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A pesar de las nociones preconcebidas sobre el sobredimensionamiento estatal en el interior del país, las estadísticas sobre la estructura del mercado de trabajo revelan que provincias como Tucumán y Santiago del Estero se posicionan en los escalones inferiores en la cantidad de empleados públicos cada 1.000 habitantes, ubicándose incluso por debajo de jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque la diferencia estructural más severa radica en la brecha abismal registrada en la mano de obra formal del sector privado. Este diagnóstico se desprende del informe elaborado por la economista Laura Caullo, responsable de la sección Social-Laboral de la publicación Novedades Económicas del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, en el cual se advierte que la estabilización macroeconómica no logró traducirse aún en una generación sostenida de empleo privado registrado, manteniendo una marcada dualidad entre los sectores exportadores dinámicos y la economía orientada al mercado interno.
Al analizar la situación particular de Tucumán en relación con el empleo público provincial, el relevamiento señala que el promedio nacional se sitúa en torno a los 50 empleados estatales provinciales cada 1.000 habitantes. Frente a esa media del país, Tucumán (55) y Santiago del Estero (53) muestran estructuras de personal público sensiblemente más reducidas en proporción a su densidad poblacional, ubicándose en los tramos inferiores del ranking nacional e incluso por debajo de la CABA (64). Esta realidad contrasta de manera directa con las provincias de mayor carga estatal sobre sus habitantes, como Tierra del Fuego, que encabeza la nómina con 141 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes, seguida por La Rioja y Neuquén con 111, y Santa Cruz con 109.

No obstante, la severa asimetría de la provincia de Tucumán se manifiesta al evaluar la densidad del empleo privado formal. Mientras el promedio nacional ronda los 144 trabajadores privados registrados cada 1.000 habitantes, la economía tucumana evidencia un rezago significativo en la creación de puestos de trabajo de alta productividad, al rondar los 104 puestos laborales. La distancia se vuelve abismal al comparar el indicador tucumano con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que alcanza los 519 asalariados privados formales cada 1.000 habitantes —si bien el estudio aclara que cerca de medio millón de ellos residen en el Gran Buenos Aires y se desplazan a la Capital Federal—, o con provincias beneficiadas por regímenes energéticos o industriales como Neuquén, con 219 asalariados formales cada 1.000 habitantes, y Tierra del Fuego, con 198. Bien vale resaltar que nuestra provincia es la mejor ubicada en el ranking de empleo asalariado formal cada 1.000 habitantes en razón de las demás jurisdicciones del NOA.

El trabajo técnico analiza el contexto general en el que se inscriben estas disparidades regionales, al remarcar las limitaciones del actual proceso de recuperación económica. En el documento publicado por el IERAL, la especialista precisa: "Hoy existe una dualidad marcada en el sistema productivo. Mientras las actividades vinculadas al frente externo como energía, minería, agroindustria y algunos segmentos exportadores muestran mejores perspectivas, buena parte de los sectores ligados al mercado interno continúan afectados por salarios reales debilitados, menor capacidad de consumo y una recuperación de la actividad que sigue siendo intermitente".
A su vez, el informe detalla el impacto negativo que registra la ocupación de calidad a escala nacional, al señalar: "El principal problema de la coyuntura es que la recuperación todavía no logra traducirse en una generación sostenida de empleo privado formal. Durante el último año, cerca de 100 mil trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras crecieron modalidades laborales más frágiles, como monotributistas (con más de 90 mil nuevos registros) y empleo no registrado". Al respecto, Caullo enfatiza las consecuencias de este deterioro en la sostenibilidad social: "El empleo privado formal concentra mayores niveles de productividad, estabilidad e ingresos, además de aportar al financiamiento previsional. Cuando el empleo crece, pero en segmentos de baja productividad, la recuperación económica y social pierde solidez".
En relación con el comportamiento de las remuneraciones, la investigación describe trayectorias divergentes entre el ámbito público y el privado. Mientras que el sector privado registrado mostró una recuperación parcial inicial superior al 12% interanual hacia mediados de 2025 tras las fuertes mermas de 2024, hacia comienzos de 2026 reingresó en terreno negativo con una caída del 2,3%. Por su parte, la pérdida de poder adquisitivo en el empleo estatal fue sensiblemente más pronunciada, acumulando entre marzo de 2023 y marzo de 2026 un retroceso real cercano al 23%, frente al 7% acumulado de caída en el sector privado registrado. Ante este escenario, la autora sostiene que "la desaceleración inflacionaria inicial dejó de ser suficiente para sostener mejoras reales del ingreso en un contexto de actividad todavía heterogénea, menor margen fiscal y negociaciones salariales más contenidas".

Para concluir, el estudio del IERAL destaca que las marcadas diferencias territoriales confirman la ausencia de un único mercado laboral en el país. Al evaluar los condicionantes del desarrollo provincial, Caullo concluye: "Las estructuras productivas provinciales son profundamente distintas y eso condiciona cada vez más la dinámica de empleo y salarios. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente. El verdadero éxito del programa requerirá traducirse en empleo formal, mejores ingresos y un dinamismo productivo real. En lo que resta de gestión, el desafío será que la estabilidad deje de ser sólo un dato estadístico y empiece a percibirse con más claridad en el metro cuadrado de cada familia".