Tucumán se suma al lote de provincias que denuncian la falta de prestaciones de salud para empleados rurales luego de la intervención de OSPRERA

A tres meses de la intervención del Gobierno a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), afiliados denunciaron más de 20 casos de cortes en los servicios prestacionales e interrupciones en la entrega de medicamentos para pacientes con cuadros severos.

En Tucumán, hay cuatro casos. De ellos, uno alcanzó la instancia penal y se trata de un paciente oncológico de San Miguel de Tucumán que reclamó la entrega de medicación para continuar con su tratamiento, ya que la entidad desobedeció la demanda judicial.

El detalle de las presentaciones realizadas permite ver que los casos judicializados se extienden a lo largo y ancho del país. En provincia de Buenos Aires, hay casos en Junín (2), Necochea (2), Mar del Plata (1), Bahía Blanca (1) y San Nicolás (2), con intimaciones a la intervención de la obra social para cumplir con medicación y tratamientos. En Santa Fe existen dos (2) casos judicializados con sentencia incumplida, uno por falta de medicación y tratamiento por discapacidad y el otro por una paciente que necesita cirugía y una prótesis. En Córdoba, se registran casos en Ciudad de Córdoba (1), en Villa María (2) y en Río Cuarto (1). En Entre Ríos hay un caso judicializado de Concordia (1), en Río Negro hay un caso en General Roca (1) y en Salta hay un caso (1) que derivó en denuncia penal por una menor de edad tiene cáncer y a quien le interrumpieron su tratamiento oncológico.

OSPRERA se trata de una de las obras sociales más grandes del país que maneja unos $50 mil millones por mes. La intervención, de acuerdo a las denuncias efectuadas, está incumpliendo con lo suscrito desde OSPRERA para garantizar la cobertura prestacional y hoy, hay pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, epilepsia, insuficiencias renales, esclerosis múltiple, discapacidad, parálisis cerebral, trasplantados o a la espera del trasplante, que corren grave riesgo de vida por la interrupción de los tratamientos médicos que les corresponden.

El Decreto 720/2024, firmado por el presidente Javier Milei confirmó la decisión oficial de intervenir por 180 días a la Obra Social, alegando la existencia de deudas por más de 46 mil millones de pesos, que la tornan inviable y que se manifiestan en una casi total falta de atención a sus afiliados. El decreto agrega que el análisis del Balance 2023 de la obra social permite concluir que “…la situación económica financiera es crítica, presenta un capital de trabajo altamente negativo, un índice de liquidez por debajo de los límites aceptables y niveles de endeudamiento corriente y total fuera del ámbito de los parámetros, regular capacidad de repago…”.

Oficialmente se indicó que la Obra Social enfrenta una serie de 172 juicios. La mayoría de ellos, unos 73 expedientes, se originó en la falta de provisión de medicamentos; en tanto que otras muchas demandas se deben a cirugías, prótesis y problemática prestacional. Hay 31 juicios que responden a la falta de ayuda frente a problemas de discapacidad.

Asimismo, luego de la intervención de la obra social, se bloquearon las Cuentas Bancarias de las Delegaciones de OSPRERA, en todo el país, interrumpiendo la cadena de pagos que sostiene la asistencia médica de los beneficiarios. Se han dejado de autorizar, y por ende de liberar las compras, de Medicamentos de Alto Costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a pacientes oncológicos, con HIV o hemofilia, entre los más graves.

Postura de la Sociedad Rural local

Cuando se produjo la intervención de la obra social, la propia Sociedad Rural de Tucumán (SRT) respaldó medida basándose en las auditorías y denuncias públicas sobre las graves irregularidades en su gestión que también impactaban directamente en la cobertura y bienestar de los empleados.

"Es inaceptable que, según las auditorías del Gobierno, el 90% de los prestadores que la obra social afirma tener no cuenten con convenios reales, y que, en muchos casos, las prestaciones médicas no sean brindadas de manera efectiva. Nuestros empleados merecen un servicio de salud de calidad y accesible, tal como corresponde por ley y por derecho", señaló la SRT.

Seguidamente, la entidad señaló que "es imprescindible que se restablezca el acceso a los servicios de salud en condiciones adecuadas, garantizando la protección de los derechos de los empleados rurales y sus familias. En representación de los productores rurales y empleadores de la provincia, exigimos transparencia y soluciones concretas que aseguren la correcta atención de nuestros trabajadores".