
Los cinco senadores nacionales que conforman la bancada Convicción Federal, entre ellos la tucumana Sandra Mendoza, cuestionaron al Gobierno nacional e informaron que “la decisión política del Poder Ejecutivo de continuar las mediciones del IPC afecta la credibilidad de la Argentina”.
Además, se pronunciaron sobre la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos y recordaron que quedó “al descubierto una problemática que el bloque Convicción Federal vino advirtiendo desde el año pasado: la manipulación de datos difundidos por el organismo para que coincidan con el relato que intenta imponer el Poder Ejecutivo Nacional”.
En septiembre pasado, el riojano Fernando Rejal, el catamarqueño Guillermo Andrada, el puntano Fernando Salino, la tucumana Mendoza y la jujeña Carolina Moisés habían presentado un proyecto de declaración para manifestar preocupación sobre “cuestiones que afectan el acceso a la información real de indicadores económicos actualizados, dilatando las acciones necesarias para su conocimiento en tiempo oportuno”. Este texto fue en base a declaraciones del extitular del Indec.
En ese sentido, cargaron que “esta decisión sin dudas afecta el acceso de la población a la información real de indicadores económicos actualizados”. También cuestionaron que “la decisión política del Poder Ejecutivo de continuar las mediciones del IPC y demás indicadores bajo parámetros desactualizados que no reflejan la realidad, afecta la credibilidad de una Argentina que busca dar señales a los mercados y atraer inversiones”.
Del mismo modo, el bloque peronista de Convicción Federal cargó que “la decisión del Gobierno nacional de mantener la fórmula actual para calcular la inflación, sin modificar las ponderaciones como estaba previsto instrumentar a partir de enero pasado, fue el desencadenante de la dimisión del mencionado exfuncionario”.
Durante el período 2025, la bancada que preside Salino ya había presentado dos proyectos de ley que abordan este tema: el primero era para que el Indec deba actualizar la estructura de ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cada diez años; mientras que el segundo proyecto buscaba la elaboración de estadísticas de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total.