El ministro Abad recordó que la quema de caña solo está permitida en casos excepcionales

Los incendios que se registraron este viernes en distintos sectores de Tucumán reavivaron la preocupación por las quemas en zonas rurales. En ese contexto, el ministro de Economía de la provincia, Daniel Abad, recordó que la quema de caña está prohibida como regla general y que solo existe una excepción para determinados pequeños productores, siempre bajo condiciones específicas y respetando la legislación vigente.

Tal como adelantó Tendencia de Noticias, el funcionario explicó que el Gobierno provincial cuenta con un protocolo elaborado por el área de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría y del Ministerio de Producción, destinado a orientar a los pequeños cañeros sobre cómo realizar una quema controlada cuando esta se encuentra permitida. Según indicó, el objetivo es reducir riesgos y evitar que el fuego provoque daños a personas, viviendas, infraestructura o servicios.

"Hay un protocolo que elaboró Medio Ambiente (...) donde se recomienda de alguna manera cómo tiene que ser la quema de caña de los pequeños cañeros", señaló Abad. Además, remarcó que las condiciones climáticas actuales con temperaturas superiores a los 30 grados y alerta por viento zonda complican el escenario y obligan a reforzar las medidas preventivas. "El calor no ayuda, pero hay que tratar de que no se queme cerca de las rutas", advirtió.

El ministro recordó que la normativa solo contempla la quema en situaciones puntuales vinculadas a pequeños productores que no pueden utilizar cosechadoras integrales. En esos casos, insistió en que el fuego no debe poner en riesgo el tendido eléctrico, viviendas, barrios cercanos ni la circulación sobre rutas provinciales y nacionales.

En ese sentido, Abad aseguró que existe un monitoreo permanente sobre estas prácticas y anticipó consecuencias para quienes incumplan la normativa. "Hay un control permanente, constante y aquel que no cumpla con la ley va a ser sancionado", afirmó.

Respecto del protocolo, aclaró que no constituye una autorización para quemar, sino una herramienta de orientación técnica destinada a minimizar riesgos en los casos previstos por la ley. "Es un protocolo de aconsejamiento al productor, de ayuda al productor", explicó, y añadió que cuando se configura una infracción legal corresponde la intervención de la Justicia.