
La Asociación Bancaria, Seccional Tucumán, manifestó este miércoles su rechazo al fallo judicial que resolvió sobreseer a los exjugadores de Vélez Sarsfield José Florentín Bobadilla, Sebastián Sosa, Brian Cufré y Abiel Osorio, imputados en una causa por presunta violación en manada ocurrida en la provincia.
A través de un comunicado titulado “Justicia por Luli”, el gremio que conduce Cecilia Sánchez Blas y que cuenta como referente al diputado nacional Carlos Cisneros, cuestionó con dureza la resolución firmada por el juez José Augusto Paz Almonacid y advirtió que la decisión “representa un retroceso judicial grave” y envía “un mensaje peligroso a toda la sociedad”.
Desde La Bancaria remarcaron que la denunciante, como empleada de la Caja Popular de Ahorros, cuenta con el respaldo institucional del sindicato bancario. En ese marco, señalaron que durante el proceso judicial la mujer “fue expuesta, revictimizada y sometida a una violencia institucional sistemática”, incluso —según afirmaron— a través de filtraciones judiciales y operaciones mediáticas que ya habrían sido denunciadas y se encuentran bajo investigación.
“No hablamos solo de un caso judicial, sino de un sistema que vuelve a fallar cuando una mujer se anima a denunciar”, expresaron en el pronunciamiento, en el que también cuestionaron el rol de la Justicia al considerar que “no estuvo a la altura de su responsabilidad histórica”.
El comunicado, que el diputado Cisneros también compartió en sus redes, cierra con una fuerte manifestación de apoyo a la denunciante. “Desde La Bancaria reafirmamos con absoluta claridad: Luli, te creemos. Creemos en tu palabra, en tu lucha y en el derecho de todas las mujeres a ser escuchadas sin miedo”, sostuvieron.
Finalmente, el gremio bancario reafirmó que continuará exigiendo “verdad, justicia y responsabilidad institucional”, al tiempo que sostuvo que “sin justicia no hay democracia real”.
El fallo
La causa por presunto abuso sexual tuvo un giro decisivo este martes, cuando el juez Paz Almonacid dispuso el sobreseimiento de los cuatro futbolistas implicados en el caso.
“El hecho denunciado no constituye delito”, sostuvo el magistrado, quien previamente rechazó el planteo presentado por la defensa de la denunciante para que se disponga la nulidad de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de testigos allegados a la supuesta víctima de violación en manada.

Tras meses de investigación y audiencias, el juez concluyó que no se reunieron pruebas suficientes para sostener la acusación y dispuso el sobreseimiento de los cuatro imputados apoyándose en pericias digitales, registros fílmicos y contradicciones detectadas en el relato judicial.
La resolución definió de esta manera el curso procesal del expediente a pocas horas del cierre del año judicial.
Como ya adelantó Tendencia de Noticias, la querella, representada por los abogados Patricia Neme y Patricio Char, tiene decidido apelar la decisión del juez Almonacid.
Una causa compleja
La investigación se inició en marzo de 2024, a raíz de una denuncia por un presunto abuso sexual que habría ocurrido en una habitación del Hotel Hilton del ex Abasto, en la capital tucumana, donde se hospedaba el plantel tras un partido con Atlético Tucumán.
La denunciante, que entonces trabajaba como periodista deportiva, ingresó a la habitación invitada por uno de los deportistas y, según su denuncia, fue abusada sexualmente. Tras la denuncia, los cuatro futbolistas fueron separados del Club Vélez Sarsfield.
El caso tuvo una amplia repercusión pública y derivó en una compleja instrucción judicial, que incluyó la presentación de una contrademanda por parte de uno de los implicados, Florentín Bobadilla, quien denunció a la víctima, a sus abogados, a testigos y al diputado nacional y dirigente del gremio bancario, Carlos Cisneros.
Según el futbolista, todas estas personas formarían parte de una organización que manipuló pruebas para armar una falsa causa por abuso sexual en su contra y la de sus excompañeros en Vélez.
Sobre ese punto, en su fallo el juez Paz Almonacid ordenó “al Ministerio Público Fiscal, conforme lo solicita la defensa técnica, la remisión de copia completa del Legajo S-020390/2024 al Fiscal General Federal -con sede en la provincia de Tucumán- para la investigación de la posible comisión de un delito de competencia federal”.
