El martes 26 se conocerá el fallo del tribunal en el juicio por el robo de la Ciudad Universitaria

El juicio oral y público por la causa relacionada con el robo de la Ciudad Universitaria, que involucra a exfuncionarios de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) tendrá una resolución la próxima semana, cuando el Tribunal Oral y Federal (TOF) dictará su fallo.

El juicio se inició hace 13 meses, con la presentación de más de medio centenar de testigos que brindaron precisiones sobre las supuestas irregularidades que rodearon el manejo de los fondos provenientes de la minería entre 2006 y 2009.

Los jueces que integran el (TOF) Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, junto con Enrique Lilljedahl, de Catamarca, darán a conocer la sentencia el próximo martes 26 de agosto.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó 6 años de cárcel para el exrector de la UNT, Juan Alberto Cerisola por el presunto uso irregular de utilidades provenientes de la actividad minera de la firma Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, organismo del que la casa de altos estudios es socia junto a la provincia de Catamarca.

Además de Cerisola, también se investiga a la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, para quien Fiscalía solicitó cuatro años de prisión, el exsubsecretario Administrativo y exdiputado nacional Luis Sacca y el exdirector de Contrataciones e Inversiones, Osvaldo Venturino, quienes enfrentan una condena de dos años de prisión condicional.

Qué dice la acusación

La acusación sostiene que, entre 2006 y 2011, se cometieron diversos hechos ilícitos, incluido el pago sobreprecios en contrataciones de obra pública, colocaciones financieras indebidas con fondos universitarios y la renuncia unilateral del exrector Cerisola a las utilidades que le correspondían a la UNT por su participación en la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

Además de pedir el máximo de la pena contemplada para este tipo de delitos, el MPF hizo un firme reclamo para que, en caso de ser encontrados culpables, los exfuncionarios involucrados en el caso realicen un reintegro de fondos por más de $ 55.000 millones, que es el cálculo del perjuicio que habrían ocasionado al erario público con su accionar delictivo. A Cerisola se le requieren $ 19.257 millones; a Cudmani la cifra de $ 4.910 millones; alrededor de $ 32.000 millones a Venturino y cerca de $ 250 millones a Sacca. La suma planteada por la Fiscalía revela la magnitud del desfalco investigado, como consecuencia del cual, por ejemplo, nunca llegó a construirse la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.

En detalle, la fiscalía solicitó 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para Juan Alberto Cerisola, exrector de la UNT, por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude a la Administración Pública; y 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para Olga Graciela Cudmani, exdirectora de Construcciones Universitarias, bajo los mismos cargos.

En tanto, se requirió la condena a 2 años de prisión e inhabilitación perpetua para Osvaldo Venturino, exdirector de Inversiones y Contrataciones, también por incumplimiento de deberes y fraude; y 2 años de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años para Luis Fernando Sacca, exsubsecretario administrativo, acusado exclusivamente por incumplimiento de deberes en el manejo de colocaciones financieras.

Además, la fiscalía solicitó la revocación de las excarcelaciones de Cerisola y Cudmani, con el argumento de un riesgo de fuga y la posibilidad de que intenten eludir el cumplimiento de una eventual condena, especialmente en lo económico. En ese sentido, propusieron que, por razones de edad y salud, se aplique la modalidad de prisión domiciliaria.

La defensa de Cerisola

 

Al hacer uso de su defensa en juicio, el exrector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, sostuvo que no causó “ningún daño patrimonial a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)” en el marco de la causa. A través de sus defensoras Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen, el exfuncionario universitario aseguró que las imputaciones en su contra “carecen de fundamento jurídico y probatorio ya que el proceso ha estado viciado por un ‘juicio paralelo’ impulsado desde la fiscalía y por la prensa”.

La defensa solicitó la absolución de Cerisola, con el argumento de que nunca fue formalmente acusado ni intimado por delitos de corrupción durante su gestión, y que todas las pruebas presentadas demuestran su inocencia.

“Cerisola no fue intimado por hechos que encuadran el delito de corrupción ni en la indagatoria de 2016 ni en el requerimiento de elevación a juicio. La palabra corrupción apareció como una novedad de los acusadores al momento de la apertura del debate, sin que la fiscalía solicitara formalmente una ampliación de la acusación durante el juicio, lo cual es una violación del derecho a la defensa”, advirtieron desde la defensa.