La prensa de Tucumán se suma al reclamo nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno

Diversas organizaciones gremiales y representantes de trabajadores de prensa de toda la República Argentina formalizaron un pedido de reunión urgente con la senadora nacional Patricia Bullrich (foto inferior) en su carácter de presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para debatir el impacto de la denominada "Ley de modernización laboral". La Asociación de Prensa de Tucumán (APT), encabezada por su Secretario General, Oscar Gijena, se destaca como una de las entidades firmantes de la misiva, la cual denuncia el intento de derogación de los marcos normativos que rigen la actividad. El colectivo profesional busca frenar lo que consideran un desmantelamiento de derechos adquiridos que son esenciales para el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

En el documento, los firmantes transmiten la “enorme preocupación de todo el colectivo de prensa por el intento de derogación de los Estatutos del Periodista Profesional (Ley 12.908) y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas (Decreto Ley 13.839/46)”, los cuales han sido incorporados en el proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Según la nota presentada al Senado, la eliminación de estas normativas, pretendida en el artículo 193 del proyecto, “significaría un grave ataque a la libertad de expresión en nuestro país”.

Las asociaciones hicieron especial hincapié en la defensa del artículo 43 de la ley 12.908, referido a la indemnización especial, señalando que su eliminación representaría un avance en la “desprotección de las y los periodistas de todo el país y de un ataque a la libertad de expresión, ya que el objetivo de ese aspecto del Estatuto profesional es la protección de un empleo que está expuesto por su propia naturaleza a presiones de toda índole”. Para los representantes de los trabajadores, la estabilidad es el eje central de la normativa, afirmando que: “La estabilidad del periodista profesional, cualquiera sea su denominación y jerarquía, es base esencial de esta Ley, siempre que no estuviera en condiciones de obtener jubilación completa”.

Asimismo, el reclamo de la APT y el resto de los sindicatos cuestiona la verdadera intención detrás de la reforma. En el texto sostienen que, si el propósito es solo eliminar indemnizaciones, “se estaría demostrando que no hay un interés en modernizar la normativa laboral sino sólo de avanzar contra derechos individuales que protegen a una actividad vulnerable y que constituye, en sí misma, una función pública en tanto de ella depende una democracia sólida”. Por ello, defienden que la regulación estatutaria es lo que “fortalece el trabajo periodístico mediante el establecimiento de ciertos derechos específicos que continúan siendo imprescindibles para el cumplimiento de dicha labor”.

Respecto al concepto de modernización, el documento plantea que una discusión genuina debería incluir los cambios tecnológicos que han transformado la industria, pero con la participación de los trabajadores. “Estamos convencidos de que una verdadera discusión sobre la modernización de la ley debería pasar por la incorporación de las nuevas categorías dada la digitalización de las noticias, la incorporación de la inteligencia artificial, las plataformas, los streamings y las redes sociales”, señala la nota, al advertir que este debate “no puede llevarse adelante sin la voz de quienes representamos a los trabajadores y a las trabajadoras de prensa”.

Finalmente, el sector propuso la creación de un ámbito de trabajo conjunto con seriedad y participación real de todos los actores de la comunicación. La misiva concluye con la advertencia de que la prescindencia de los representantes gremiales en esta discusión “solo sería una demostración de que su objetivo no es modernizar sino eliminar aspectos que en la actualidad protegen la libertad de expresión”. El documento cuenta con el respaldo de más de tres mil periodistas y la firma de secretarios generales de todo el país, incluyendo a Oscar Gijena (APT), Carla Gaudensi (FATPREN) y Agustín Lecchi (SiPreBA), entre otros.