Presuntas estafas en una concesionaria de Yerba Buena: ya son 28 denuncias y prorrogaron las preventivas

La Justicia declaró como asunto complejo la causa por presuntas estafas vinculadas a la concesionaria DG Automotores, con sede en avenida Solano Vera al 900, en Yerba Buena, y prorrogó por seis meses la prisión preventiva de las tres personas imputadas. Así lo informó el abogado penalista Juan Ignacio Guerrero, que representa a parte de los damnificados, en una entrevista concedida al programa La Mañana del Popular, que se emite por LV7 Radio Tucumán con la conducción de Rubén Bracero, Lourdes Tonetti y Rodrigo Páez.

El letrado explicó que la declaración de complejidad es una medida excepcional que se dispone cuando una causa reúne un gran volumen de evidencia, una cantidad elevada de víctimas y numerosos hechos, y que permite a la Fiscalía contar con más tiempo para la investigación. Según indicó, hasta el momento hay 21 hechos imputados y formalizados, mientras que la cantidad de denuncias asciende a 28 y podría seguir creciendo. El monto total del perjuicio, estimó, ronda los 220 millones de pesos.

Guerrero señaló que entre los damnificados hay personas de distintos sectores sociales, desde vendedores ambulantes y mozos hasta compradores con mayor capacidad económica, que entregaron dinero para adquirir vehículos que nunca recibieron. Algunos, agregó, accedieron a créditos bancarios para concretar la operación.

Según el abogado, los tres imputados en esta causa son los mismos que fueron investigados en una causa anterior vinculada a la concesionaria Provincia Multimarcas, con alrededor de 50 víctimas, en la que obtuvieron el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Indicó además que dos de ellos tienen causas abiertas por hechos similares en Chaco y en San Miguel de Tucumán.

Consultado sobre la diferencia entre una estafa y un incumplimiento de contrato, el letrado explicó que el segundo se da ante situaciones puntuales, como la demora en la entrega de un vehículo por motivos de fábrica, en las que la empresa ofrece una respuesta al cliente. En la estafa, en cambio, existe la intención de perjudicar patrimonialmente: según sostuvo, en este caso la concesionaria no dio soluciones y dejó de responder a los compradores. El delito de estafa prevé penas de un mes a seis años de prisión, que pueden acumularse según la cantidad de hechos.

Para quienes se consideren damnificados, Guerrero recomendó realizar la denuncia con asesoramiento de un abogado y constituirse como querellantes, lo que les permite participar de las audiencias y del juicio. Una vez obtenida una sentencia en el fuero penal, explicó, es posible iniciar acciones civiles para pedir la nulidad de los contratos, incluidos los créditos bancarios tomados para la compra. Como medida preventiva, aconsejó verificar la trayectoria de una concesionaria y consultar referencias y reseñas antes de entregar dinero.