Felipe “El Militar” Sosa reconoció que él dejó el cuerpo de Érika Antonella Álvarez en el descampado 

El único imputado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, Felipe Sosa, pidió declarar este martes en la segunda jornada de juicio y reconoció que fue él quien dejó el cuerpo de la víctima en el descampado de Manantial Sur, donde fue hallado el 8 de enero de este año. 

Además, el acusado buscó librar de culpas a su ex pareja, Justina Gordillo, y a su ex empleado, Jorge “Chicho” Díaz, ambos imputados en el juicio por encubrimiento agravado, acusados de ayudarlo a encubrir el crimen. 

“Quiero dejar claro que el cuerpo de la víctima yo lo lo dejé en donde se estaba viendo ahora”, dijo Sosa ante el Tribunal, luego de que se exhibieran fotos del lugar del hallazgo y de las condiciones en que fueron hallados los restos de la joven. Agregó que lo hizo “totalmente solo” y que no intervino “absolutamente nadie” más. 

“Quiero aprovechar, señor juez, para decir que Jorge Díaz es empleado mío, es la única persona que no tenía absolutamente nada que ver y que no sabía lo que había pasado en mi casa, me parece una injusticia tremenda”, agregó. “No es la primera vez que tengo la posibilidad de decir esto, para ver si de alguna forma lo puedo ayudar, porque como dice el abogado de él es la peor pesadilla que se puede vivir en la vida”, puntualizó. 

“El Militar Sosa”, además, pidió perdón a las familias de los tres involucrados, pero no a la de la víctima. “A la familia Gordillo, a la familia de Navarro, a la familia de Díaz también,  porque fueron cuatro llamados telefónicos después del ‘evento’ que sucedió en casa” dijo, en referencia a la muerte de la joven de 25 años. 

De acuerdo a la acusación, el ataque ocurrió entre el 7 y el 8 de enero de 2026 en la casa de Sosa, en Yerba Buena. Sosa habría aprovechado una relación asimétrica de poder y la vulnerabilidad de la víctima para golpearla y causarle la muerte por un traumatismo cráneo-facial y cervical. Como prueba, la fiscalía de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, citó estudios de ADN que detectaron perfiles genéticos de ambos en la bolsa de consorcio que cubría el cuerpo, y también en la cinta adhesiva que Sosa habría usado para cubrirle la cabeza. Tanto el acusador público como la querella, representada por Carlos Garmendia, pidieron la pena de prisión perpetua para él. 

La defensa de Sosa, ejercida por Marcelo Cosiansi, sostiene que no está debidamente probado que la joven haya muerto por homicidio y sostiene que el fallecimiento podría haber ocurrido por otra causa y, asustado, Sosa hizo desaparecer el cuerpo.