Tras el derrumbe del campanario en Villa Chicligasta, exigen informes sobre los fondos que debían destinarse para su conservación

El derrumbe del histórico campanario de la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, en Villa Chicligasta, desató una fuerte controversia política y social en Tucumán, dejando al descubierto la fragilidad de las políticas de conservación del patrimonio provincial. Ante lo que se considera una pérdida irreparable para la identidad tucumana, el legislador Walter Berarducci (foto inferior) formalizó un pedido de informes dirigido tanto al Ente Cultural de Tucumán como a la Comisión de Cultura de la Legislatura. La iniciativa busca determinar las responsabilidades administrativas y técnicas detrás de la caída de una estructura que contaba con la máxima protección legal, pero que sucumbió ante el deterioro y la burocracia estatal.

En su presentación, Berarducci enfatizó la jerarquía del edificio afectado, señalando que “siendo un Monumento Histórico Nacional mediante el decreto 98.076, protegido por su valor histórico y artístico, se solicita se informe sobre la conservación y protección del patrimonio cultural de la Provincia realizadas por vuestro Ente, hasta el derrumbe del inmueble histórico”. El parlamentario también puso el foco en la legalidad de las intervenciones previas, exigiendo saber “si la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos fue debidamente notificada de las obras de intervención y refacción del inmueble histórico nacional, y si estas se encontraban autorizadas por dicha Comisión”.

Uno de los puntos más críticos del reclamo se centra en el financiamiento destinado a la preservación del templo. Berarducci solicitó que se “informe si se gestionaron los fondos solicitados oportunamente para la reparación, refacción y mantenimiento del Monumento histórico que ascendían a la suma de $65 millones de la Nación en el año 2023, y si los mismos fueron transferidos a la Provincia”. Asimismo, instó al Ente Cultural, dirigido por Humberto Salazar, a detallar “cuáles son las medidas que llevará a cabo como consecuencia del grave estado edilicio del Monumento Histórico”.

La caída del campanario resulta paradójica frente a los antecedentes administrativos de los últimos años. Según documentación oficial dada a conocer por Tendencia de Noticias, en diciembre de 2024 se habían autorizado $7.000.000 para la rehabilitación específica de la torre, y hacia finales de 2025 se adjudicó una obra integral por más de $800 millones a una firma privada. A pesar de que en enero de este año el Gobierno provincial anunció un plan de restauración de 12 meses como prioridad de la gestión, la estructura colapsó antes del inicio de los trabajos, evidenciando una brecha letal entre los expedientes firmados y la intervención efectiva en el territorio.

Finalmente, Berarducci lamentó el impacto cultural de este suceso, calificándolo como una tragedia evitable. “El derrumbe del monumento de más de 400 años de antigüedad es una pérdida invaluable para todos los tucumanos, ya que es una herida para nuestro legado cultural e histórico”, sentenció el legislador, agregando que “conservar y proteger nuestra herencia cultural debe ser prioridad porque representa la unión de diferentes generaciones que hicieron grande a Tucumán”