ELECCIONES 2025
Cerca de 7.700 constancias de inasistencia a votar fueron emitidas en Tucumán
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, informó que la mayoría de los trámites se concentraron en el circuito Capital. El Código Electoral Nacional impone un plazo de 60 días para justificar la ausencia, bajo pena de multas y restricciones administrativas.
Tucumanos concurrieron a la Comisaría Segunda para dejar constancia de su inasistencia a votar. (Foto: María Silvia Granara. TDN)
Un total de 7.700 constancias de inasistencia para concurrir a votar fueron labradas en toda la provincia de Tucumán, según datos suministrados a Tendencia de Noticias por el jefe de Policía, Joaquín Girvau. Estas certificaciones, que permiten justificar la no emisión del sufragio, se expidieron predominantemente en el circuito de la Capital, aunque el trámite estuvo disponible en las distintas dependencias policiales distribuidas a lo largo y ancho del territorio provincial como así también en el Juzgado Federal Electoral.
El procedimiento es un requisito indispensable para evitar sanciones establecidas en el Código Electoral Nacional. Dicha normativa exige que la justificación se presente dentro de los 60 días posteriores a la elección. De no cumplirse este plazo con una razón válida, el ciudadano es incorporado al Registro de Infractores, lo que conlleva multas económicas y la inhabilitación para realizar ciertos trámites.Entre las causales habilitadas para justificar la ausencia figuran: encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación al momento del comicio; padecer enfermedades o imposibilitaciones por fuerza mayor; ser mayor de 70 años; o tratarse de jóvenes de entre 16 y 17 años que optaron por no votar. Quienes no presenten justificación alguna deberán abonar una multa que oscila entre los $1.000 y los $2.000, dependiendo de la cantidad de infracciones acumuladas.
Más allá del aspecto pecuniario, la falta de regularización implica consecuencias adicionales: el infractor no podrá efectuar gestiones en organismos públicos durante un año, ni ser designado para cargos públicos por un período de tres años. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento del deber cívico y el funcionamiento ordenado del padrón electoral.
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