institucional, por lo que adelantó la decisión de apelar la sentencia.

“Es una decisión que nos tomó por sorpresa y que nos genera una profunda tristeza institucional. Nuestros abogados van a apelar”, expresó el funcionario durante una entrevista con el canal de streaming Enterate Play. En ese sentido, remarcó que no se trata de una controversia política sino de recursos públicos que pertenecen a toda la comunidad. “Esto no es un problema del municipio como estructura, es un problema de todos los vecinos que viven y proyectan su vida en esta ciudad”, sostuvo.

Chincarini puso especial énfasis en la magnitud del monto investigado y en su actualización a valores actuales. “Estamos hablando de 500 millones de pesos del año 2020. Si uno los actualiza, son alrededor de cuatro millones de dólares, o más de 6.000 millones de pesos al día de hoy”, detalló, y cuestionó que en un “tiempo récord se haya dictado el sobreseimiento y el archivo de la causa”.

Otro de los puntos centrales de su crítica fue la negativa judicial a admitir al Municipio como querellante, a pesar de ser —según remarcó— la parte directamente damnificada. “No se permitió que el municipio de San Miguel de Tucumán sea parte de la querella. Somos la principal parte afectada y no entendemos bajo qué argumento se nos niega ese rol”, afirmó, al tiempo que anticipó que los abogados municipales analizarán los fundamentos del fallo.

El funcionario también habló desde un plano personal y ciudadano. “Te hablo como alguien que vive acá, que quiere que su hija se críe en San Miguel de Tucumán, y la verdad es que me da una tristeza profunda sentir que la justicia ha dejado de brindar ese estado de normalidad”, manifestó.

Consultado sobre una posible animosidad del Ministerio Público Fiscal contra el Municipio, Chincarini evitó afirmaciones categóricas, pero dejó en claro su disconformidad. “No sé si hablar en esos términos, pero sí sentimos que la justicia no ha obrado como corresponde”, señaló, y confirmó que el abogado municipal Alfredo Falú insistirá con la reapertura de la causa.

Además, el secretario sostuvo que existen elementos objetivos que ameritaban profundizar la investigación. “No hace falta ser un jurista internacional para advertir que hay una situación anómala”, añadió.

“El municipio hizo todo lo que correspondía porque estos son recursos de todos los ciudadanos”, insistió Chincarini, quien calificó el fallo como un “sobreseimiento exprés, hecho a medida” que dejó atónita a la opinión pública. “Entre gallos y medianoches se archiva la causa y se pretende que hablemos de otro tema. Nosotros no somos tontos y el Municipio de San Miguel de Tucumán a seguir defendiendo los intereses de los vecinos para que esto no ocurra nunca más”, advirtió.

El fallo de la polémica

Tal como anticipó el pasado fin de semana Tendencia de Noticias, el derrotero judicial del expediente resulta llamativo. El 6 de noviembre de 2025, el juez Raúl Armando Cardozo dictó el sobreseimiento total de Germán Alfaro, del legislador Rodolfo Ocaranza y del exfuncionario Carlos Gómez, al considerar que sus conductas no configuraban los delitos denunciados por la gestión de la intendenta Rossana Chahla.

La denuncia había sido presentada por la actual administración municipal y apuntaba a presuntas irregularidades vinculadas a un préstamo otorgado por el entonces gobernador Juan Manzur al Municipio entre 2020 y 2021. Según el escrito judicial, 500 millones de pesos habrían sido depositados en una cuenta bancaria a nombre de la Municipalidad en el Banco Macro, que nunca fue registrada en los sistemas contables ni financieros del Municipio.

De acuerdo a la denuncia, a esa cuenta —abierta el 3 de junio de 2020— se dirigieron cuatro transferencias de 125 millones de pesos cada una, realizadas el 24 de junio, 15 de octubre y 10 de diciembre de 2020, y el 9 de febrero de 2021. Posteriormente, la cuenta habría sido vaciada y cerrada, según un informe del Banco Macro fechado el 11 de noviembre de 2024.

Al dictar el sobreseimiento, el juez Cardozo sostuvo que entre el 3 de junio y el 5 de noviembre de 2025 no hubo actos procesales impulsivos ni presentaciones de las partes. El Ministerio Público Fiscal fue notificado el 6 de noviembre y, al no presentar recursos, la sentencia quedó firme el 20 de noviembre. Más tarde, el intento del Municipio de constituirse como querellante fue rechazado por el magistrado.