“Eso no es humanidad, es impunidad organizada”: Molinuevo defiende la baja de la edad de imputabilidad

La diputada nacional por La Libertad Avanza Tucumán, Soledad Molinuevo, endureció su discurso en defensa del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y cuestionó con dureza el sistema penal vigente al considerar que “protege a los delincuentes y abandona a la gente honesta”.

“En la Argentina hay algo que está completamente dado vuelta. Durante años nos dijeron que no se podía tocar a los menores, que había que protegerlos, educarlos, esperarlos. ¿Y cuál fue el resultado? Menores que delinquen una y otra vez, entran por una puerta y salen por la otra”, sostuvo la legisladora.

Para Molinuevo, esa lógica “no es humanidad, es impunidad organizada”.

En ese sentido, afirmó que bajar la edad de imputabilidad implica “decir una verdad incómoda” y defendió la necesidad de que quienes cometen delitos graves respondan ante la Justicia. “Si alguien entiende lo que hace y comete un delito grave, tiene que hacerse responsable. Sin castigo no hay ley, sin ley no hay libertad y sin orden no hay futuro”, enfatizó.

El debate legislativo

Las declaraciones de Molinuevo se dan en el marco del debate parlamentario por el proyecto que el oficialismo busca aprobar durante las sesiones extraordinarias antes de fin de mes. Según el dictamen enviado al Congreso, en los procesos penales seguidos contra niños, niñas y adolescentes “regirán todos los principios, derechos y garantías del sistema procesal acusatorio”.

La iniciativa establece, además, un límite máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad en el caso de personas adolescentes. En cuanto a las condiciones de detención, el texto dispone que deberán ser alojados “en institutos adecuados o en sectores separados de los adultos dentro de establecimientos carcelarios”, con espacios especialmente preparados para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal y con personal específicamente capacitado.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a terminar con la impunidad, garantizar justicia para las víctimas y establecer un marco claro de responsabilidad penal, mientras que sectores de la oposición y organismos de derechos humanos advierten sobre el impacto de la medida y reclaman políticas integrales de prevención y contención social.