"La actividad de exportación debe dejar de considerarse una 'solución de caja'"

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) presentó una actualización de su Estrategia Nacional Exportadora, un programa integral que diagnostica la crítica situación del comercio exterior y establece una hoja de ruta para salir de una década de parálisis. El informe destaca que el país necesita una transición urgente para dejar de utilizar las exportaciones como un mecanismo de auxilio financiero y convertirlas en un eje de desarrollo sostenible, basándose en la eliminación de trabas fiscales, la facilitación comercial y la apertura de nuevos mercados.

El panorama trazado por la CERA revela una pérdida sistemática de relevancia de Argentina en el mercado mundial. Actualmente, la participación del país en las exportaciones globales es de apenas un 0,33%, con una proyección casi nula de crecimiento para el próximo año (0,34%).

Fernando Landa, presidente de CERA.

Esta situación se refleja en indicadores clave de productividad y diversificación:

• Empresas exportadoras: La cantidad de firmas se mantiene estancada en torno a las 9.300 desde hace diez años, una cifra similar a la de Perú y apenas superior a la de Chile.

• Exportación per cápita: Argentina promedia menos de 1.500 dólares por habitante, un tercio de lo que generan países como México o Chile (4.500 a 5.000 dólares).

• Concentración de productos: Solo cinco productos representan el 59% del total exportado, evidenciando una baja complejidad en la oferta internacional.

Al respecto, el presidente de la CERA, Fernando Landa, enfatizó la necesidad de un cambio de paradigma regulatorio: “La actividad de exportación debe dejar de reducirse al concepto de ‘generador de divisas’ y que debe dejar de considerarse como una ‘solución de caja’ de cortísimo plazo posible de accionar mediante el cambio de reglas”.

El plan de acción

Tras la presentación inicial en 2023, la entidad amplió su programa de 142 a 248 propuestas, de las cuales dos tercios aún aguardan implementación. Los ejes centrales de la solicitud se resumen en los siguientes puntos:

Libertad de divisas: Eliminar la obligación de liquidar dólares de exportación, una exigencia que Argentina comparte con naciones de baja institucionalidad como Pakistán, Libia o Turkmenistán.

Reducción de la presión fiscal: Continuar con la quita de derechos de exportación (retenciones). El informe señala que en 2022 Argentina fue el segundo país con mayor presión por este tributo (16,5%). “En el artículo 75 del dictamen de mayoría, el bloque Independencia va a votar en contra, a favor de la discapacidad y a favor de los fondos educativos”, citó Landa en relación a la defensa de recursos estratégicos.

Compensación de impuestos indirectos: Readecuar los reintegros para evitar que el país "exporte impuestos", ya que en muchos casos los tributos nacionales y locales han crecido por encima de las compensaciones estatales.

Gestión tributaria y deudas: Regularizar las deudas del Estado por IVA y reintegros, además de crear una Cuenta Corriente Única Tributaria que unifique la gestión impositiva y aduanera.

Facilitación del comercio: Agilizar trámites y eliminar condicionamientos no previstos por ley para el recupero del IVA.

Inserción internacional y el desafío del Mercosur

En el plano diplomático y comercial, la CERA advierte sobre la limitada red de acuerdos de Argentina, que solo cubren una mínima fracción del PBI mundial. Ante la incertidumbre sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el reciente ingreso de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la Cámara pide una definición institucional clara.

Respecto a las potencias globales, el documento solicita transparencia en los acuerdos con Estados Unidos y una estrategia conjunta con el sector privado para negociar aperturas en el mercado de China, con especial foco en el complejo agroindustrial y alimenticio. Finalmente, la entidad ratificó la importancia de mantener la presencia en el G20 y el Acuerdo de París, además de acelerar el proceso de ingreso a la OCDE para mejorar la gobernanza y los estándares de competitividad.