La reforma de la Ley de Semillas gana impulso, pero el consenso sigue siendo el desafío

La reforma de la Ley de Semillas volvió a ocupar un lugar central en la agenda agropecuaria durante la Exposición Rural de Palermo. En la Jornada de Carnes y Granos, representantes del Gobierno nacional, productores y la industria semillera coincidieron en la necesidad de actualizar el marco regulatorio, aunque dejaron en claro que todavía persisten diferencias en torno a la adhesión al convenio internacional UPOV 91, uno de los puntos más sensibles del debate.

El presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, confirmó que el Ejecutivo avanzará con un proyecto de reforma que incluirá la incorporación de UPOV 91. Sin embargo, aclaró que la intención es construir una propuesta con amplio respaldo de todos los actores de la cadena. "Vamos a ir con una nueva ley de semillas y vamos a impulsar UPOV 91 en el Congreso, pero tenemos muchas ganas de que lo que suceda sea por consenso", afirmó.

Aunque no existe una fecha definida para el envío de la iniciativa al Congreso, Famulari reconoció que el tiempo para alcanzar los acuerdos necesarios comienza a acortarse. "No hay plazos definidos para hacerlo, pero no queda demasiado tiempo", sostuvo, despejando además las versiones que indicaban que el Gobierno no impulsaría cambios para evitar un conflicto con el sector agropecuario.

Desde las entidades rurales también hubo coincidencias respecto de la necesidad de modernizar una legislación que ya lleva varias décadas de vigencia. No obstante, insistieron en que cualquier modificación deberá contemplar las preocupaciones de los productores, especialmente en relación con el derecho al uso propio de las semillas. "Discutir la ley de semillas es importante porque han cambiado las reglas de juego y es necesario aggiornarse", expresó la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, quien reconoció que "es una gran distancia que hay que acortar de alguna manera" respecto de UPOV 91.

En la misma línea, el director de la Sociedad Rural Argentina, Tomás Palazón, remarcó que la futura normativa tendrá un impacto de largo plazo sobre toda la actividad agropecuaria. "Lo que decidamos ahora, probablemente nos legisle por los próximos 50 años, por lo que tiene que ser consensuado y nos tiene que servir a todos. Ojalá saquemos una nueva ley este año, yo creo que podemos", manifestó.

La industria semillera, por su parte, defendió la necesidad de fortalecer la protección de la propiedad intelectual como herramienta para estimular la innovación y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías al campo. "Queremos que el productor, nuestro principal cliente, sea más productivo por hectárea y acceda a más tecnología. Estamos conversando y hay muchos puntos en común", aseguró el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos, Ricardo Fernández Pancelli.

En el mismo sentido, Lorena Basso, presidenta de la Federación Internacional de Semillas, afirmó que "no podemos pensar en que uno gane y el otro pierda, tiene que ser una solución acorde para todos".

El debate continuará en los próximos meses con el desafío de acercar posiciones entre productores, empresas y el Estado. Mientras el Gobierno ratifica su decisión de impulsar una nueva Ley de Semillas, todos los sectores coinciden en que el éxito del proyecto dependerá de lograr un consenso que permita dotar al país de una norma capaz de acompañar el desarrollo tecnológico y productivo de las próximas décadas.