Yedlin advierte por la desjerarquización de la ANDIS y reclama garantías de continuidad y control

El diputado nacional tucumano de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para advertir sobre los riesgos que implica el anuncio de desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas funciones serían absorbidas por el Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de destacados legisladores del principal bloque opositor, señala que la transferencia de funciones al área que conduce Mario Lugones se plantea sin un plan integral de transición que garantice la continuidad de las políticas públicas, la preservación de la documentación y la transparencia administrativa.

“Estamos ante una medida que no solo debilita la institucionalidad de las políticas de discapacidad en la Argentina, sino que pone en riesgo la documentación en un área que actualmente es objeto de investigaciones judiciales y periodísticas”, sostuvo Yedlin al fundamentar el proyecto.

El texto, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, subraya que la reestructuración anunciada podría afectar seriamente los mecanismos de rendición de cuentas, ya que el traslado de expedientes y la eventual disolución del organismo sin controles adecuados podrían derivar en la pérdida de información relevante.

En ese marco, el proyecto exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a publicar de manera inmediata los actos administrativos que dispongan la disolución o transferencia de funciones de la ANDIS, junto con sus fundamentos técnicos, presupuestarios y jurídicos. Asimismo, reclama que se garantice “la continuidad plena e ininterrumpida de las prestaciones, pensiones, programas y apoyos destinados a personas con discapacidad”.

La iniciativa también insta al Gobierno a disponer medidas expresas de resguardo, preservación y custodia de toda la documentación física y digital, incluyendo expedientes, bases de datos, sistemas informáticos y registros administrativos, y a someter el proceso a auditorías integrales de los organismos de control competentes y a la supervisión del Congreso de la Nación.

Además, se plantea la necesidad de asegurar la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en el seguimiento de la transición institucional y se exhorta al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), evitando que las modificaciones impliquen demoras en su implementación.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Germán Martínez, Paula Penacca, Ariel Rauschenberger, Cecilia Moreau, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Ana María Ianni, Carlos Castagneto y Julia Strada, entre otros.