Destino de $500 millones: la Intendencia desliza que no se investigó para favorecer a Alfaro

El ex intendente Germán Alfaro fue sobreseído sin siquiera haber sido investigado. Así razonan en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a partir del fallo que benefició al ahora referente jaldista en una denuncia para que se investigue el destino de $ 500 millones durante la gestión anterior.

"Esto es un intento alevoso y vergonzoso de no investigar un claro caso de corrupción", concluyó el abogado Alfredo Falú, quien patrocina al municipio en el expediente.

Tal como dio a conocer este domingo Tendencia de Noticias, el derrotero judicial de esta causa es llamativo. El 6 de noviembre de 2025, el juez Raúl Armando Cardozo dictó el sobreseimiento total de Alfaro, del legislador Rodolfo Ocaranza y del ex funcionario Carlos Gómez, al considerar que sus conductas no configuraban los delitos denunciados por la Intendencia de Rossana Chahla.

La actual gestión había denunciado ante la Justicia presuntas irregularidades con un préstamo que le había otorgado el ex gobernador Juan Manzur al entonces intendente Alfaro, entre 2020 y 2021. En la denuncia mencionaron $500 millones faltantes que se habrían depositado en otra cuenta a nombre de la Municipalidad en el Banco Macro, pero que no se habría registrado en el Municipio. Allí se habrían dirigido cuatro transferncias ($125 millones cada una) el 24 de junio, 15 de octubre y 10 de diciembre de 2020, y el 9 de febrero de 2021. “De acuerdo a lo informado por Tesorería General de la Municipalidad, la cuenta bancaria nunca fue ingresada en los sistemas contables ni financieros de la Municipalidad”, decía el escrito. “Esto significa que desaparecieron $500 millones canalizados a través de la cuenta (…), que fue abierta el 3 de junio de 2020 y luego vaciada y cerrada, según el informe adjunto del Banco Macro del 11 de noviembre de 2024”, se añadió.

El juez Cardozo, al dictar el sobreseimiento, planteó que entre el 3 de junio de 2025, cuando recibió el expediente, hasta el 5 de noviembre de ese año, no hubo un solo acto procesal impulsivo ni presentaciones de las partes. Así, el Ministerio Público Fiscal fue notificado el día siguiente (6 de noviembre) y, al no presentar recursos ni apelaciones, la sentencia quedó firme y pasó a ser cosa juzgada el 20 de noviembre del año pasado. Luego, el municipio -por intermedio de Falú- intentó constituirse en querellante para tener acceso al expediente, pero el magistrado rechazó tal pretensión.

Según Falú, jamás le permitieron a la Municipalidad acceder a la documentación de la causa, para conocer sus avances. "El titular de la accion pública penal es el Ministerio Público Fiscal, que tiene el deber de impulsarla, máxime en temas de corrupcion, ya que el Estado Argentino se comprometió a juzgarlos en varios tratados internacionales. Parece que no existió ese impulso. Digo 'parece' porque jamás nos permitieron compulsar el expediente, que hasta hoy desconocemos. Por el contrario, nos lo negaron por escrito, y nos dieron información equívoca por mostrador de fiscalía y del juzgado", relató el abogado del municipio.

A su criterio, que no les permitieran ver el avance de la investigación fue parte de una estrategia. "Ahora sabemos que fue para intentar cerrar la causa a espaldas del municipio. Cuando pedimos rol de querellante, a ciegas, lo rechazaron diciendo que ya había un sobreseimiento, que es improcedente en lo sustancial y formal. En lo sustancial porque estamos ante un hecho de corrupción, según los informes de funcionarios provinciales, municipales y del Banco Macro. Y en lo formal, porque está prohibido cerrar causas sin la citación de víctimas. Jamás nos citaron. Eso es un vicio que afecta la valdez de la resolución de sobreseimiento", alertó.

Falú anticipó que insistirán para que la investigación se reabra. "Vamos a recurrir hasta la última instancia en defensa del patrimonio municipal y búsqueda de verdadera Justicia", prometió.